Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

El 11 de noviembre de 2020 se presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por parte de los partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI –por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). 

La presente Acción de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7146 fue presentada por los partidos PT, PSB, PSOL y Rede Sustentabilidade ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, impugnando la Ley Federal nº 14.285/2021, que modifica el régimen de protección de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) en zonas urbanas.

En el 2015, un agricultor peruano presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Essen, Alemania, contra la empresa de energía Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). El demandante alegó que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz.

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

Se trata de una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF), interpuesta por cuatro partidos políticos con solicitud de medida cautelar. El propósito de la acción fue reactivar el proceso sancionador ambiental federal, que según los demandantes había sido paralizado por actos del Gobierno Federal. Los partidos alegaron que el Ejecutivo venía desmontando el sistema nacional de protección ambiental, lo que se reflejaba en el aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y el Pantanal, alcanzando incluso tierras indígenas.