Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Esta Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) fue presentada por el partido Rede Sustentabilidade contra las Resoluciones CONAMA 500/2020 y 499/2020. La primera derogó normas que regulaban el licenciamiento de la irrigación y definían Áreas de Preservación Permanente (APP) en embalses, manglares y restingas; la segunda modificó el licenciamiento para quema de residuos en hornos rotativos.

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.

Se trata de una acción interpuesta por el Partido Verde (PV) contra dos Decretos Presidenciales (n. 10.341/2020 y n. 10.539/2020) y una Ordenanza del Ministerio de la Defensa (n. 1.804/2020) que autorizaban la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a crímenes ambientales y focos de incendio “en la franja fronteriza, en tierras indígenas, en unidades federales de conservación ambiental y en otras áreas federales de los estados de la Amazonia Legal”.

Las organizaciones Asociación Civil por la Justicia Ambiental, Foro Ecologista de Paraná y un grupo de niños y niñas residentes de la Ciudad de Rosario, representados por sus padres, presentaron una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de la Ciudad de Victoria, por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná, y en contra la Provincia de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires -en vi

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que:

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

El 22 de noviembre de 2022, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda ante los Tribunales Federales de Distrito de Puerto Rico, buscando responsabilizar a las compañías de carbón, petróleo y gas por las pérdidas resultantes de las tormentas durante la temporada de huracanes de 2017 y las continuas pérdidas económicas desde entonces. Las acusaron de engañar al público sobre el cambio climático y conspirar para suprimir alternativas de energía limpia. 

Un grupo de pescadoras en compañia de la organización Tsikini A.C. del Estado de Colima promovieron en agosto de 2024 un amparo en contra de diversas autoridades, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las afectaciones provocadas por la Central Termoeléctrica Manzanillo (la segunda termoeléctrica más grande de México, que utiliza combustóleo y gas), aduciendo la vulneración del derecho humano a a un medio ambiente sano, a la salud y a la falta de cumplimiento de compromisos climáticos.