Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

En 2018, el Alcalde del cantón Cotacachi y la Procuradora Judicial del Municipio de Cotacachi, presentaron una acción de protección en contra del Ministro del Ambiente y del Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), por el otorgamiento del registro ambiental del Proyecto Minero Río Magdalena (conformada por dos concesiones), que permitiría la minería de minerales metálicos dentro del Bosque Protector Los Cedros, que está declarado como “área de Bosque y Vegetación Protectores”.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A. —subsidiaria de las transnacionales chinas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC)— por la quema y venteo de gas en los mecheros del Bloque 14 de la Región Amazónica Ecuatoriana, realizada durante la extracción de petróleo.

En 2021, un grupo de organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad que busca que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

Dos ONGs (Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A.C. y Centro Mexicano de Derecho Ambiental) interpusieron una demanda de amparo en contra de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), impugnando la "Resolución No.

Organizaciones protectoras del ambiente y un grupo de expertos radican demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, el 12 de enero de 2024, al advertir que el artículo 57 de la Ley 99 era obsoleto. 

Dos ciudadanas del Estado de Veracruz promovieron en 2016 un amparo en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por la autorización de las obras de ampliación del Proyecto del Puerto de Veracruz, aduciendo la vulneración del derecho a un ambiente sano ante la afectación al área natural protegida: Parque Nacional Sist

En 2021, diversas organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad, buscando que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

Campesinas y campesinos de una comunidad alrededor del cerro de Fierro Urco interpusieron una acción de protección en la ciudad de Loja, Ecuador, contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por haber otorgado licencias, registros ambientales y certificados de no afectación a fuentes hídricas de varias concesiones mineras dentro del cerro de Fierro Urco, sin haber garantizado el derecho constitucional a la consulta ambiental, a la protección del agua, los derechos de la Naturaleza y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los habitantes de esta zona. 

En el año 2020, personas pertenecientes a la comunidad de Mejillones, solicitaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que se revisara una resolución de calificación ambiental de la termoeléctrica Angamos en el año 2007.