Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

El Ministerio Público de Joinville promovió una acción civil pública en contra del corporativo H. Carlos Schneider S/A Comercio e Industria y Otros, por rellenar y drenar un bosque de manglares en una propiedad urbana, a pesar de los organismos medioambientales Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) e Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) emitieron uniones técnicas negativas para realizar obras en dicha propiedad.

Este caso histórico se presentó por primera vez en 1993. La acción judicial denunció que desde 1964 hasta 1992, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó en la Amazonía ecuatoriana donde vertió más de 16.000 millones de galones de desechos tóxicos, afectando a aproximadamente 30.000 personas, incluidas comunidades indígenas-; fue una de las primeras sentencias en la historia de Ecuador en que las comunidades afectadas se enfrentaron a una compañía petrolera y obtuvieron una sentencia judicial.

Un grupo de organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales (ONG), usuarios de tierras privadas,  activistas y profesionales independientes aglomerados en un grupo llamado Grenada Land  Actors (GLA), demandaron a la Autoridad de Planificación y Desarrollo, debido a que entre octubre de 2019 y junio de 2023, aprobó tres proyectos de desarrollo  a gran escala que amenazan el medio ambiente y comunidades locales situadas en el Monte Hartman en St. George, en La Sagesse en St.

En 2018, con el apoyo y la solidaridad de otras naciones indígenas y organizaciones alineadas con la lucha, representantes del pueblo A’i Cofán Sinangoe interpusieron una acción de amparo contra cinco ministerios y organismos gubernamentales, para que se suspendieran varias concesiones mineras otorgadas en las zonas ribereñas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes.

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

El Ministerio Público Federal (MPF) interpuso una Acción Civil Pública contra el Estado de Pará y el Municipio de Santarém con el fin de exigir que el licenciamiento ambiental de obras portuarias y de hidrovías en Santarém incluyera obligatoriamente estudios de impacto ambiental, climático, indígena y quilombola, así como la consulta libre, previa e informada (CLPI) a los pueblos y comunidades tradicionales potencialmente afectados.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, contra la Unión Federal y el Estado de São Paulo, debido a conductas omisas y comisivas que vulneran el deber constitucional de protección de los biomas Cerrado y Mata Atlántica, gravemente afectados por los incendios forestales ocurridos en 2024.

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de