Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Veinticinco jóvenes de diecisiete ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la Amazonía, y catorce municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, para detener la deforestación en la selva

Esta es una Acción Civil Pública (ACP) presentada por el Ministerio Público de  São Paulo contra el Estado de São Paulo y la Fundación Forestal (Fundación para la Conservación y Producción de Bosques del Estado de São Paulo), ante el avance de graves procesos de erosión y desequilibrio ecológico del Parque Estatal Isla del Cardoso, ubicado en el municipio de Cananéia, en el Estado de São Paulo, que impactan el modo de vida y la seguridad de las comunidades tradicionales de la región. 

El 10 de diciembre de 2020, miembros de la Nación Waorani y organizaciones no gubernamentales, promovieron una acción de protección ante la Unidad Judicial en la región amazónica, debido a que la petrolera china PetroOriental S.A. contaminaba territorios ancestrales y violentaba sus derechos constitucionales, por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático. 

El 11 de enero de 2024, Greenpeace Países Bajos y ocho ciudadanos de la isla de Bonaire demandaron al Estado neerlandés por violar los derechos de los habitantes de la isla caribeña de Bonaire al no asumir adecuada y oportunamente su responsabilidad de frenar el cambio climático.

Esta Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) fue presentada por el partido Rede Sustentabilidade contra las Resoluciones CONAMA 500/2020 y 499/2020. La primera derogó normas que regulaban el licenciamiento de la irrigación y definían Áreas de Preservación Permanente (APP) en embalses, manglares y restingas; la segunda modificó el licenciamiento para quema de residuos en hornos rotativos.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP), con solicitud de medida cautelar, interpuesta por las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), y el Gobierno Federal, buscando la declaración de nulidad de la Resolución Interpretativa 7036900/2020 de IBAMA, que eliminó la necesidad de autorización emitida por la agencia para la exportación de productos madereros y subproductos de especies nativas. 

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

El Ministerio Público de Joinville promovió una acción civil pública en contra del corporativo H. Carlos Schneider S/A Comercio e Industria y Otros, por rellenar y drenar un bosque de manglares en una propiedad urbana, a pesar de los organismos medioambientales Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) e Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) emitieron uniones técnicas negativas para realizar obras en dicha propiedad.

Este caso histórico se presentó por primera vez en 1993. La acción judicial denunció que desde 1964 hasta 1992, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó en la Amazonía ecuatoriana donde vertió más de 16.000 millones de galones de desechos tóxicos, afectando a aproximadamente 30.000 personas, incluidas comunidades indígenas-; fue una de las primeras sentencias en la historia de Ecuador en que las comunidades afectadas se enfrentaron a una compañía petrolera y obtuvieron una sentencia judicial.

Un grupo de organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales (ONG), usuarios de tierras privadas,  activistas y profesionales independientes aglomerados en un grupo llamado Grenada Land  Actors (GLA), demandaron a la Autoridad de Planificación y Desarrollo, debido a que entre octubre de 2019 y junio de 2023, aprobó tres proyectos de desarrollo  a gran escala que amenazan el medio ambiente y comunidades locales situadas en el Monte Hartman en St. George, en La Sagesse en St.