En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos que no existe contradicción de criterios que limite el interés legítimo de las organizaciones civiles para promover amparos en materia de derechos humanos. El fallo evita un retroceso grave en el acceso a la justicia ambiental y climática en el país, confirmando que las organizaciones pueden seguir defendiendo el derecho a un ambiente sano.

 

Es un logro para el litigio estratégico en México, incluido el climático, pues la decisión garantiza la progresividad en los criterios judiciales en materia de interés legítimo y favorece la participación activa de las organizaciones que defienden el ambiente.

 

El interés legítimo en la defensa de derechos difusos y colectivos, especialmente en materia ambiental, debe ser interpretado ampliamente porque los daños ambientales pueden extenderse más allá del lugar en donde se producen debido a la interconexión entre ecosistemas. Así, la garantía del acceso a la justicia supone la legitimación activa de personas y entidades que incluso no residen en el territorio donde ocurre el daño.

 

Aunque organizaciones celebraron el logro, reiteraron su exigencia de transparencia, diálogo público y vigilancia ante cualquier intento de restringir la participación ciudadana en el país.

 

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