Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La Corporación Privada para el Desarrollo del Aysén (CODESA) junto con la Corporación Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), y Hugo Díaz Manríquez, interpusieron una Reclamación por inobservancia de sus observaciones ciudadanas, contra la resolución que aprobó el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, presentado por la empresa Energía Austral al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

El 9 de abril de 2018, la ONG OIKOS Red Ambiental presentó una demanda de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Decreto N.º 248/2018 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales (fracking).

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander y diversas comunidades campesinas iniciaron una acción legal debido a que la Agencia Nacional de Minería (ANM), otorgó licenciamiento a la empresa Zurich Internacional Trading, titular del proyecto de explotación de carbón y principal empresa señalada por las comunidades, debido a inconsistencias en los instrumentos que sustentan el proyecto minero.

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCC, interpusieron una acción constitucional de amparo de cumplimiento en contra del Presidente de la República, del Ministro de Energía y Minas, del Ministro de Industria, Comercio y MiPymes; Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Superintendencia de Electricidad; Comisión Nacional de Energía y el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional del Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio por inc

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

Greenpeace Argentina, junto con la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Surfrider Argentina, Fundación Patagonia Natural, Kula Earth, Asociación de Surf Argentina, Organización Mar,  Asociación de Surf Necochea Quequén,  la Asociación de General Alvarado de Surf (Miramar) y  Ecos de Mar, presentaron una acción de amparo y una solicitud de medida cautelar contra el Estado argentino, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente.

En 2013, el colectivo Yasunidos y otros impulsaron una iniciativa de consulta popular para que la ciudadanía decidiera si el petróleo del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) debía permanecer indefinidamente bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. El proceso fue objeto de diversas controversias administrativas relacionadas con la validación de firmas y la actuación de las autoridades electorales, lo que impidió que la consulta se realizara durante casi una década.

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) presentó el 29 de junio de 2026 un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) que autorizó la renovación por tercera vez de la licencia ambiental para la fase 1 de exploración hidrocarburífera, que incluye la prospección sísmica 2D, gravimetría y muestreo del fondo marino en el Caribe hondureño.