Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El caso surgió a partir de la aprobación ambiental del proyecto "Central Eléctrica Canelillo", una central de generación eléctrica de respaldo a base de diésel con una capacidad de 120 MW, ubicada en la Región de Coquimbo.

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

Un grupo de jóvenes, acompañados por la organización Defensa Ambiental del Noroeste promovieron una demanda de amparo contra el gobierno mexicano para exigir que cumpla con la Ley General del Cambio Climático y expida los reglamentos y políticas públicas que derivan de ella.

El 26 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte IDH. Esta acción fue promovida por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, denunciando el ingreso no autorizado de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y la fuerza pública ecuatoriana en su territorio entre 2002 y 2003.

En 2018, el Alcalde del cantón Cotacachi y la Procuradora Judicial del Municipio de Cotacachi, presentaron una acción de protección en contra del Ministro del Ambiente y del Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), por el otorgamiento del registro ambiental del Proyecto Minero Río Magdalena (conformada por dos concesiones), que permitiría la minería de minerales metálicos dentro del Bosque Protector Los Cedros, que está declarado como “área de Bosque y Vegetación Protectores”.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A.

En 2021, un grupo de organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad que busca que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

En 2021, diversas organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad, buscando que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No. 95, conocido como “el decreto petrolero”, que propone una política pública de transición en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasen de las manos del Estado a capitales privados, a través de contratos de participación.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes

Un grupo de ciudadanos colombianos presentaron ante la Corte Constitucional una Acción Publica de inconstitucionalidad (API) motivada por el persistente incumplimiento del Gobierno nacional a sus deberes de delimitación, zonificación y ordenación ambiental del territorio, en particular de los ecosistemas más vulnerables y relevantes del país, como son los páramos.