Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En julio de 2025, las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC ) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente, (DAN), presentaron una solicitud dirigida a la Presidencia de la República y al Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con copia de conocimiento a la ASEA, referente a la adopción de medidas relacionadas con la evaluación, autorización y operación de proyectos destinados al transporte, almacenamiento y provisión de gas natural licuado (GNL) en el Golfo de California, j

Un grupo de diputadas y diputados del Congreso chileno presentó un requerimiento de inconstitucionalidad impugnando diversas disposiciones de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (una ley destinada a simplificar y modernizar los permisos administrativos), argumentando que dichas disposiciones contravienen derechos constitucionales, incluyendo la protección ambiental y la salud. 

El 12 de junio de 2023, la Fundación Quantum solicitó formalmente al MINAE y a la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) una copia certificada en formato digital de ocho bloques de documentos históricos relativos al potencial y la exploración de hidrocarburos en Costa Rica.

El 9 de octubre de 2023, mediante oficio CRLP-01-2023, la iniciativa ciudadana Costa Rica Libre de Perforación presentó ante el Presidente de la República y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), una reacción a la propuesta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) sobre hidrocarburos.

En el documento formularon una solicitud formal con dos vertientes:

El 11 de enero de 2024, Greenpeace Países Bajos y ocho ciudadanos de la isla de Bonaire demandaron al Estado neerlandés por violar los derechos de los habitantes de la isla caribeña de Bonaire al no asumir adecuada y oportunamente su responsabilidad de frenar el cambio climático.

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el 29 de junio de 2026 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) que autorizó la renovación por tercera vez de la licencia ambiental para la fase 1 de exploración hidrocarburífera, que incluye la prospección sísmica 2D, gravimetría y muestreo del fondo marino en el Caribe hondureño.

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c

El 10 de marzo de 2021, Greenpeace México promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y al Programa Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico 2020-2034. En su demanda, Greenpeace también pidió que se suspenda la implementación de ambas regulaciones.

Integrantes del Senado de México promovieron recurso constitucional en contra del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021. Se argumenta que estos cambios afectaban a la libre competencia, el medio ambiente, y compromisos y obligaciones internacionales en materia ambiental y de cambio climático del Estado mexicano, por las siguientes razones:

El Ejido Río Playa presentó una demanda para impugnar la formulación, ejecución y publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida de la Reserva Ecológica de Rio Playa, argumentando que no se priorizó la participación de las personas guardianas del territorio, quienes son fundamentales para la preservación de la naturaleza, en este caso, los ejidatarios.