Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La demanda consiste en una Acción Civil Pública presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación SOS Mata Atlântica y la ABRAMPA contra la Unión Federal, con el objetivo de declarar la nulidad del Despacho 4.410/2020 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.

Veinticinco jóvenes de diecisiete ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la Amazonía, y catorce municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, para detener la deforestación en la selva

Se trata de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar presentada por el  Partido Comunista de Brasil, Rede Sustentabilidade (REDE), el Partido Verde y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), con el objetivo de declarar inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley 12.709/2024 del estado de Mato Grosso.

Esta es una Acción Civil Pública (ACP) con solicitud de medidas cautelares urgentes presentada por el Instituto Internacional de Educación y Cultura Arayara contra la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y el Gobierno Federal. Esta acción forma parte de un conjunto de seis ACP presentadas contra el 4.º Ciclo de Ofertas Permanentes para bloques de exploración petrolera. 

Esta Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) fue presentada por el partido Rede Sustentabilidade contra las Resoluciones CONAMA 500/2020 y 499/2020. La primera derogó normas que regulaban el licenciamiento de la irrigación y definían Áreas de Preservación Permanente (APP) en embalses, manglares y restingas; la segunda modificó el licenciamiento para quema de residuos en hornos rotativos.

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió demanda de Acción Civil Pública (ACP) con pedido de tutela de urgencia, contra Sebastião da Costa Mariano, por la deforestación ilegal de 903,22 hectáreas de selva nativa en el municipio de Boca do Acre/AM, dentro de la "Tierra de Cultivo Buen Lugar", área pública de la Unión. 

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP), con solicitud de medida cautelar, interpuesta por las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), y el Gobierno Federal, buscando la declaración de nulidad de la Resolución Interpretativa 7036900/2020 de IBAMA, que eliminó la necesidad de autorización emitida por la agencia para la exportación de productos madereros y subproductos de especies nativas. 

El Ministerio Público de Mato Grosso interpuso una Acción civil en contra de Nelson Naború Yabuta por la deforestación de árboles nativos dentro de su hacienda privada, ubicada en un área de preservación de la comunidad de Juara, Mato Grosso.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

Organizaciones de indígenas y ambientalistas presentaron una Acción Civil Pública contra la Unión, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), por la expedición del aviso público número 130/2021, que autoriza la contratación de una empresa para diseñar y construir la expansión de la carretera BR-364 que conectaría el tramo de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil a un punto en la frontera entre Brasil y Perú  y que atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor.