Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

Comunidades indígenas Wayúu, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas, promovieron una acción de nulidad contra el permiso ambiental que unifica la explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria del megaproyecto carbonífero a cielo abierto más grande de Latinoamérica ubicado en la Guajira, Colombia a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de las multinacionales BHP, AngloAmerican y Glencore.

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

Una Coalición de ONGs, academia e investigadores conformada por AIDA, CAJAR, CINEP, CENSAT, POLEN transiciones justas, Universidad del Magdalena y Paola Yanguas, el pasado 4 de mayo del 2023, presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la caracterización y gestión de los impactos climáticos generados por el sector carbón, con el fin de que se adopten las medidas

La Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander y diversas comunidades campesinas iniciaron una acción legal debido a que la Agencia Nacional de Minería (ANM), otorgó licenciamiento a la empresa Zurich Internacional Trading, titular del proyecto de explotación de carbón y principal empresa señalada por las comunidades, debido a inconsistencias en los instrumentos que sustentan el proyecto minero.

En 2023 se presentó una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Preservar, la Asociación Gaucha para la Protección del Medio Ambiente Natural AGAPAN y el Centro Amigos de la Tierra – Brasil  contra la Unión Federal, IBAMA, ANEEL, Eletrobras CGT Eletrosul, el Estado de Rio Grande do Sul, FEPAM y la Companhia Riograndense de Mineração (CRM).  Se anexó al proceso n.º 5007143-39.2025.4.04.7110, interpuesto por el Instituto Internacional Arayara.

El caso se origina con una Acción Cautelar presentada por cinco organizaciones de la sociedad civil, posteriormente convertida en Acción Civil Pública (ACP), para cuestionar el proceso de licenciamiento ambiental de la Usina Termoeléctrica (UTE) Nova Seival, el mayor proyecto termoeléctrico a carbón del estado de Rio Grande do Sul.

Se promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina.

Este caso trata de una acción ordinaria con solicitud de tutela anticipada interpuesta por la Asociación Brasileña de Generadoras Termoeléctricas (ABRAGET) contra el Estado de Río de Janeiro, con el fin de impedir la aplicación del Decreto Estatal nº 41.318/2008, que creó el Mecanismo de Compensación Energética (MCE) como condicionante adicional en los procesos de licenciamiento ambiental de centrales termoeléctricas a combustibles fósiles. El decreto integra el Plan de Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado.

Esta Acción Civil Pública fue presentada por las organizaciones: Arayara, la Asociación Indígena Poty Guarani y, posteriormente, el CAPG y la Comunidad Guarani Guajayvi, contra la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), la empresa Copelmi Mineração Ltda. y la Fundación Estatal de Protección Ambiental (FEPAM). El objetivo central de la acción es la suspensión y anulación del proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Mina Guaíba, considerado el mayor emprendimiento de minería de carbón a cielo abierto en Brasil.