Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró fundadas dos acciones de cumplimiento interpuestas por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS), para que el Ministerio del Ambiente (MINAM) implementara la Décima y la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobado mediante Decreto Supremo N°013-2019-MINAM (RLMCC). 

Un grupo de pescadoras en compañia de la organización Tsikini A.C. del Estado de Colima promovieron en agosto de 2024 un amparo en contra de diversas autoridades, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las afectaciones provocadas por la Central Termoeléctrica Manzanillo (la segunda termoeléctrica más grande de México, que utiliza combustóleo y gas), aduciendo la vulneración del derecho humano a a un medio ambiente sano, a la salud y a la falta de cumplimiento de compromisos climáticos.

En diciembre de 2024, dos ciudadanas guyanesas, interpusieron un recurso de revisión judicial contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ante la omisión de incluir las emisiones de Alcance 3 en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto petrolero Hammerhead de ExxonMobil. Las emisiones de Alcance 3 se refieren a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero resultantes del uso final de combustibles fósiles; en este caso, el petróleo producido y el quemado en otros lugares. 

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

El 26 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Núm.

La Ley General de Cambio Climático de México se publicó en el año 2012, y contemplaba el Fondo de Cambio Climático, un fideicomiso público creado para incrementar los recursos existentes para abordar el cambio climático cuyo objetivo fue el de atraer y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para abordar el cambio climático. 

En 2004, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de exploración minera a la empresa EXMIBAL, que fue transferida posteriormente a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

La licencia de explotación fue concedida en 2006, sin una consulta adecuada a la comunidad. Eso, junto con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental solo en español y no en idioma maya Q’eqchi’, llevó a una serie de conflictos legales y sociales.

El Poder Ejecutivo Federal de México presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial del estado de Baja California que reforma artículos que regulan el impuesto ambiental en la Ley de Hacienda local.

En agosto del 2023, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, “IDLADS PERÚ”) inició una acción de cumplimiento de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático contra el Ministerio del Ambiente, Ley N°30754, la cual señala que el Ministerio del Ambiente debía presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de fondo de garantía para la inversión en energía renovables y limpias, seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, investigación, desarrollo tecnol

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c