Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2019, la organización Greenpeace México promovió un amparo en contra del Programa para Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (en adelante Programa), emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado México, aduciendo que el mismo viola el derecho humano al ambiente sano al incumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-020-SSA1-2014 “Salud ambiental.

Un ciudadano residente de la Ciudad de México promovió un amparo en contra de la modificación a la NOM-016-CRE-2016 Especificaciones de calidad de los petrolíferos, expedida por la Comisión Reguladora de Energía. La modificación consistía en aumentar el porcentaje de etanol en las gasolinas de un 5.8% a un 10% fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Zona Metropolitana de Monterrey.

Dos ciudadanas mexicanas demandaron vía juicio de amparo la remoción, relleno y fragmentación del manglar ubicado en la Laguna del Carpintero en Tamaulipas, ocasionado por la construcción ilegal – por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente- del Parque Temático Ecológico de la Laguna del Carpintero.

En diciembre de 2016, se incorporaron cuatro impuestos a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas como parte del capítulo denominado "Impuestos Ecológicos": (i) remediación ambiental en la extracción de materiales; (ii) emisión de gases a la atmósfera; (iii) emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; y (iv) depósito o almacenamiento de residuos.

La CNDH recibió una queja por la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes contenidos en las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, así como por la inadecuada distribución en el territorio nacional de gasolina y diésel de buena calidad (que asegure adecuado funcionamiento de vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera).

En 2021, un grupo de 214 jóvenes presentaron una demanda de amparo en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. El principal argumento de la demanda de amparo es que el Estado Mexicano está obligado constitucionalmente a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (en adelante Acuerdo modificatorio), publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Dos ONGs, Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A.C., y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpusieron una demanda de amparo contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnando la "Resolución No. A/018/2023", que actualiza los valores de referencia de las metodologías para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la cogeneración eficiente, así como el porcentaje de energía libre de combustibles.

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.