Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la Corporación para el Desarrollo del Oriente y otros, presentaron una Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Agencia Nacional de Minería (ANM);  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), por no ejercer sus deberes constitucionales que los obliga a proteger la integridad del ecosistema de Alta Montaña de Santurbán y por haber permitido, la presenc

Integrantes del Senado de México promovieron recurso constitucional en contra del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de marzo de 2021. Se argumenta que estos cambios afectaban a la libre competencia, el medio ambiente, y compromisos y obligaciones internacionales en materia ambiental y de cambio climático del Estado mexicano, por las siguientes razones:

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

El 22 de junio de 2022, Greenpeace México presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en contra del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (PRODESEN 2022-2036), instrumento de política pública nacional respecto del desarrollo del sistema eléctrico, en tanto que con ella se posibilita el desacato o incumplimiento de los compromisos climáticos de reducción de emisiones, debido a la falta de fomento del u

En julio de 2024, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra de empresas multinacionales de energía y petroquímica y sus subsidiarias, a fin de  resarcir los daños ambientales ocasionados a la Isla mediante prácticas comerciales ilegales.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, declaró fundadas dos acciones de cumplimiento interpuestas por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS), para que el Ministerio del Ambiente (MINAM) implementara la Décima y la Décimo Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, aprobado mediante Decreto Supremo N°013-2019-MINAM (RLMCC). 

Un grupo de pescadoras en compañia de la organización Tsikini A.C. del Estado de Colima promovieron en agosto de 2024 un amparo en contra de diversas autoridades, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las afectaciones provocadas por la Central Termoeléctrica Manzanillo (la segunda termoeléctrica más grande de México, que utiliza combustóleo y gas), aduciendo la vulneración del derecho humano a a un medio ambiente sano, a la salud y a la falta de cumplimiento de compromisos climáticos.

En diciembre de 2024, dos ciudadanas guyanesas, interpusieron un recurso de revisión judicial contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ante la omisión de incluir las emisiones de Alcance 3 en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto petrolero Hammerhead de ExxonMobil. Las emisiones de Alcance 3 se refieren a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero resultantes del uso final de combustibles fósiles; en este caso, el petróleo producido y el quemado en otros lugares. 

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.