Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones 789/2017 y 813/2017, emitidas por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA), la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

La Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó una demanda ante el Juzgado Federal de Mercedes contra la empresa Araucaria Energy S.A. por acción preventiva de daño ambiental sobre la construcción, la instalación y/ operación de la Central Termoeléctrica Luján II.

El 9 de abril de 2018, la ONG OIKOS Red Ambiental presentó una demanda de inconstitucionalidad e inconvencionalidad contra el Decreto N.º 248/2018 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales (fracking).

En agosto de 2021, el  Jefe de la Tribu de la Comunidad Nativa Atacameños del Altiplano de Argentina, presentó, en representación de su comunidad, una acción de amparo ambiental contra el Estado y la Provincia de Catamarca ante el Tribunal de Justicia de Catamarca, Argentina.

El 10 de marzo de 2021, Greenpeace México promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y al Programa Nacional de Desarrollo del Sector Eléctrico 2020-2034. En su demanda, Greenpeace también pidió que se suspenda la implementación de ambas regulaciones.

El 22 de junio de 2022, Greenpeace México presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en contra del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (PRODESEN 2022-2036), instrumento de política pública nacional respecto del desarrollo del sistema eléctrico, en tanto que con ella se posibilita el desacato o incumplimiento de los compromisos climáticos de reducción de emisiones, debido a la falta de fomento del u

El 22 de noviembre de 2022, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda ante los Tribunales Federales de Distrito de Puerto Rico, buscando responsabilizar a las compañías de carbón, petróleo y gas por las pérdidas resultantes de las tormentas durante la temporada de huracanes de 2017 y las continuas pérdidas económicas desde entonces. Las acusaron de engañar al público sobre el cambio climático y conspirar para suprimir alternativas de energía limpia. 

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

Integrantes del Senado de México promovieron recurso constitucional en contra del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021. Se argumenta que estos cambios afectaban a la libre competencia, el medio ambiente, y compromisos y obligaciones internacionales en materia ambiental y de cambio climático del Estado mexicano, por las siguientes razones:

En julio de 2024, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra de empresas multinacionales de energía y petroquímica y sus subsidiarias, a fin de  resarcir los daños ambientales ocasionados a la Isla mediante prácticas comerciales ilegales.