Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

El 22 de enero de 2025, la comunidad originaria de Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos Medioambientales contra la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de la transnacional suiza Glencore, a la que acusan de ser responsable de graves daños ambientales en su territorio.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

En agosto de 2023 se presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, por el partido Rede Sustentabilidade, acompañada por seis organizaciones de la sociedad civil como signatarias, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción buscaba corregir supuestas omisiones e inacciones inconstitucionales del Poder Público Federal que habrían paralizado la política de pavimentación de la carretera BR-319, ubicada en la región norte del país, entre Amazonas y Rondônia. 

El Observatório do Clima interpuso una Acción Civil Pública (ACP) contra el IBAMA y el DNIT, solicitando la anulación de la Licencia Previa (LP) n.º 672/2022, emitida para la reconstrucción y asfaltado del “sección central” de la BR-319 (km 250,7 al km 656,4), en plena Amazonía. La organización sostiene que la pavimentación reactivaría dinámicas históricas de deforestación, apropiación de tierras (grilagem), expansión agropecuaria y presión sobre tierras públicas, tal como ocurrió en las décadas de 1970 y 1980 con las BR-163 y BR-230.

En 2020 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, promovió una “Ação Civil de Improbidade Administrativa” (ACIA) contra Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente, con pedido de destitución preventiva del cargo.