Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Organizaciones de derechos humanos y un grupo de expertos radican demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, el 24 de julio de 2023, al advertir que el artículo 57 de la Ley 99 era inconstitucional por déficit de protección constitucional al no incluir:  (i) la obligación de prevención y gestión ambiental al no incluir los efectos del cambio climático y (ii) la obligación de garantizar la protección frente a las afectaciones a los derechos humanos. 

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la Corporación para el Desarrollo del Oriente y otros, presentaron una Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Agencia Nacional de Minería (ANM);  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), por no ejercer sus deberes constitucionales que los obliga a proteger la integridad del ecosistema de Alta Montaña de Santurbán y por haber permitido, la presenc

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que:

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

El 9 de abril de 2018, la ONG OIKOS Red Ambiental presentó una demanda de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Decreto N.º 248/2018 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales (fracking).

El 10 de marzo de 2021, Greenpeace México promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y al Programa Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico 2020-2034. En su demanda, Greenpeace también pidió que se suspenda la implementación de ambas regulaciones.

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva