La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de diversas autoridades mexicanas por la elaboración y aprobación de la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), actualizadas en 2020, aduciendo que vulneran el derecho a un ambiente sano y el principio de progresividad al (i) flexibilizar la meta no condicionada de reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación con la meta establecida en 2015, (ii) aumentar la línea base business as usual