Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Ejido Río Playa presentó una demanda para impugnar la formulación, ejecución y publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida de la Reserva Ecológica de Rio Playa, argumentando que no se priorizó la participación de las personas guardianas del territorio, quienes son fundamentales para la preservación de la naturaleza, en este caso, los ejidatarios.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (en adelante Acuerdo modificatorio), publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

Seis asociaciones civiles, junto con el colectivo #JóvenesPorNuestroFuturo, conformado por más de 20 agrupaciones de jóvenes, presentaron una demanda de amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

En 2021, un grupo de 214 jóvenes presentaron una demanda de amparo en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. El principal argumento de la demanda de amparo es que el Estado Mexicano está obligado constitucionalmente a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

El 29 de julio de 2022, nueve residentes de St. Ann presentaron ante la Corte Suprema de Jamaica una demanda constitucional contra el Gobierno, por otorgar una licencia de extracción de bauxita a Noranda Jamaica Bauxite Partners, Noranda Jamaica Partners II y New Day Aluminum Ltd. 

Entre los principales argumentos, señalaron que las actividades de las empresas afectaban negativamente sus vidas, salud, medios de vida y el medio ambiente. 

El Ministerio Público de Mato Grosso interpuso una Acción civil en contra de Nelson Naború Yabuta por la deforestación de árboles nativos dentro de su hacienda privada, ubicada en un área de preservación de la comunidad de Juara, Mato Grosso.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

El 21 de setiembre del 2023, el Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes presentó una solicitud de datos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  relacionada esta a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que sintetiza las metas climáticas que el país asumió ante el Acuerdo de París.

Una Coalición de ONGs, academia e investigadores conformada por AIDA, CAJAR, CINEP, CENSAT, POLEN transiciones justas, Universidad del Magdalena y Paola Yanguas, el pasado 4 de mayo del 2023, presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la caracterización y gestión de los impactos climáticos generados por el sector carbón, con el fin de que se adopten las medidas