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En una sentencia reciente, el Tribunal Supremo del Reino Unido estableció que los impactos indirectos de la explotación de combustibles fósiles —entre ellos las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en su eventual quema— deben ser incluidos en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos antes de que estos sean autorizados. La decisión tiene el potencial de cambiar el panorama de la industria en el país, poniendo en duda proyectos actuales y futuros.

Con el fallo, el alto tribunal resolvió el litigio interpuesto por la activista Sarah Finch, en nombre del Weald Action Group, para impugnar la autorización otorgada por el Consejo del Condado de Surrey a la ampliación de una perforación de petróleo en Horse Hill, Weald, al sureste de Inglaterra. El tribunal dictaminó que el Consejo actuó fuera de la ley al no haber considerado las repercusiones negativas del proyecto en el clima, ahora y en el futuro.   

Finch argumentó que la evaluación de impacto ambiental realizada por el Consejo no tomó en cuenta los impactos climáticos que inevitablemente se producirían al quemar el petróleo extraído, que se traducirían en más de 10 millones de toneladas de emisiones de carbono.

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Con un acuerdo histórico, hecho público el 20 de junio de 2024, un grupo de jóvenes en Hawái logró que los derechos de la juventud y de la niñez a un clima seguro para la vida sean reconocidos y que, en consecuencia, el Departamento de Transporte se comprometa a planificar e implementar cambios con el fin de lograr cero emisiones en todo el transporte terrestre, marítimo y aéreo entre las islas de Hawái para 2045. 

El acuerdo, reconocido por la corte, dio por concluida la demanda constitucional que 13 jóvenes interpusieron en 2022 —con el acompañamiento de Our Children's Trust y Earthjustice— contra el estado de Hawái y el Departamento de Transporte por los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero generados por sistema de transporte de las islas en vulneración del derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Por los próximos 21 años, la corte estará a cargo de hacer cumplir el acuerdo. 

Se trata del primer litigio climático constitucional liderado por jóvenes y orientado a detener la contaminación del clima por el transporte, lo que podría resultar inspirador para el resto del mundo pues se relaciona con uno de los sectores que más agrava la crisis climática. 

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En una decisión hecha pública en abril del 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respondió a la demanda presentada por la asociación de Mujeres Mayores de Suiza por la Protección del Clima y dictaminó que el Estado suizo está violando los derechos a la vida privada y familiar de ese sector de la población al no tomar las medidas necesarias para combatir la crisis climática. 

Es la primera vez que este tribunal se pronuncia acerca de la falta de acción de las autoridades estatales frente al calentamiento global. La sentencia establece que el Estado de Suiza ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en cuanto a sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, el país debe ajustar sus objetivos climáticos. 

El fallo es vinculante y puede sentar jurisprudencia para los 46 países miembros del Consejo de Europa. Según la sentencia, el Estado demandado determinará con precisión las medidas que debe adoptar con la asistencia del Comité de Ministros. La decisión incluye un listado de requisitos específicos para que los Estados establezcan medidas efectivas para garantizar los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. 

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Habitantes de Tocopilla —acompañados por las organizaciones Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)— presentaron el 20 de marzo pasado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de las unidades Norgener 1 y 2 de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

La quema en Tocopilla comenzó el 18 de febrero y fue autorizada por el Coordinador Eléctrico Nacional sin justificación legal ni ambiental y sin haberse evaluado potenciales perjuicios para terceros y para el equilibrio del mercado. AES argumenta que es la única alternativa viable para cumplir con sus obligaciones ambientales luego de confirmarse el cierre anticipado de sus unidades Norgener 1 y 2.

En el recurso se solicita también que se revoque la autorización otorgada a la empresa, que se respete el orden de despacho económico que rige el sistema eléctrico nacional y que se ordene a la empresa cumplir con su obligación de elaborar los Planes de Abandono correspondientes para estas unidades.

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El 31 de enero de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de México decidió declarar inconstitucional la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) por considerar que estaría vulnerando el principio de desarrollo sostenible al desincentivar la producción de energía solar y eólica en el país.

Con esta decisión, el máximo tribunal dio por terminados todos los juicios promovidos en contra del decreto de la reforma, en los cuales se argumentan temas de competencia económica, así como de vulneración del derecho al ambiente sano y desconocimiento de los compromisos climáticos del Estado mexicano. Algunas de estas demandas fueron promovidas por Greenpeace México y por juventudes mexicanas.

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El 18 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, alto tribunal de Colombia, emitió la sentencia definitiva ante la acción de cumplimiento presentada por organizaciones de la sociedad civil, la academia y personas dedicadas a la investigación. En ella ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedir —en el plazo de un año— regulaciones específicas relacionadas con la gestión del cambio climático, la medición de gases efecto invernadero y la valoración de las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras. 

La decisión cierra el capítulo procesal frente al incumplimiento de varias normas relacionadas con la gestión del cambio climático en Colombia. El proceso de implementación del fallo puede marcar un precedente en la creación de regulaciones adecuadas y eficaces para disminuir el impacto climático de los proyectos asociados al sector minero-energético. Además, constituye un hito para el litigio climático en la región.

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Un tribunal austriaco encontró culpable de lavado de imagen verde (greenwashing) a la compañía Austrian Airlines por engañar a sus clientes con publicidad que ofrecía vuelos con emisiones neutras de CO2 sin que fuera cierto. La empresa cobraba un  50% más en el costo del trayecto entre Viena y  Venecia con el argumento de que los viajes eran 100% sostenibles.

El caso fue presentado por la Asociación Austriaca de Información al Consumidor y la empresa se vió obligada a retractarse públicamente por la propaganda engañosa. La Organización Europea de Consumidores presentó una denuncia contra 17 aerolíneas de la Unión Europea, incluida la austriaca, por afirmaciones engañosas relacionadas con el clima.

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A finales de noviembre, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos anunció la inclusión del glotón o wolverine norteamericano (Gulo gulo luscus) —un mamífero de la familia de las comadrejas que vive en la de las regiones árticas, subárticas y montañosas del hemisferio norte— en la Lista Nacional de Especies Amenazadas y en Peligro. Se trata de una victoria en la larga batalla legal iniciada por numerosos grupos ambientalistas en la década de los noventa. 

Conforme a la Ley de Especies en Peligro de Extinción estadounidense, los glotones gozan ahora de una protección que incluye el área geográfica que constituye su hábitat, lo que ampliará las posibilidades de conservación de la especie frente a los impactos de la crisis climática. 

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Fotografía: Steven Gnam / National Geographic 

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una jueza declaró inconstitucional una ley que promovía los combustibles fósiles ignorando sus efectos negativos en el ambiente y en el derecho de las personas vivir en un entorno limpio y saludable. Ocurrió en el estado de Montana como resultado de la demanda interpuesta por un grupo de 16 personas, de entre 5 y 22 años, cuyo triunfo demuestra el coraje de su generación contra la inacción climática.

Aunque otros jóvenes han presentado casos similares, este es el primero que llegó a juicio. El caso llevó a la jueza a dictaminar que el estado de Montana violó el derecho de las y los demandantes a un medio ambiente limpio y saludable, garantizado por la constitución estatal. Al anular la ley estatal que prohíbe la consideración de los efectos climáticos durante la revisión ambiental por considerarla inconstitucional, la jueza sentó un precedente importante para el litigio climático.

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El 27 de septiembre, seis jóvenes de Portugal, de entre 11 y 24 años, demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a 32 Estados de la Unión Europea —los 27 que conforman la Unión Europea más Turquía, Rusia, Reino Unido, Noruega y Suiza— por no actuar adecuadamente para enfrentar la crisis climática, lo que significa una vulneración a sus derechos humanos.

El detonante fueron los incendios que azotaron Portugal en 2017, un hecho que las y los jóvenes demandantes sufrieron de cerca. Esto les llevó a interponer una acción judicial por la falta de acción política respecto del control de emisiones de gases de efecto invernadero, que llevan a más incendios y otros desastres asociadas al clima cambiante. 

El objetivo es conseguir una sentencia vinculante del Tribunal que obligue a los Estados a tomar medidas concretas hacia la transición energética, frenando así el exceso de dióxido de carbono (CO2) que genera la economía actual y que pone en peligro la vida humana en el planeta.

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https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/jovenes-portugueses-demandan-tribunal-derechos-humanos-cambio-climatico/