Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La organización Greenpeace México promovió un amparo en contra de (i) diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), reformadas y adicionadas mediante decreto publicado el 9 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación; (ii) el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2020-2034 (también conocido como PRODESEN) de la Secretaría de Energía; (iii) el Plan de Negocios 2021-2025 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y (iv) el Plan de Fortalecimiento de la Industria Eléctrica de la CFE.

La organización Greenpeace México presentó una demanda de amparo en contra del PROSENER 2020-2024, de la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y del desvío de los recursos asignados para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, previstos en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

Seis asociaciones civiles, junto con el colectivo #JóvenesPorNuestroFuturo, conformado por más de 20 agrupaciones de jóvenes, presentaron una demanda de amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.

Un grupo de jóvenes, acompañados por la organización Defensa Ambiental del Noroeste promovieron una demanda de amparo contra el gobierno mexicano para exigir que cumpla con la Ley General del Cambio Climático y expida los reglamentos y políticas públicas que derivan de ella.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpuso una demanda amparo en contra de la Resolución RES/893/2020, de veintiocho de mayo de 2020 y del Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil veinte, emitidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de los que se aumentó de manera desproporcionada (desde un 500% y hasta un 800%) las tarifas que los generadores de energía eléctrica por fuentes renovables deben pagar por concepto de servicio de transmisión de la energía transmitida a los usuarios (Tar

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron un par de proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas, propiedad de Energy Resources Capital Corporation registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

Defensores ambientales ecuatorianos liderados por el abogado Yaku Pérez  y comunidades de la zona del páramo de Quimsacocha promovieron en mayo de 2022 una acción de protección contra la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals solicitando  realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades de la zona, ante el proyecto minero Loma Larga, por las actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica del sist

El 26 de abril de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte IDH. Esta acción fue promovida por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, denunciando el ingreso no autorizado de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y la fuerza pública ecuatoriana en su territorio entre 2002 y 2003.

El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay, interpusieron una acción de protección por la vulneración de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada con el apoyo de la Federación de Organizaciones indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (UNAGUA) y la iglesia de Cuenca.