Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Las organizaciones Asociación Civil por la Justicia Ambiental, Foro Ecologista de Paraná y un grupo de niños y niñas residentes de la Ciudad de Rosario, representados por sus padres, presentaron una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de la Ciudad de Victoria, por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná, y en contra la Provincia de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires -en virtud del Princi

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

La Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó una demanda ante el Juzgado Federal de Mercedes contra la empresa Araucaria Energy S.A. por acción preventiva de daño ambiental sobre la construcción, la instalación y/ operación de la Central Termoeléctrica Luján II.

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

AIDA, la Agrupación de mujeres MUZOSARE y la organización de la sociedad civil Chile Sustentable interpusieron recurso de invalidación administrativa ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que invalide la norma que ese mismo órgano dictó en octubre de 2021, y que regula la figura del gas inflexible para todo el territorio nacional. Esta figura otorga prioridad para ingresar a la matriz a la electricidad producida por la combustión de gas fósil. Prioridad que desplaza las otras fuentes de generación de energía incluídas las renovables.

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de diversas autoridades mexicanas por la elaboración y aprobación de la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), actualizadas en 2020, aduciendo que vulneran el derecho a un ambiente sano y el principio de progresividad al (i) flexibilizar la meta no condicionada de reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación con la meta establecida en 2015, (ii) aumentar la línea base business as usual (BAU) y (iii) posibilitar una