Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 10 de diciembre de 2020, miembros de la Nación Waorani y organizaciones no gubernamentales, promovieron una acción de protección ante la Unidad Judicial en la región amazónica, debido a que la petrolera china PetroOriental S.A. contaminaba territorios ancestrales y violentaba sus derechos constitucionales, por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático. 

El 11 de enero de 2024, Greenpeace Países Bajos y ocho ciudadanos de la isla de Bonaire demandaron al Estado neerlandés por violar los derechos de los habitantes de la isla caribeña de Bonaire al no asumir adecuada y oportunamente su responsabilidad de frenar el cambio climático.

Organizaciones de indígenas y ambientalistas presentaron una Acción Civil Pública contra la Unión, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), por la expedición del aviso público número 130/2021, que autoriza la contratación de una empresa para diseñar y construir la expansión de la carretera BR-364 que conectaría el tramo de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil a un punto en la frontera entre Brasil y Perú  y que atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor.

El Instituto de Estudios Amazónicos (IEA) presentó ante la Justicia  Federal de Curitiba, Paraná, una acción civil pública climática en contra de la Unión Federal (Gobierno Federal brasileño), por el incumplimiento de las metas climáticas sobre la reducción de deforestación en la Amazonía, establecidas en el Plan de Prevención y Control  de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm, por sus siglas en portugués), -uno de los instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático de Brasil-, que corresponden a la reducción para el año 2020, de

Seis activistas de las organizaciones Fridays for Future y Engajamundo demandaron a través de una acción popular en contra del gobierno de Brasil por el cambio en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentadas en 2020, alegando que usaron una “maniobra de carbono” para disminuir las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), adoptadas en su anterior NDC de 2015.

En 2018, la nacionalidad Waorani de Pastaza demandó al Estado ecuatoriano por intentar subastar sus tierras para la explotación petrolera sin realizar una consulta previa, libre e informada adecuada, como lo exige la Constitución y los tratados internacionales. Aunado a lo anterior argumentaron la violación del derecho a un medio ambiente sano, el incumplimiento de responsabilidades estatales y la  protección de territorios ancestrales y biodiversidad.

En 2018, con el apoyo y la solidaridad de otras naciones indígenas y organizaciones alineadas con la lucha, representantes del pueblo A’i Cofán Sinangoe interpusieron una acción de amparo contra cinco ministerios y organismos gubernamentales, para que se suspendieran varias concesiones mineras otorgadas en las zonas ribereñas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes.

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay, interpusieron una acción de protección por la vulneración de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada con el apoyo de la Federación de Organizaciones indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (UNAGUA) y la iglesia de Cuenca.

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva