Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), promovieron una Acción Popular en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Alcaldía de San Martín y la Corporación Regional del Cesar; asimismo, contra las empresas CONOCOPHILLIPS y CNE OIL & GAS, por la modificación de un contrato que paso de permitir la construcción de un pozo convencional a uno no convencional.

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

La organización FIMA, en representación de la Sociedad Civil del Consejo de Reparación Ambiental y Social de Huasco, la Asamblea ecológica de Huasco (CRAS Huasco) y Huasco Consciente, interpuso una Acción de Protección en contra de AES GENER S.A., producto de sus actos, que según indican los recurrentes, privan, perturban y amenazan el ejercicio de sus facultades de uso y goce del derecho a la propiedad incorporal que tienen sobre sus derechos a la vida, integridad física y psíquica, y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación.

Un grupo de pescadores artesanales y las integrantes de la organización de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia hicieron uso de su derecho a que se reconozca y enmiende el daño ambiental de la zona en que viven y trabajan, provocado por la actividad del Complejo Industrial Ventanas.

Un grupo de residentes y organizaciones de las comunas de Puchuncaví y Quintero, coordinadas por la organización Defensoría Ambiental, presentaron 12 acciones de protección de garantías constitucionales por la afectación a los derechos a la vida, salud y medio ambiente libre de contaminación, cuatro de las acciones se interpusieron en contra de diversas empresas que operan en la zona de sacrificio Complejo Industrial Ventanas por la generación de gases y compuestos químicos que ocasionaron una intoxicación masiva en el área, las otras ocho se presentaron en

Ciudadanos de la comunidad de San José de Maipo interpusieron tres reclamaciones de ilegalidad, las cuales se acumularon en una sola causa, en contra de la Resolución Exenta N°29/2018, a través de la que la Superintendencia del Medioambiente aprobó el Programa de Cumplimiento del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, presentado por la empresa Alto Maipo SPA., respecto a las infracciones contenidas en su Resolución de Calificación Ambiental (N°256/2009) en el procedimiento administrativo sancionador ROL D-001-2017.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, decidió otorgar resolución de calificación ambiental (RCA) desfavorable al proyecto presentado por el titular de la mina de carbón “Mina Invierno”, que buscaba incorporar a sus operaciones el método de tronaduras para la extracción del carbón. La principal razón para rechazar fue la afectación que las tronaduras generarían en la formación paleontológica Loreto.

La Corporación Privada para el Desarrollo del Aysén (CODESA) junto con la Corporación Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), y Hugo Díaz Manríquez, interpusieron una Reclamación por inobservancia de sus observaciones ciudadanas, contra la resolución que aprobó el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, presentado por la empresa Energía Austral al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

El 12 de febrero de 2018, fue elevada en consulta la Resolución exenta N° 72 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de fecha 17 de enero de 2018, que puso término a los procedimientos administrativos sancionatorios interpuestos contra la Compañía Minera Nevada SpA en relación con el proyecto Pascua Lama. Dicha resolución impuso más de 30 sanciones administrativas a la empresa, de las cuales 5 consideraban la clausura definitiva de la faena minera Pascua Lama.

El 21 de junio de 2022, la organización Conectas Direitos Humanos inició una acción civil pública en contra del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y BNDESPAR (subsidiaria del BNDES responsable de la gestión de la participación de capital en varias empresas brasileñas). Conectas solicitó el otorgamiento de diversas medidas cautelares argumentando que las demandadas no cuentan con reglas o protocolos para evaluar los impactos de sus inversiones en el agravamiento de la crisis climática.