Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A.

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

Un grupo de ciudadanos colombianos presentaron ante la Corte Constitucional una Acción Publica de inconstitucionalidad (API) motivada por el persistente incumplimiento del Gobierno nacional a sus deberes de delimitación, zonificación y ordenación ambiental del territorio, en particular de los ecosistemas más vulnerables y relevantes del país, como son los páramos.

La Corporación Privada para el Desarrollo del Aysén (CODESA) junto con la Corporación Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), y Hugo Díaz Manríquez, interpusieron una Reclamación por inobservancia de sus observaciones ciudadanas, contra la resolución que aprobó el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, presentado por la empresa Energía Austral al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander y diversas comunidades campesinas iniciaron una acción legal debido a que la Agencia Nacional de Minería (ANM), otorgó licenciamiento a la empresa Zurich Internacional Trading, titular del proyecto de explotación de carbón y principal empresa señalada por las comunidades, debido a inconsistencias en los instrumentos que sustentan el proyecto minero.

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

Las organizaciones Asociación Civil por la Justicia Ambiental, Foro Ecologista de Paraná y un grupo de niños y niñas residentes de la Ciudad de Rosario, representados por sus padres, presentaron una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de la Ciudad de Victoria, por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná, y en contra la Provincia de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires -en vi

En 2013, el colectivo Yasunidos y otros impulsaron una iniciativa de consulta popular para que la ciudadanía decidiera si el petróleo del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) debía permanecer indefinidamente bajo el subsuelo del Parque Nacional Yasuní. El proceso fue objeto de diversas controversias administrativas relacionadas con la validación de firmas y la actuación de las autoridades electorales, lo que impidió que la consulta se realizara durante casi una década.