Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”. 

En Enero de 2022 el partido político Rede Sustentabilidade (Rede) presenta una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar contra el Gobierno de Brasil, ante la omisión  de asignar recursos al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), así como por falta de monitoreo de la deforestación la ecorregión de “El Cerrado” en Brasil.

El 11 de noviembre de 2020 se presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por parte de los partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI –por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). 

La presente Acción de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7146 fue presentada por los partidos PT, PSB, PSOL y Rede Sustentabilidade ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, impugnando la Ley Federal nº 14.285/2021, que modifica el régimen de protección de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) en zonas urbanas.

En agosto de 2023 se presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, por el partido Rede Sustentabilidade, acompañada por seis organizaciones de la sociedad civil como signatarias, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).