En diciembre de 2016, se incorporaron cuatro impuestos a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas como parte del capítulo denominado "Impuestos Ecológicos": (i) remediación ambiental en la extracción de materiales; (ii) emisión de gases a la atmósfera; (iii) emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; y (iv) depósito o almacenamiento de residuos.

El 12 de febrero de 2018, fue elevada en consulta la Resolución exenta N° 72 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de fecha 17 de enero de 2018, que puso término a los procedimientos administrativos sancionatorios interpuestos contra la Compañía Minera Nevada SpA en relación con el proyecto Pascua Lama. Dicha resolución impuso más de 30 sanciones administrativas a la empresa, de las cuales 5 consideraban la clausura definitiva de la faena minera Pascua Lama.

La Corporación Privada para el Desarrollo del Aysén (CODESA) junto con la Corporación Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), y Hugo Díaz Manríquez, interpusieron una Reclamación por inobservancia de sus observaciones ciudadanas, contra la resolución que aprobó el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, presentado por la empresa Energía Austral al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores independientes dedicados a la pesca artesanal demandaron por daño ambiental a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Los demandantes indicaron que las unidades Bocamina 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Bocamina, propiedad de la empresa en cuestión, llevaba años emitiendo sustancias químicas como arsénico, cromo, zinc y mercurio entre otros, en niveles que superan los máximos permitidos por las leyes chilenas.

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), promovieron una Acción Popular en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Alcaldía de San Martín y la Corporación Regional del Cesar; asimismo, contra las empresas CONOCOPHILLIPS y CNE OIL & GAS, por la modificación de un contrato que paso de permitir la construcción de un pozo convencional a uno no convencional.

El Ministerio Público de Mato Grosso interpuso una Acción civil en contra de Nelson Naború Yabuta por la deforestación de árboles nativos dentro de su hacienda privada, ubicada en un área de preservación de la comunidad de Juara, Mato Grosso.

El Ministerio Público del Estado de São Paulo interpuso una acción civil pública contra unos productores para prohibir la técnica de quema en la cosecha de caña de azúcar. La Acción solicitó condenar a los demandados al pago de una indemnización.

El Ministerio Público de Joinville promovió una acción civil pública en contra del corporativo H. Carlos Schneider S/A Comercio e Industria y Otros, por rellenar y drenar un bosque de manglares en una propiedad urbana, a pesar de los organismos medioambientales Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) e Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) emitieron uniones técnicas negativas para realizar obras en dicha propiedad.

La Confederación Mapuche de Neuquén, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas interpusieron una denuncia penal en contra de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y de la Subsecretaría de Ambiente, y de las empresas Y.P.F. S.A y SPM Argentina S.A.

La CNDH recibió una queja por la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes contenidos en las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, así como por la inadecuada distribución en el territorio nacional de gasolina y diésel de buena calidad (que asegure adecuado funcionamiento de vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera).