Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpuso una demanda amparo en contra de la Resolución RES/893/2020, de veintiocho de mayo de 2020 y del Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil veinte, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los que se aumentó de manera desproporcionada (desde un 500% y hasta un 800%) las tarifas que los generadores de energía eléctrica por fuentes renovables deben pagar por concepto de servicio de transmisión de la energía transmitida a los usuarios (Tar

Dos ciudadanas mexicanas demandaron vía juicio de amparo la remoción, relleno y fragmentación del manglar ubicado en la Laguna del Carpintero en Tamaulipas, ocasionado por la construcción ilegal – por no contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente- del Parque Temático Ecológico de la Laguna del Carpintero.

La CNDH recibió una queja por la falta de actualización de los límites máximos de contaminantes contenidos en las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de salud ambiental, así como por la inadecuada distribución en el territorio nacional de gasolina y diésel de buena calidad (que asegure adecuado funcionamiento de vehículos automotores y bajas emisiones a la atmósfera).

La organización Greenpeace México presentó una demanda de amparo en contra del PROSENER 2020-2024, de la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y del desvío de los recursos asignados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, previstos en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

En 2021, un grupo de 214 jóvenes presentaron una demanda de amparo en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021. El principal argumento de la demanda de amparo es que el Estado Mexicano está obligado constitucionalmente a llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Seis asociaciones civiles, junto con el colectivo #JóvenesPorNuestroFuturo, conformado por más de 20 agrupaciones de jóvenes, presentaron una demanda de amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (en adelante Acuerdo modificatorio), publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Dos ONGs, Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A.C., y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpusieron una demanda de amparo contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnando la "Resolución No. A/018/2023", que actualiza los valores de referencia de las metodologías para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la cogeneración eficiente, así como el porcentaje de energía libre de combustibles.

Integrantes del Senado de México promovieron recurso constitucional en contra del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021. Se argumenta que estos cambios afectaban a la libre competencia, el medio ambiente, y compromisos y obligaciones internacionales en materia ambiental y de cambio climático del Estado mexicano, por las siguientes razones:

El Ejido Río Playa presentó una demanda para impugnar la formulación, ejecución y publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida de la Reserva Ecológica de Rio Playa, argumentando que no se priorizó la participación de las personas guardianas del territorio, quienes son fundamentales para la preservación de la naturaleza, en este caso, los ejidatarios.