La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

Seis activistas de las organizaciones Fridays for Future y Engajamundo demandaron a través de una acción popular en contra del gobierno de Brasil por el cambio en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentadas en 2020, alegando que usaron una “maniobra de carbono” para disminuir las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), adoptadas en su anterior NDC de 2015.

El señor Esteban Antonio Lagos, miembro del Grupo de Litigio de Interés Público (GLIP) de la Universidad del Norte, interpuso una acción de nulidad simple en contra del Ministerio de Minas y Energía, por la expedición del Decreto n.° 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014.

25 jóvenes de 17 ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; las tres Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en la Amazonía, y 14 municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, por sus omisiones en el cumplimiento de su deber de protección ambie

Comunidades indígenas del pueblo Wayúu en la Guajira, ante el desvío del arroyo Bruno realizado por la empresa Carbones del Cerrejón, iniciaron un proceso de defensa de este importante arroyo, el cual es uno de los principales afluentes del río Ranchería, principal río de este departamento colombiano, y que a su vez lo rodea el bosque seco tropical, ecosistema estratégico, dado el riesgo de extinción bajo el cual se encuentra.

Un grupo de residentes y organizaciones de las comunas de Puchuncaví y Quintero, coordinadas por la organización Defensoría Ambiental, presentaron 12 acciones de protección de garantías constitucionales por la afectación a los derechos a la vida, salud y medio ambiente libre de contaminación, cuatro de las acciones se interpusieron en contra de diversas empresas que operan en la zona de sacrificio Complejo Industrial Ventanas por la generación de gases y compuestos químicos que ocasionaron una intoxicación masiva en el área, las otras ocho se presentaron en contra de diversas re

Comunidades indígenas Wayúu, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y congresistas, promovieron una acción de nulidad contra el permiso ambiental que unifica la explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria del megaproyecto carbonífero a cielo abierto más grande de Latinoamérica ubicado en la Guajira, Colombia a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón de propiedad de las multinacionales BHP, AngloAmerican y Glencore.

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la Corporación para el Desarrollo del Oriente y otros, presentaron una Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Agencia Nacional de Minería (ANM);  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), por no ejercer sus deberes constitucionales que los obliga a proteger la integridad del ecosistema de Alta Montaña de Santurbán y por haber permitido, la presencia del proyecto de m

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.