Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

El 11 de noviembre de 2020 se presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por parte de los partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI –por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). 

La presente Acción de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7146 fue presentada por los partidos PT, PSB, PSOL y Rede Sustentabilidade ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, impugnando la Ley Federal nº 14.285/2021, que modifica el régimen de protección de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) en zonas urbanas.

Se trata de una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF), interpuesta por cuatro partidos políticos con solicitud de medida cautelar. El propósito de la acción fue reactivar el proceso sancionador ambiental federal, que según los demandantes había sido paralizado por actos del Gobierno Federal. Los partidos alegaron que el Ejecutivo venía desmontando el sistema nacional de protección ambiental, lo que se reflejaba en el aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y el Pantanal, alcanzando incluso tierras indígenas.

Se trata de una acción interpuesta por el Partido Verde (PV) contra dos Decretos Presidenciales (n. 10.341/2020 y n. 10.539/2020) y una Ordenanza del Ministerio de la Defensa (n. 1.804/2020) que autorizaban la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a crímenes ambientales y focos de incendio “en la franja fronteriza, en tierras indígenas, en unidades federales de conservación ambiental y en otras áreas federales de los estados de la Amazonia Legal”.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que:

El 22 de noviembre de 2022, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda ante los Tribunales Federales de Distrito de Puerto Rico, buscando responsabilizar a las compañías de carbón, petróleo y gas por las pérdidas resultantes de las tormentas durante la temporada de huracanes de 2017 y las continuas pérdidas económicas desde entonces. Las acusaron de engañar al público sobre el cambio climático y conspirar para suprimir alternativas de energía limpia.