Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 12 de febrero de 2018, fue elevada en consulta la Resolución exenta N° 72 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de fecha 17 de enero de 2018, que puso término a los procedimientos administrativos sancionatorios interpuestos contra la Compañía Minera Nevada SpA en relación con el proyecto Pascua Lama. Dicha resolución impuso más de 30 sanciones administrativas a la empresa, de las cuales 5 consideraban la clausura definitiva de la faena minera Pascua Lama.

El 21 de junio de 2022, la organización Conectas Direitos Humanos inició una acción civil pública en contra del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y BNDESPAR (subsidiaria del BNDES responsable de la gestión de la participación de capital en varias empresas brasileñas). Conectas solicitó el otorgamiento de diversas medidas cautelares argumentando que las demandadas no cuentan con reglas o protocolos para evaluar los impactos de sus inversiones en el agravamiento de la crisis climática.

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

La Agencia de Protección Ambiental de Guyana aprobó el permiso para Esso Exploration and Production Guyana Ltd, una empresa de exploración y producción de petróleo. ("Esso"), una filial de EXXON Mobil Corporation, para llevar a cabo la explotación de petróleo en alta mar. 

El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la SETENA han omitido incluir la evaluación de los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Organizaciones protectoras del ambiente y un grupo de expertos radican demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, el 12 de enero de 2024, al advertir que el artículo 57 de la Ley 99 era obsoleto. 

Las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), presentaron una Acción Pública Civil, en la que demandan la nulidad de la Orden No.7036900/2020 GABIN emitida por el presidente, Eduardo Bim, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), debido a que la misma, a solicitud de las empresas madereras, retiró el requisito de autorización de exportación y concluyó que con la Declarac