Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) omitieron incluir los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

La demanda es una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Arayara contra la ANP, IBAMA, ICMBio y la Unión Federal, cuestionando la legalidad de la inclusión de once bloques exploratorios de petróleo en el Sector SPOT-AP2 de la Cuenca Potiguar dentro del 4º Ciclo de Oferta Permanente de Concesión.

El caso se origina con una Acción Cautelar presentada por cinco organizaciones de la sociedad civil, posteriormente convertida en Acción Civil Pública (ACP), para cuestionar el proceso de licenciamiento ambiental de la Usina Termoeléctrica (UTE) Nova Seival, el mayor proyecto termoeléctrico a carbón del estado de Rio Grande do Sul.

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

En agosto de 2023 se presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, por el partido Rede Sustentabilidade, acompañada por seis organizaciones de la sociedad civil como signatarias, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

El caso Pinheiro/Braskem se hizo conocido tras un temblor de tierra en marzo de 2018 en Maceió (estado de Alagoas), que provocó grietas, hundimientos y cráteres en los barrios de Pinheiro, Mutange, Bebedouro y Bom Parto. Inicialmente, se barajaron hipótesis sobre fallas en el sistema de alcantarillado o movimientos naturales del suelo.

Se promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina.