Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, contra la Unión Federal y el Estado de São Paulo, debido a conductas omisas y comisivas que vulneran el deber constitucional de protección de los biomas Cerrado y Mata Atlántica, gravemente afectados por los incendios forestales ocurridos en 2024.

El Partido Democrático Trabalhista (PDT) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que instituyó la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio). El partido sostiene que la ley es formal y materialmente inconstitucional.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

El Instituto Internacional Arayara presentó una Acción Autónoma de Producción Anticipada de Pruebas contra la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y la Unión Federal. El objetivo central giró en torno a la obtención de información oficial para esclarecer el impacto climático asociado a la oferta continua de bloques para exploración de petróleo y gas realizada por la ANP.

Se trata de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el Partido Renovação Democrática (PRD) ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción impugna diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que establece la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), así como disposiciones del Decreto nº 9.888/2019, de la Resolución ANP nº 791/2019 y de la Portaría Normativa nº 56/2022 del Ministerio de Minas y Energía.

El partido REDE presentó una acción contra el Decreto Presidencial 10.224/2020, que modificó la composición del consejo deliberativo del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), excluyendo la participación de la sociedad civil. Antes del decreto, el consejo estaba integrado por 17 representantes —9 del gobierno y 8 de la sociedad civil—, garantizando el control social sobre la ejecución de recursos públicos destinados a proyectos socioambientales en todo el país.

El Procurador General de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) contra la Ley Municipal n.º 4.968/2019 de Eldorado do Sul, que revisó el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y Ambiental del Municipio.

El demandante sostuvo que la norma fue aprobada sin la participación popular obligatoria durante el proceso legislativo y sin la elaboración de estudios ambientales previos, lo que vulnera la Constitución Estadual y la Constitución Federal.

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de

Una Coalición de ONGs, academia e investigadores conformada por AIDA, CAJAR, CINEP, CENSAT, POLEN transiciones justas, Universidad del Magdalena y Paola Yanguas, el pasado 4 de mayo del 2023, presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la caracterización y gestión de los impactos climáticos generados por el sector carbón, con el fin de que se adopten las medidas

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó).