Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En el 2015, un agricultor peruano presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Essen, Alemania, contra la empresa de energía Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). El demandante alegó que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz.

Marco Antonio Arana Zegarra promovió una demanda de amparo contra la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, expedida por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga presentado por Minera Yanacocha S.R.L.

Un grupo de menores de edad (nacidos entre 2005 y 2011) representados por sus padres y madres promovieron un amparo constitucional en contra del Estado peruano, demandando su omisión de formular y ejecutar una política pública de alcance nacional y planes de acción regionales con medidas concretas para frenar la deforestación de la Amazonía peruana.

En 2018, la Ciudad de Bucaramanga presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y dos autoridades ambientales regionales (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander -CORPONOR), buscando la protección del Páramo de Santurbán contra las actividades mineras.

En 2023 se presentó una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Preservar, la Asociación Gaucha para la Protección del Medio Ambiente Natural AGAPAN y el Centro Amigos de la Tierra – Brasil  contra la Unión Federal, IBAMA, ANEEL, Eletrobras CGT Eletrosul, el Estado de Rio Grande do Sul, FEPAM y la Companhia Riograndense de Mineração (CRM).  Se anexó al proceso n.º 5007143-39.2025.4.04.7110, interpuesto por el Instituto Internacional Arayara.

El científico guyanés Dr. Troy Thomas presentó una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana ante la Corte Suprema, alegando que los permisos de 23 años que la EPA había otorgado a Esso Exploration (una subsidiaria de Exxon) para la exploración petrolera violaban las regulaciones de la Ley de Protección Ambiental, que limitaba la duración de dichos permisos a 5 años. 

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

La demanda es una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Arayara contra la ANP, IBAMA, ICMBio y la Unión Federal, cuestionando la legalidad de la inclusión de once bloques exploratorios de petróleo en el Sector SPOT-AP2 de la Cuenca Potiguar dentro del 4º Ciclo de Oferta Permanente de Concesión.

El caso se origina con una Acción Cautelar presentada por cinco organizaciones de la sociedad civil, posteriormente convertida en Acción Civil Pública (ACP), para cuestionar el proceso de licenciamiento ambiental de la Usina Termoeléctrica (UTE) Nova Seival, el mayor proyecto termoeléctrico a carbón del estado de Rio Grande do Sul.

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.