Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Seis activistas de las organizaciones Fridays for Future y Engajamundo demandaron a través de una acción popular en contra del gobierno de Brasil por el cambio en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentadas en 2020, alegando que usaron una “maniobra de carbono” para disminuir las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), adoptadas en su anterior NDC de 2015.

En 2018, la nacionalidad Waorani de Pastaza demandó al Estado ecuatoriano por intentar subastar sus tierras para la explotación petrolera sin realizar una consulta previa, libre e informada adecuada, como lo exige la Constitución y los tratados internacionales. Aunado a lo anterior argumentaron la violación del derecho a un medio ambiente sano, el incumplimiento de responsabilidades estatales y la  protección de territorios ancestrales y biodiversidad.

En 2018, con el apoyo y la solidaridad de otras naciones indígenas y organizaciones alineadas con la lucha, representantes del pueblo A’i Cofán Sinangoe interpusieron una acción de amparo contra cinco ministerios y organismos gubernamentales, para que se suspendieran varias concesiones mineras otorgadas en las zonas ribereñas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes.

El 17 de mayo de 2018, los comuneros de la parroquia Molleturo, en la provincia de Azuay, interpusieron una acción de protección por la vulneración de sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada con el apoyo de la Federación de Organizaciones indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), la Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (UNAGUA) y la iglesia de Cuenca.

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

Defensores ambientales ecuatorianos liderados por el abogado Yaku Pérez  y comunidades de la zona del páramo de Quimsacocha promovieron en mayo de 2022 una acción de protección contra la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals solicitando  realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades de la zona, ante el proyecto minero Loma Larga, por las actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y en todas las zonas de recarga y regulación hídrica del sist

En el año 2021, una pareja de campesinos promovió una acción de tutela contra diferentes entidades públicas, entre ellas la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), porque se vieron desplazados y obligados a abandonar las tierras donde vivían y trabajaban, debido a las múltiples inundaciones del río Bojabá en el Departamento de Arauca.

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”.