Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

Las organizaciones Asociación Civil por la Justicia Ambiental, Foro Ecologista de Paraná y un grupo de niños y niñas residentes de la Ciudad de Rosario, representados por sus padres, presentaron una Acción de Amparo Colectivo Ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra de la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de la Ciudad de Victoria, por las omisiones e incumplimientos en relación al deber de preservar la integridad de los humedales del Delta del Paraná, y en contra la Provincia de Santa Fe y de la Provincia de Buenos Aires -en vi

La Confederación Mapuche de Neuquén, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas interpusieron una denuncia penal en contra de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y de la Subsecretaría de Ambiente, y de las empresas Y.P.F. S.A y SPM Argentina S.A.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores independientes dedicados a la pesca artesanal demandaron por daño ambiental a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Los demandantes indicaron que las unidades Bocamina 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Bocamina, propiedad de la empresa en cuestión, llevaba años emitiendo sustancias químicas como arsénico, cromo, zinc y mercurio entre otros, en niveles que superan los máximos permitidos por las leyes chilenas.

En el año 2020, personas pertenecientes a la comunidad de Mejillones, solicitaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que se revisara una resolución de calificación ambiental de la termoeléctrica Angamos en el año 2007.

AIDA, la Agrupación de mujeres MUZOSARE y la organización de la sociedad civil Chile Sustentable interpusieron recurso de invalidación administrativa ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que invalide la norma que ese mismo órgano dictó en octubre de 2021, y que regula la figura del gas inflexible para todo el territorio nacional. Esta figura otorga prioridad para ingresar a la matriz a la electricidad producida por la combustión de gas fósil. Prioridad que desplaza las otras fuentes de generación de energía incluídas las renovables.

El caso surgió a partir de la aprobación ambiental del proyecto "Central Eléctrica Canelillo", una central de generación eléctrica de respaldo a base de diésel con una capacidad de 120 MW, ubicada en la Región de Coquimbo.

Habitantes de Tocopilla, acompañados por las organizaciones ambientales Chile Sustentable, Greenpeace y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago solicitando se ordene el cese inmediato de la quema forzada y acelerada de los excedentes de carbón de la central termoeléctrica Norgener (compuesta por las unidades Norgener 1 y 2) de la empresa AES Andes SA, que ascienden a 94.000 toneladas.

La Organización Amigos del Río Guaynabo, Inc. demandó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por incumplir con la Ley 33-2019, la cual exige la creación de un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. El DRNA no ha cumplido con su obligación de desarrollar y publicar el plan requerido por la Ley 33-2019, siendo que la ley establecía un plazo de un año desde su aprobación en 2019, pero después de más de cinco años, el plan aún no existe. 

Marco Antonio Arana Zegarra promovió una demanda de amparo contra la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, expedida por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga presentado por Minera Yanacocha S.R.L.