Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones dentro del cerro de Fierro Urco, reconocida como una zona de importancia hídrica de donde nacen cuatro ríos importantes para la región, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, agua, ambiente sano y ecológicamente equilibrado de lo

Dos ONGs (Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A.C. y Centro Mexicano de Derecho Ambiental) interpusieron una demanda de amparo en contra de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnando la "Resolución No.

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de diversas autoridades mexicanas por la elaboración y aprobación de la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), actualizadas en 2020, aduciendo que vulneran el derecho a un ambiente sano y el principio de progresividad al (i) flexibilizar la meta no condicionada de reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación con la meta establecida en 2015, (ii) aumentar la línea base business as usual (BAU) y (iii) posibilitar una

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de (i) diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), reformadas y adicionadas mediante decreto publicado el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; (ii) el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (también conocido como PRODESEN) de la Secretaría de Energía; (iii) el Plan de Negocios 2021-2025 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y (iv) el Plan de Fortalecimiento de la Industria Eléctrica de la CFE.

En 2019, la organización Greenpeace México promovió un amparo en contra del Programa para Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (en adelante Programa), emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado México, aduciendo que el mismo viola el derecho humano al ambiente sano al incumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-020-SSA1-2014 “Salud ambiental.

Un ciudadano residente de la Ciudad de México promovió un amparo en contra de la modificación a la NOM-016-CRE-2016 Especificaciones de calidad de los petrolíferos, expedida por la Comisión Reguladora de Energía. La modificación consistía en aumentar el porcentaje de etanol en las gasolinas de un 5.8% a un 10% fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Zona Metropolitana de Monterrey.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (en adelante Acuerdo modificatorio), publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).