Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de diversas autoridades mexicanas por la elaboración y aprobación de la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), actualizadas en 2020, aduciendo que vulneran el derecho a un ambiente sano y el principio de progresividad al (i) flexibilizar la meta no condicionada de reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación con la meta establecida en 2015, (ii) aumentar la línea base business as usual

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de (i) diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), reformadas y adicionadas mediante decreto publicado el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; (ii) el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (también conocido como PRODESEN) de la Secretaría de Energía; (iii) el Plan de Negocios 2021-2025 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y (iv) el Plan de Fortalecimiento de la Industria Eléctrica de la CFE.

Habitantes del sur de la Ciudad de México, entre los cuales se encuentran niños, niñas y personas de 60 o más años, promovieron una demanda de amparo en contra de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México.

Las y los demandantes argumentan en su demanda inicial que el rediseño del espacio aéreo viola los siguientes derechos:

Greenpeace de México en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentó una demanda de amparo contra el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía y del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía.

A finales de 2021 la organización Oceana México interpuso una demanda de amparo por la omisión del Congreso de la Unión de crear regulaciones de carácter general efectivas para la restauración o recuperación de especies pesqueras deterioradas o sobreexplotadas.  Se alegó la ineficacia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables .

Un grupo de niñas, niños y jóvenes residentes de Xochimilco, Ciudad de México, interpusieron un amparo en contra de la construcción del puente vehicular Periférico-Cuemanco, que estaría ubicado en la Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, el cual fue autorizado por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y licitado a la empresa IDINSA S.A. de C.V.

Un grupo de jóvenes, acompañados por la organización Defensa Ambiental del Noroeste promovieron una demanda de amparo contra el gobierno mexicano para exigir que cumpla con la Ley General del Cambio Climático y expida los reglamentos y políticas públicas que derivan de ella.

El 26 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte IDH. Esta acción fue promovida por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, denunciando el ingreso no autorizado de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y la fuerza pública ecuatoriana en su territorio entre 2002 y 2003.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes