Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Esta es una Acción Civil Pública (ACP) presentada por el Ministerio Público de  São Paulo contra el Estado de São Paulo y la Fundación Forestal (Fundación para la Conservación y Producción de Bosques del Estado de São Paulo), ante el avance de graves procesos de erosión y desequilibrio ecológico del Parque Estatal Isla del Cardoso, ubicado en el municipio de Cananéia, en el Estado de São Paulo, que impactan el modo de vida y la seguridad de las comunidades tradicionales de la región. 

La Organización El Puente Puerto Rico, promovió una Petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Comité de Expertos (CEACC), con el fin de exigir el cumplimiento de la Ley 33-2019. Solicitaron que el DRNA actualizara y publicara el Inventario de Gases. Tras numerosos incidentes procesales, el 18 de noviembre de 2022, el Foro Primario dictó Sentencia, mediante la cual expidió el Mandamus solicitado por El Puente. 

El 10 de diciembre de 2020, miembros de la Nación Waorani y organizaciones no gubernamentales, promovieron una acción de protección ante la Unidad Judicial en la región amazónica, debido a que la petrolera china PetroOriental S.A. contaminaba territorios ancestrales y violentaba sus derechos constitucionales, por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático. 

El 11 de enero de 2024, Greenpeace Países Bajos y ocho ciudadanos de la isla de Bonaire demandaron al Estado neerlandés por violar los derechos de los habitantes de la isla caribeña de Bonaire al no asumir adecuada y oportunamente su responsabilidad de frenar el cambio climático.

Esta Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) fue presentada por el partido Rede Sustentabilidade contra las Resoluciones CONAMA 500/2020 y 499/2020. La primera derogó normas que regulaban el licenciamiento de la irrigación y definían Áreas de Preservación Permanente (APP) en embalses, manglares y restingas; la segunda modificó el licenciamiento para quema de residuos en hornos rotativos.

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió una acción civil públicacontra el Estado de São Paulo, la CETESB y el IBAMA, buscando la suspensión y anulación de todas las licencias y autorizaciones emitidas por el órgano ambiental estadual para la quema controlada de la paja de caña de azúcar en los municipios de la Subsección Judicial de Campinas.

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió demanda de Acción Civil Pública (ACP) con pedido de tutela de urgencia, contra Sebastião da Costa Mariano, por la deforestación ilegal de 903,22 hectáreas de selva nativa en el municipio de Boca do Acre/AM, dentro de la "Tierra de Cultivo Buen Lugar", área pública de la Unión. 

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP), con solicitud de medida cautelar, interpuesta por las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), y el Gobierno Federal, buscando la declaración de nulidad de la Resolución Interpretativa 7036900/2020 de IBAMA, que eliminó la necesidad de autorización emitida por la agencia para la exportación de productos madereros y subproductos de especies nativas. 

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

El Ministerio Público de Mato Grosso interpuso una Acción civil en contra de Nelson Naború Yabuta por la deforestación de árboles nativos dentro de su hacienda privada, ubicada en un área de preservación de la comunidad de Juara, Mato Grosso.