Últimas Noticias
Ciudadano en México demanda al gobierno por no proteger área natural protegida
Un ciudadano zapoteco, representante de la comunidad San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, presentó una demanda de amparo contra autoridades municipales, estatales y federales de México por no proteger el Parque Nacional Benito Juárez (Área Natural Protegida), violando con ello su derecho a un medio ambiente sano y los derechos territoriales de su pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo favorable al demandante, invocando instrumentos de avanzada como el Acuerdo de Escazú y la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática.Más información en la ficha del caso.
Granada: Tribunal encuentra fallas en la evaluación ambiental de proyectos
Grenada Land Actors —grupo integrado por organizaciones, usuarios de tierras privadas, activistas y profesionales independientes— demandó a la Autoridad de Planificación y Desarrollo de Granada, isla con alta vulnerabilidad climática, por la aprobación de tres proyectos de desarrollo a gran escala que no cuentan con evaluaciones de impacto ambiental adecuadas. El Tribunal Superior de Granda declaró la existencia de fallas en la actuación de la autoridad estatal, sentando precedentes importantes para, entre otras cosas, la protección de manglares y áreas protegidas, fundamentales para contrarrestar el cambio climático en el Caribe.Más información en la ficha del caso, el primero en Granada
Alto tribunal de Costa Rica ordena incluir riesgos climáticos en evaluación de impacto ambiental
El Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) que, en un plazo de 18 meses, incorpore el análisis de impactos climáticos —así como de acciones de adaptación y mitigación— en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) de actividades, obras y proyectos.El fallo responde a un recurso presentado por un abogado y profesor de derecho ambiental en el que se argumentó una violación al derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un clima seguro como parte del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.Según el demandante, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (2022) no incluye la obligación de evaluar riesgos e impactos climáticos dentro de los procedimientos de EIA. Además, la Setena no emitió guías, acuerdos o resoluciones administrativas para valorar actividades, obras o proyectos que generen riesgos e impactos climáticos. Esa omisión hace que la variable climática no se evalúe de forma directa y que no se exijan medidas de mitigación o adaptación a los desarrolladores de proyectos.En el recurso se citan obligaciones asumidas por Costa Rica en instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y el Convenio Centroamericano sobre Cambios Climáticos; además de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la propia Sala Constitucional.Conoce más aquí.