Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En diciembre de 2024, dos ciudadanas guyanesas, interpusieron un recurso de revisión judicial contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ante la omisión de incluir las emisiones de Alcance 3 en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto petrolero Hammerhead de ExxonMobil. Las emisiones de Alcance 3 se refieren a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero resultantes del uso final de combustibles fósiles; en este caso, el petróleo producido y el quemado en otros lugares. 

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

El 26 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Núm.

La Ley General de Cambio Climático de México se publicó en el año 2012, y contemplaba el Fondo de Cambio Climático, un fideicomiso público creado para incrementar los recursos existentes para abordar el cambio climático cuyo objetivo fue el de atraer y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar la implementación de acciones para abordar el cambio climático. 

En 2004, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de exploración minera a la empresa EXMIBAL, que fue transferida posteriormente a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

La licencia de explotación fue concedida en 2006, sin una consulta adecuada a la comunidad. Eso, junto con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental solo en español y no en idioma maya Q’eqchi’, llevó a una serie de conflictos legales y sociales.

El Poder Ejecutivo Federal de México presentó una Acción de Inconstitucionalidad en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial del estado de Baja California que reforma artículos que regulan el impuesto ambiental en la Ley de Hacienda local.

En agosto del 2023, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, “IDLADS PERÚ”) inició una acción de cumplimiento de la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático contra el Ministerio del Ambiente, Ley N°30754, la cual señala que el Ministerio del Ambiente debía presentar al Poder Ejecutivo una propuesta de fondo de garantía para la inversión en energía renovables y limpias, seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, investigación, desarrollo tecnol

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c

El 31 de marzo de 2025, el Quinto Juzgado, Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una sentencia a favor del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS Perú), ordenando al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-2022-MINAM que declara la emergencia climática en Perú, aprobado en 2022.  

Dos ONGs, Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A.C., y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpusieron una demanda de amparo contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnando la "Resolución No. A/018/2023", que actualiza los valores de referencia de las metodologías para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la cogeneración eficiente, así como el porcentaje de energía libre de combustibles.