Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Un grupo de niñas, niños y jóvenes residentes de Xochimilco, Ciudad de México, interpusieron un amparo en contra de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, que estaría ubicado en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, el cual fue autorizado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y licitado a la empresa IDINSA S.A. de C.V.

Dos ciudadanas mexicanas demandaron vía juicio de amparo la remoción, relleno y fragmentación del manglar ubicado en la Laguna del Carpintero en Tamaulipas, ocasionado por la construcción ilegal – por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente- del Parque Temático Ecológico de la Laguna del Carpintero.

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

En el 2015, un agricultor peruano presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Essen, Alemania, contra la empresa de energía Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). El demandante alegó que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz.

Marco Antonio Arana Zegarra promovió una demanda de amparo contra la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, expedida por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga presentado por Minera Yanacocha S.R.L.

Un grupo de menores de edad (nacidos entre 2005 y 2011) representados por sus padres y madres promovieron un amparo constitucional en contra del Estado peruano, demandando su omisión de formular y ejecutar una política pública de alcance nacional y planes de acción regionales con medidas concretas para frenar la deforestación de la Amazonía peruana.

En 2018, la Ciudad de Bucaramanga presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y dos autoridades ambientales regionales (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander -CORPONOR), buscando la protección del Páramo de Santurbán contra las actividades mineras.

El científico guyanés Dr. Troy Thomas presentó una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana ante la Corte Suprema, alegando que los permisos de 23 años que la EPA había otorgado a Esso Exploration (una subsidiaria de Exxon) para la exploración petrolera violaban las regulaciones de la Ley de Protección Ambiental, que limitaba la duración de dichos permisos a 5 años. 

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).