Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

La Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7146 fue presentada por los partidos PT, PSB, PSOL y Rede Sustentabilidade ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, impugnando la Ley Federal nº 14.285/2021, que modifica el régimen de protección de las Áreas de Preservación Permanente (APPs) en zonas urbanas.

Se trata de una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF), interpuesta por cuatro partidos políticos con solicitud de medida cautelar. El propósito de la acción fue reactivar el proceso sancionador ambiental federal, que según los demandantes había sido paralizado por actos del Gobierno Federal. Los partidos alegaron que el Ejecutivo venía desmontando el sistema nacional de protección ambiental, lo que se reflejaba en el aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y el Pantanal, alcanzando incluso tierras indígenas.

La acción judicial impugna una medida provisional de 2021 que prevé la concesión automática de licencia ambiental para empresas de riesgo medio, impidiendo que los órganos de licenciamiento soliciten información adicional a la transmitida por el solicitante en el sistema de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim).

Se trata de una acción interpuesta por el Partido Verde (PV) contra dos Decretos Presidenciales (n. 10.341/2020 y n. 10.539/2020) y una Ordenanza del Ministerio de la Defensa (n. 1.804/2020) que autorizaban la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a crímenes ambientales y focos de incendio “en la franja fronteriza, en tierras indígenas, en unidades federales de conservación ambiental y en otras áreas federales de los estados de la Amazonia Legal”.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

La Confederación Mapuche de Neuquén, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas interpusieron una denuncia penal en contra de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente y de la Subsecretaría de Ambiente, y de las empresas Y.P.F. S.A y SPM Argentina S.A.

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que:

En agosto de 2021, el  Jefe de la Tribu de la Comunidad Nativa Atacameños del Altiplano de Argentina, presentó, en representación de su comunidad, una acción de amparo ambiental contra el Estado y la Provincia de Catamarca ante el Tribunal de Justicia de Catamarca, Argentina.

El 22 de noviembre de 2022, 16 municipios de Puerto Rico presentaron una demanda ante los Tribunales Federales de Distrito de Puerto Rico, buscando responsabilizar a las compañías de carbón, petróleo y gas por las pérdidas resultantes de las tormentas durante la temporada de huracanes de 2017 y las continuas pérdidas económicas desde entonces. Las acusaron de engañar al público sobre el cambio climático y conspirar para suprimir alternativas de energía limpia.