Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En el año 2021, una pareja de campesinos promovió una acción de tutela contra diferentes entidades públicas, entre ellas la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), porque se vieron desplazados y obligados a abandonar las tierras donde vivían y trabajaban, debido a las múltiples inundaciones del río Bojabá en el Departamento de Arauca.

En diciembre de 2022, doce personas Pastos de los resguardos Cumbal, Mayasquer, Panam y Chiles de Nariño, Colombia, se enteraron de la existencia de un contrato entre la autoridad de la comunidad indígena de Gran Cumbal y SVP Business SAS para la compra de bonos de carbono relacionados con el proyecto REDD+ “Pachamama Cumbal”. 

La demanda de amparo presentada por la comunidad nativa Puerto Franco y el Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), en 2020 tuvo como objetivo obtener protección del derecho a la propiedad comunal que incluye el acceso y control de sus recursos naturales en su territorio, y a la consulta previa de los actos administrativos y medidas administrativas, que han generado dos problemas fundamentales, por un lado, la configuración de hechos lesivos como son el despojo territorial y la imposición de un esquema de conservación excluyente, con la c

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

Integrantes del Senado de México promovieron recurso constitucional en contra del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021. Se argumenta que estos cambios afectaban a la libre competencia, el medio ambiente, y compromisos y obligaciones internacionales en materia ambiental y de cambio climático del Estado mexicano, por las siguientes razones:

Dos ONGs, Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A.C., y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), interpusieron una demanda de amparo contra la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnando la "Resolución No. A/018/2023", que actualiza los valores de referencia de las metodologías para calcular la eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la cogeneración eficiente, así como el porcentaje de energía libre de combustibles.

El Ejido Río Playa presentó una demanda para impugnar la formulación, ejecución y publicación del Programa de Manejo del Área Natural Protegida de la Reserva Ecológica de Rio Playa, argumentando que no se priorizó la participación de las personas guardianas del territorio, quienes son fundamentales para la preservación de la naturaleza, en este caso, los ejidatarios.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron una demanda de amparo en contra del Acuerdo por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos (en adelante Acuerdo modificatorio), publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

Seis asociaciones civiles, junto con el colectivo #JóvenesPorNuestroFuturo, conformado por más de 20 agrupaciones de jóvenes, presentaron una demanda de amparo contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.