Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay, interpusieron una acción de protección por la vulneración de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada con el apoyo de la Federación de Organizaciones indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (UNAGUA) y la iglesia de Cuenca.

El 26 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte IDH. Esta acción fue promovida por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, denunciando el ingreso no autorizado de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y la fuerza pública ecuatoriana en su territorio entre 2002 y 2003.

En 2018, el Alcalde del cantón Cotacachi y la Procuradora Judicial del Municipio de Cotacachi, presentaron una acción de protección en contra del Ministro del Ambiente y del Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), por el otorgamiento del registro ambiental del Proyecto Minero Río Magdalena (conformada por dos concesiones), que permitiría la minería de minerales metálicos dentro del Bosque Protector Los Cedros, que está declarado como “área de Bosque y Vegetación Protectores”.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A.

En 2021, un grupo de organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad que busca que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

En 2021, diversas organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad, buscando que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No. 95, conocido como “el decreto petrolero”, que propone una política pública de transición en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasen de las manos del Estado a capitales privados, a través de contratos de participación.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes

Un grupo de ciudadanos colombianos presentaron ante la Corte Constitucional una Acción Publica de inconstitucionalidad (API) motivada por el persistente incumplimiento del Gobierno nacional a sus deberes de delimitación, zonificación y ordenación ambiental del territorio, en particular de los ecosistemas más vulnerables y relevantes del país, como son los páramos.

El señor Esteban Antonio Lagos, miembro del Grupo de Litigio de Interés Público (GLIP) de la Universidad del Norte, interpuso una acción de nulidad simple en contra del Ministerio de Minas y Energía, por la expedición del Decreto n.° 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014.

25 jóvenes de 17 ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; las tres Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en la Amazonía, y 14 municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, por sus omisiones en el cumplimiento de su debe