Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 22 de enero de 2025, la comunidad originaria de Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos Medioambientales contra la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de la transnacional suiza Glencore, a la que acusan de ser responsable de graves daños ambientales en su territorio.

El 31 de marzo de 2025, el Quinto Juzgado, Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una sentencia a favor del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS Perú), ordenando al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-2022-MINAM que declara la emergencia climática en Perú, aprobado en 2022.  

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c

El 11 de enero de 2024, el Congreso de la República peruano publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31973, ley a la que dio lugar el PL 649-2021-CR (y otros de similar naturaleza) con la cual:

1. Se modifica los artículos 29 y 33 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley N° 29763, referidos al procedimiento y competencia para establecer bosques de producción permanente y para aprobar la zonificación forestal

El 29 de julio de 2022, nueve residentes de St. Ann presentaron ante la Corte Suprema de Jamaica una demanda constitucional contra el Gobierno, por otorgar una licencia de extracción de bauxita a Noranda Jamaica Bauxite Partners, Noranda Jamaica Partners II y New Day Aluminum Ltd. 

Entre los principales argumentos, señalaron que las actividades de las empresas afectaban negativamente sus vidas, salud, medios de vida y el medio ambiente. 

En 2021, diversas organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad, buscando que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No. 95, conocido como “el decreto petrolero”, que propone una política pública de transición en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasen de las manos del Estado a capitales privados, a través de contratos de participación.

En 2021, un grupo de organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad que busca que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

En 2018, el Alcalde del cantón Cotacachi y la Procuradora Judicial del Municipio de Cotacachi, presentaron una acción de protección en contra del Ministro del Ambiente y del Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), por el otorgamiento del registro ambiental del Proyecto Minero Río Magdalena (conformada por dos concesiones), que permitiría la minería de minerales metálicos dentro del Bosque Protector Los Cedros, que está declarado como “área de Bosque y Vegetación Protectores”.

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.