Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Ministerio Público de Joinville promovió una acción civil pública en contra del corporativo H. Carlos Schneider S/A Comercio e Industria y Otros, por rellenar y drenar un bosque de manglares en una propiedad urbana, a pesar de los organismos medioambientales Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) e Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) emitieron uniones técnicas negativas para realizar obras en dicha propiedad.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

Marco Antonio Arana Zegarra promovió una demanda de amparo contra la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, expedida por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga presentado por Minera Yanacocha S.R.L.

En el 2015, un agricultor peruano presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Essen, Alemania, contra la empresa de energía Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). El demandante alegó que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz.

Un grupo de menores de edad (nacidos entre 2005 y 2011) representados por sus padres y madres promovieron un amparo constitucional en contra del Estado peruano, demandando su omisión de formular y ejecutar una política pública de alcance nacional y planes de acción regionales con medidas concretas para frenar la deforestación de la Amazonía peruana.

Dos ciudadanas mexicanas demandaron vía juicio de amparo la remoción, relleno y fragmentación del manglar ubicado en la Laguna del Carpintero en Tamaulipas, ocasionado por la construcción ilegal – por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente- del Parque Temático Ecológico de la Laguna del Carpintero.

A finales de 2021 la organización Oceana México interpuso una demanda de amparo por la omisión del Congreso de la Unión de crear regulaciones de carácter general efectivas para la restauración o recuperación de especies pesqueras deterioradas o sobreexplotadas.  Se alegó la ineficacia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables .

Un grupo de niñas, niños y jóvenes residentes de Xochimilco, Ciudad de México, interpusieron un amparo en contra de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, que estaría ubicado en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, el cual fue autorizado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y licitado a la empresa IDINSA S.A. de C.V.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes