Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Este caso es una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina.

La Rede Sustentabilidade, el PSOL y el PSB interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), con solicitud de medida cautelar, contra los artículos 1º a 7º de la Ley Federal 14.299/2022. También solicitaron la admisión del Instituto Internacional Arayara como amicus curiae.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) fue presentada por los partidos PSB, PSOL, Rede, PT, PDT y PCdoB contra la Ley Federal 14.182/2021, que autoriza la desestatización de Eletrobras y modifica elementos centrales del régimen jurídico del sector eléctrico brasileño. La norma resulta de la conversión de la Medida Provisoria (MP) 1.031/2021, enviada por la Presidencia de la República con el objetivo de viabilizar la privatización de la empresa.

En 2023 se presentó una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Preservar, la Asociación Gaucha para la Protección del Medio Ambiente Natural AGAPAN y por el Centro Amigos de la Tierra – Brasil  contra la Unión Federal, IBAMA, ANEEL, Eletrobras CGT Eletrosul, el Estado de Rio Grande do Sul, FEPAM y la Companhia Riograndense de Mineração (CRM).  Fue adjuntada además al proceso n.º 5007143-39.2025.4.04.7110, interpuesto por el Instituto Internacional Arayara.

Una Coalición de ONGs, academia e investigadores conformada por AIDA, CAJAR, CINEP, CENSAT, POLEN transiciones justas, Universidad del Magdalena y Paola Yanguas, el pasado 4 de mayo del 2023, presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la caracterización y gestión de los impactos climáticos generados por el sector carbón, con el fin de que se adopten las medidas

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

Comunidades indígenas Wayúu, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas, promovieron una acción de nulidad contra el permiso ambiental que unifica la explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria del megaproyecto carbonífero a cielo abierto más grande de Latinoamérica ubicado en la Guajira, Colombia a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de las multinacionales BHP, AngloAmerican y Glencore.

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

La organización FIMA, en representación de la Sociedad Civil del Consejo de Reparación Ambiental y Social de Huasco, la Asamblea ecológica de Huasco (CRAS Huasco) y Huasco Consciente, interpuso una Acción de Protección en contra de AES GENER S.A., producto de sus actos, que según indican los recurrentes, privan, perturban y amenazan el ejercicio de sus facultades de uso y goce del derecho a la propiedad incorporal que tienen sobre sus derechos a la vida, integridad física y psíquica, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, decidió otorgar resolución de calificación ambiental (RCA) desfavorable al proyecto presentado por el titular de la mina de carbón “Mina Invierno”, que buscaba incorporar a sus operaciones el método de tronaduras para la extracción del carbón. La principal razón para rechazar fue la afectación que las tronaduras generarían en la formación paleontológica Loreto.