Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2023 se presentó una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Preservar, la Asociación Gaucha para la Protección del Medio Ambiente Natural AGAPAN y el Centro Amigos de la Tierra – Brasil  contra la Unión Federal, IBAMA, ANEEL, Eletrobras CGT Eletrosul, el Estado de Rio Grande do Sul, FEPAM y la Companhia Riograndense de Mineração (CRM).  Se anexó al proceso n.º 5007143-39.2025.4.04.7110, interpuesto por el Instituto Internacional Arayara.

El partido REDE presentó una acción contra el Decreto Presidencial 10.224/2020, que modificó la composición del consejo deliberativo del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), excluyendo la participación de la sociedad civil. Antes del decreto, el consejo estaba integrado por 17 representantes —9 del gobierno y 8 de la sociedad civil—, garantizando el control social sobre la ejecución de recursos públicos destinados a proyectos socioambientales en todo el país.

En Enero de 2022 el partido político Rede Sustentabilidade (Rede) presenta una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar contra el Gobierno de Brasil, ante la omisión  de asignar recursos al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), así como por falta de monitoreo de la deforestación la ecorregión de “El Cerrado” en Brasil.

El 11 de noviembre de 2020 se presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por parte de los partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI –por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). 

El caso Pinheiro/Braskem se hizo conocido tras un temblor de tierra en marzo de 2018 en Maceió (estado de Alagoas), que provocó grietas, hundimientos y cráteres en los barrios de Pinheiro, Mutange, Bebedouro y Bom Parto. Inicialmente, se barajaron hipótesis sobre fallas en el sistema de alcantarillado o movimientos naturales del suelo.

La presente Acción de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) fue presentada por los partidos PSB, PSOL, Rede, PT, PDT y PCdoB contra la Ley Federal 14.182/2021, que autoriza la desestatización de Eletrobras y modifica elementos centrales del régimen jurídico del sector eléctrico brasileño. La norma resulta de la conversión de la Medida Provisoria (MP) 1.031/2021, enviada por la Presidencia de la República con el objetivo de viabilizar la privatización de la empresa. 

La Rede Sustentabilidade, el PSOL y el PSB interpusieron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI), con solicitud de medida cautelar, contra los artículos 1º a 7º de la Ley Federal 14.299/2022. También solicitaron la admisión del Instituto Internacional Arayara como amicus curiae.

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7146 fue presentada por los partidos PT, PSB, PSOL y Rede Sustentabilidade ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, impugnando la Ley Federal nº 14.285/2021, que modifica el régimen de protección de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) en zonas urbanas.

Se promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina.