Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), promovieron una Acción Popular en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Alcaldía de San Martín y la Corporación Regional del Cesar; asimismo, contra las empresas CONOCOPHILLIPS y CNE OIL & GAS, por la modificación de un contrato que paso de permitir la construcción de un pozo convencional a uno no convencional.

Comunidades indígenas Wayúu, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas, promovieron una acción de nulidad contra el permiso ambiental que unifica la explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria del megaproyecto carbonífero a cielo abierto más grande de Latinoamérica ubicado en la Guajira, Colombia a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de las multinacionales BHP, AngloAmerican y Glencore.

Un grupo de ciudadanos colombianos presentaron ante la Corte Constitucional una Acción Publica de inconstitucionalidad (API) motivada por el persistente incumplimiento del Gobierno nacional a sus deberes de delimitación, zonificación y ordenación ambiental del territorio, en particular de los ecosistemas más vulnerables y relevantes del país, como son los páramos.

El señor Esteban Antonio Lagos, miembro del Grupo de Litigio de Interés Público (GLIP) de la Universidad del Norte, interpuso una acción de nulidad simple en contra del Ministerio de Minas y Energía, por la expedición del Decreto n.° 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014.

Greenpeace de México en una estrategia conjunta con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentó una demanda de amparo contra el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía y del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía.

El 9 de abril de 2018, la ONG OIKOS Red Ambiental presentó una demanda de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Decreto N.º 248/2018 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales (fracking).

El caso surgió a partir de la aprobación ambiental del proyecto "Central Eléctrica Canelillo", una central de generación eléctrica de respaldo a base de diésel con una capacidad de 120 MW, ubicada en la Región de Coquimbo.

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

AIDA, la Agrupación de mujeres MUZOSARE y la organización de la sociedad civil Chile Sustentable interpusieron recurso de invalidación administrativa ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que invalide la norma que ese mismo órgano dictó en octubre de 2021, y que regula la figura del gas inflexible para todo el territorio nacional. Esta figura otorga prioridad para ingresar a la matriz a la electricidad producida por la combustión de gas fósil. Prioridad que desplaza las otras fuentes de generación de energía incluídas las renovables.