Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Instituto Internacional Arayara presentó una Acción Autónoma de Producción Anticipada de Pruebas contra la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y la Unión Federal. El objetivo central giró en torno a la obtención de información oficial para esclarecer el impacto climático asociado a la oferta continua de bloques para exploración de petróleo y gas realizada por la ANP.

El Procurador General de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) contra la Ley Municipal n.º 4.968/2019 de Eldorado do Sul, que revisó el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y Ambiental del Municipio.

El demandante sostuvo que la norma fue aprobada sin la participación popular obligatoria durante el proceso legislativo y sin la elaboración de estudios ambientales previos, lo que vulnera la Constitución Estadual y la Constitución Federal.

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”. 

En Enero de 2022 el partido político Rede Sustentabilidade (Rede) presenta una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar contra el Gobierno de Brasil, ante la omisión  de asignar recursos al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), así como por falta de monitoreo de la deforestación la ecorregión de “El Cerrado” en Brasil.

El 11 de noviembre de 2020 se presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por parte de los partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI –por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). 

La presente Acción de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) fue presentada por los partidos PSB, PSOL, Rede, PT, PDT y PCdoB contra la Ley Federal 14.182/2021, que autoriza la desestatización de Eletrobras y modifica elementos centrales del régimen jurídico del sector eléctrico brasileño. La norma resulta de la conversión de la Medida Provisoria (MP) 1.031/2021, enviada por la Presidencia de la República con el objetivo de viabilizar la privatización de la empresa. 

La Rede Sustentabilidade, el PSOL y el PSB interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), con solicitud de medida cautelar, contra los artículos 1º a 7º de la Ley Federal 14.299/2022. También solicitaron la admisión del Instituto Internacional Arayara como amicus curiae.