Comunidades indígenas del Santuario de Tres Pozos y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra las provincias de Jujuy y Salta y el Estado Nacional, principalmente con el objeto de suspender todos los actos administrativos que promueven y autorizan la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca Salinas Grandes.

 

Los demandantes alegaron la vulneración del derecho de las Comunidades Indígenas al consentimiento libre, previo e informado, el derecho de acceso a la información, el derecho de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú, así como la infracción de disposiciones ambientales internacionales y nacionales.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró el principio in dubio pro natura e in dubio pro agua, así como el de no regresión para resolver en favor de las cuestiones planteadas por la parte actora, solicitando una protección sólida a los ecosistemas amenazados, que incluya un enfoque intergeneracional y los derechos de futuras generaciones.

 

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