Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

Marco Antonio Arana Zegarra promovió una demanda de amparo contra la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, expedida por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Conga presentado por Minera Yanacocha S.R.L.

Un grupo de menores de edad (nacidos entre 2005 y 2011) representados por sus padres y madres promovieron un amparo constitucional en contra del Estado peruano, demandando su omisión de formular y ejecutar una política pública de alcance nacional y planes de acción regionales con medidas concretas para frenar la deforestación de la Amazonía peruana.

La organización Greenpeace México presentó una demanda de amparo en contra del PROSENER 2020-2024, de la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y del desvío de los recursos asignados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, previstos en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

La CNDH recibió una queja por la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes contenidos en las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, así como por la inadecuada distribución en el territorio nacional de gasolina y diésel de buena calidad (que asegure adecuado funcionamiento de vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera).

Dos ciudadanas mexicanas demandaron vía juicio de amparo la remoción, relleno y fragmentación del manglar ubicado en la Laguna del Carpintero en Tamaulipas, ocasionado por la construcción ilegal – por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente- del Parque Temático Ecológico de la Laguna del Carpintero.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpuso una demanda amparo en contra de la Resolución RES/893/2020, de veintiocho de mayo de 2020 y del Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil veinte, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los que se aumentó de manera desproporcionada (desde un 500% y hasta un 800%) las tarifas que los generadores de energía eléctrica por fuentes renovables deben pagar por concepto de servicio de transmisión de la energía transmitida a los usuarios (Tar

Un ciudadano residente de la Ciudad de México promovió un amparo en contra de la modificación a la NOM-016-CRE-2016 Especificaciones de calidad de los petrolíferos, expedida por la Comisión Reguladora de Energía. La modificación consistía en aumentar el porcentaje de etanol en las gasolinas de un 5.8% a un 10% fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la Zona Metropolitana de Monterrey.

En 2019, la organización Greenpeace México promovió un amparo en contra del Programa para Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (en adelante Programa), emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado México, aduciendo que el mismo viola el derecho humano al ambiente sano al incumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-020-SSA1-2014 “Salud ambiental.

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de diversas autoridades mexicanas por la elaboración y aprobación de la revisión de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), actualizadas en 2020, aduciendo que vulneran el derecho a un ambiente sano y el principio de progresividad al (i) flexibilizar la meta no condicionada de reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en relación con la meta establecida en 2015, (ii) aumentar la línea base business as usual