El 15 de diciembre de 2022, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México), tribunal de segunda instancia, falló en favor del gobierno mexicano, en el caso ONG vs. gobierno por falta de ambición en la actualización de las NDC de México. La sentencia es, a la vez, congruente e incongruente con el Acuerdo de Escazú.
En lo congruente, el tribunal aplicó un criterio amplio de legitimación activa al resolver que la defensa del derecho al ambiente sano puede ser promovida por las organizaciones ambientales y no sólo por las personas físicas, con lo que reconoce la autoridad de Greenpeace para llevar el caso.
Sin embargo, negó el amparo solicitado al considerar que la parte demandante no aportó “los medios de convicción necesarios” para acreditar que la actualización de las NDC vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano. Lo anterior desconoce el Acuerdo de Escazú, que ordena a quienes administran justicia aplicar medidas como la inversión de la carga de la prueba, que traslada el deber de probar a la parte demandada.
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