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¿Qué significa que un litigio sea climático?

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De acuerdo con un informe publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años a nivel mundial, consolidándose como una herramienta clave, cada vez más recurrida, para combatir la crisis climática.

 

Más aún, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), declaró, en su sexto informe, que actualmente hay “un acuerdo académico cada vez mayor en el sentido de que el litigio climático se ha convertido en una fuerza poderosa en la gobernanza climática".

 

Es que realmente el litigio climático ha venido para quedarse en la caja de herramientas usada por activistas para promover la acción climática. Y son los niños, niñas, jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y las comunidades locales quienes han asumido el liderazgo en la presentación de estas acciones judiciales.

 

El litigio climático es por esencia un litigio estratégico, lo que significa que busca cambios amplios en la sociedad, que van más allá de un caso particular. Por lo general, esto se logra promoviendo la protección de derechos o cambios en las políticas públicas.

 

Así, estos litigios han servido para responsabilizar a gobiernos, autoridades, empresas y a otros actores no estatales por la crisis climática ante los tribunales, obligándolos —entre otras cosas— a la adopción, implementación y aumento progresivo de medidas concretas para frenar sus emisiones y a mitigar los impactos de la crisis climática.

 

Hace poco más de un año, AIDA lanzó la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, un sitio web de consulta que reúne muchos de los casos de litigio climático en la región. El objetivo detrás de esta iniciativa es promover el intercambio de experiencias diversas para fortalecer los casos en favor de los cambios estructurales que se necesitan.

 

La Plataforma contiene información sistematizada y actualizada de acciones de litigio interpuestas ante cualquier autoridad jurisdiccional (judicial, administrativa, internacional o autónoma). Incluye los argumentos que sustentan los casos, relativos a las obligaciones legales de los Estados y otros actores frente a la crisis climática.

 

Pero la Plataforma alberga también casos que, si bien no se refieren directamente a la crisis climática, contribuyen a la búsqueda de justicia climática en el continente.

 

Y es ahí donde surge la confusión y se gesta la pregunta: ¿Qué hace que un litigio sea considerado como climático?

 

La verdad es que no existe una definición aceptada que permita identificar qué litigios son climáticos y cuáles no. Es un nicho relativamente nuevo en el campo del derecho ambiental y, como muchas cosas en la vida, tiene bordes difusos. Y es que hoy en día nuestro planeta sufre de múltiples crisis, todas interconectadas y muy vinculadas a la degradación ambiental. En este sentido, es posible casi siempre ligar los litigios ambientales, de alguna forma u otra, con el clima cambiante.

 

De todos modos, y con el objetivo de proponer una discusión al respecto, nos atrevemos aquí a reflexionar sobre posibles definiciones que nos den luces y nos permitan delinear este concepto que tanta relevancia está cobrando.

 

Un acercamiento al concepto de litigio climático y a sus elementos

 

Una manera de abordar el asunto acerca de lo que hace que un litigio sea climático pasa por decir que el litigio climático es todo aquel que contiene argumentos relacionados con la crisis climática en su demanda o en la sentencia que lo resuelve.

 

Otro abordaje está relacionado con el objetivo del litigio, pudiendo decir que el litigio climático es todo aquel que tiene un objetivo relacionado con la acción climática. Esto implica una alta complejidad y una variedad importante de casos, muchos entrecruzados. Así, bajo esta definición, entrarían por ejemplo casos que:

 

- buscan la mitigación de las emisiones contaminantes que están causando el calentamiento global;

- demandan el cumplimiento (o aumento) de parte de los Estados de sus compromisos climáticos internacionales;

- promueven medidas de adaptación a los efectos inevitables de la crisis climática;

- demandan la reparación de daños generados por la crisis climática;

- tienen como objetivo hacer que las empresas se responsabilicen por su participación en el problema;

- persiguen cambios regulatorios o en políticas en favor de la acción climática;

- exigen la transparencia o rendición de cuentas de acciones gubernamentales o corporativas relacionadas con la crisis climática;

- piden que instituciones financieras eleven sus estándares para que en sus decisiones consideren el clima y el ambiente;

- buscan detener algún proyecto que pueda ser nocivo para el clima;

- tienen como finalidad proteger ecosistemas, sobre todo aquellos que funcionan como sumideros naturales de carbono;

- en algunas ocasiones, buscan aumentar la toma pública de conciencia respecto de los problemas relacionados con la crisis climática.

 

Una herramienta viva y en crecimiento constante

 

Como se ve, la variedad de casos que pueden llevar la etiqueta de litigio climático es enorme, casi tan amplia como la creatividad de las personas que están poniendo la herramienta en uso.

 

Algo interesante es que, a pesar de ser un concepto más o menos nuevo, el litigio climático se construye sobre sí mismo. Mientras más lo usemos, mientras más pongamos a los tribunales a examinar las obligaciones de empresas y Estados en favor de la acción climática, iremos generando más jurisprudencia, capacidades y experiencias útiles para seguir avanzando.

 

El derecho nacional e internacional se fortalece mediante el uso del litigio climático y es importante mantenerlo vivo y en constante crecimiento, así como vincularlo con la responsabilidad que tienen Estados y empresas de hacerse cargo de la crisis climática, fundada en el derecho humano y universal a un ambiente sano.

 

Es importante aclarar que el litigio estratégico —sea climático o ambiental— es difícil, complejo y oneroso. Requiere de tiempo, recursos, capacidad y dedicación. Iniciar un litigio climático no es una decisión fácil que pueda tomarse a la ligera. Muchas veces no es la mejor opción para lograr un objetivo.

 

Pero sí podemos decir, con toda seguridad, que es una herramienta clave en la acción climática, que ha permitido llevar las voces de personas y grupos en situación de alta vulnerabilidad, con frecuencia invisibilizados, a los foros donde se toman decisiones, donde se hace justicia. Es, además, la última instancia de juego en el campo de lo institucional y lo legal.

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Niños/as, adolescentes y jóvenes ganan juicio climático histórico

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Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una jueza declaró inconstitucional una ley que promovía los combustibles fósiles ignorando sus efectos negativos en el ambiente y en el derecho de las personas vivir en un entorno limpio y saludable. Ocurrió en el estado de Montana como resultado de la demanda interpuesta por un grupo de 16 personas, de entre 5 y 22 años, cuyo triunfo demuestra el coraje de su generación contra la inacción climática.

 

Aunque otros jóvenes han presentado casos similares, este es el primero que llegó a juicio. El caso llevó a la jueza a dictaminar que el estado de Montana violó el derecho de las y los demandantes a un medio ambiente limpio y saludable, garantizado por la constitución estatal. Al anular la ley estatal que prohíbe la consideración de los efectos climáticos durante la revisión ambiental por considerarla inconstitucional, la jueza sentó un precedente importante para el litigio climático.

 

Enlace para mayor información aquí

 

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El caso de Quintero y Puchuncaví en Chile: La búsqueda de justicia y el rol del litigio

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A unas dos horas de la ciudad de Santiago, capital de Chile, está la bahía de Quintero y Puchuncaví, con poco más de 40 mil habitantes. El lugar tiene el potencial para ser un sitio maravilloso donde vivir —con su rica agricultura y generoso mar— que ofrecía pesca artesanal y oportunidades para desarrollar el turismo. Pero dichos modos de vida fueron sacrificados en favor del avance implacable de la actividad industrial intensiva. Hoy, más de 30 empresas diferentes, muchas altamente contaminantes, operan en lugar, haciéndolo un espacio peligroso para vivir. 

 

En la bahía suelen ocurrir envenenamientos masivos de personas adultas y jóvenes que muchas veces terminan en el hospital. También son comunes los varamientos de carbón en las playas, que tiñen la arena. Solo en 2022 se registraron más de 100 episodios. Aunque no ha sido documentado oficialmente, hay evidencias aún más espeluznantes de lo seriamente sacrificada que está la población de este lugar. Muchos niños y niñas requieren educación especializada porque presentan problemas de desarrollo o aprendizaje, y casi todas las personas locales tienen a personas cercanas sufriendo de cáncer u otros males asociados a la exposición a contaminación.

 

La situación afecta sobre todo a niños y niñas, especialmente vulnerables a la contaminación. También es desproporcionado el impacto en las mujeres, quienes muchas veces se ven obligadas a dejar sus trabajos para cuidar de sus familiares enfermos. 

 

Los efectos de la transición energética 

 

El proceso de transición energética en Chile es parte del contexto de lo que ocurre en la bahía. Por muchos años, el país obtuvo más del 50% de su energía de centrales termoeléctricas a carbón. Pero eso está cambiando, mientras la dependencia de los fósiles (que Chile debe importar) está dando paso al uso de energía solar, eólica y de otras fuentes renovables. 

 

Todo esto tiene consecuencias directas en la zona. Tras el Plan de Descarbonización impulsado por el gobierno en 2019, cerraron dos de las cuatro termoeléctricas de AES Andes que operaban en la bahía. Pero ¿qué pasará con las otras dos que aún no tienen fecha de cierre? ¿Y qué pasará con la estela de daño ambiental que dejaron atrás las que ya cerraron? Es hora de hablar de la reparación de la zona para lograr justicia en el territorio.

 

El levantamiento de las comunidades

 

En 2016, un grupo de personas, apoyadas por la organización Defensoría Ambiental, presentaron una demanda por daño ambiental contra el gobierno y todas las empresas operando en el lugar. Recién este año, siete años después, terminó el proceso que llevará a la sentencia. Esa esperada decisión marcará la vida de todas las personas que valientemente se levantaron para visibilizar la injusticia a la que han sido sometidas. 

 

Mientras tanto, en 2019, la Corte Suprema resolvió varios recursos legales de protección por episodios de intoxicaciones masivas, dándole la razón a las comunidades y emitiendo una sentencia histórica, quizás la más importante en materia ambiental en Chile. La sentencia ordena al Estado cumplir con 15 medidas para identificar las fuentes de contaminación y reparar la situación ambiental de la zona. Tristemente, el fallo aún no ha sido implementada correctamente. 

 

Siguiendo con los avances, la Corte Suprema emitió hace poco tres sentencias que hacen referencia al incumplimiento de la sentencia de 2019 y que otorgan herramientas para hacerla cumplir. Pero todavía queda mucho por hacer.

 

¿Y ahora qué?

 

El caso de Quintero-Puchuncaví y los múltiples litigios que se han dado en la zona muestran la importancia del derecho y del litigio como herramientas para que las personas accedan a justicia. El litigio estratégico, ya sea climático o ambiental, no es fácil y no es siempre la mejor opción disponible para lograr un objetivo. Se trata, de hecho, de una opción costosa que requiere de tiempo y dedicación.

 

Pero se trata también de una herramienta clave para avanzar hacia la justicia. En específico, permite llevar las pretensiones de las comunidades a foros formales de toma de decisiones. En el caso de Quintero y Puchuncaví, la Corte Suprema ha reconocido en repetidas ocasiones el problema ambiental con vulneraciones a los derechos humanos que afecta la zona y ha ordenado al Estado tomar medidas urgentes para corregir la situación. Ante la falta de ambición, o la directa vulneración de derechos por parte de los Estados o empresas, han sido los tribunales, requeridos por las personas afectadas, quienes han empujado al poder a posicionarse del lado de la responsabilidad.

 

La justicia llegará, si le damos la oportunidad

 

La localidad de Quintero y Puchuncaví merece la oportunidad de volver a brillar y de alcanzar su máximo potencial como pueblo y balneario costero, colorido y rico en recursos naturales. 

 

Se debe reconocer la injusticia que ha pesado sobre el territorio y sus habitantes, estableciendo mecanismos de reparación, asegurando la no repetición y haciendo partícipes a las personas de la recuperación ambiental en la zona. Es importante también que la transición energética se acompañe de cerca, para que no solo sea, sino que sea justa. 

 

Todo esto puede ser apoyado por el uso del derecho, nacional e internacional, y del litigio. Así, como organización de la sociedad civil experta en el uso del derecho y del litigio, AIDA seguirá siendo parte del tremendo esfuerzo multidisciplinario que se necesita para lograr que las comunidades recobren su capacidad de agencia, ese poder de decidir y de ser parte de las decisiones que les afectan, que hace tantos años les fue arrebatado.

 

Regístrate aquí para participar del seminario virtual “Litigio climático y transición energética en Chile: El caso de Quintero-Puchuncaví”, que tendrá lugar el 21 de noviembre de 2023 entre 9:00-10:30 (Ciudad de México, San José) / 10:00-11:30 (Bogotá, Lima, Quito) / 12:00-13:30 (Brasília, Buenos Aires, Santiago). ¡Más información en el link!

 

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Seis jóvenes de Portugal demandan a 32 países europeos por inacción climática

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El 27 de septiembre, seis jóvenes de Portugal, de entre 11 y 24 años, demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a 32 Estados de la Unión Europea —los 27 que conforman la Unión Europea más Turquía, Rusia, Reino Unido, Noruega y Suiza— por no actuar adecuadamente para enfrentar la crisis climática, lo que significa una vulneración a sus derechos humanos.

 

El detonante fueron los incendios que azotaron Portugal en 2017, un hecho que las y los jóvenes demandantes sufrieron de cerca. Esto les llevó a interponer una acción judicial por la falta de acción política respecto del control de emisiones de gases de efecto invernadero, que llevan a más incendios y otros desastres asociadas al clima cambiante. 

 

El objetivo es conseguir una sentencia vinculante del Tribunal que obligue a los Estados a tomar medidas concretas hacia la transición energética, frenando así el exceso de dióxido de carbono (CO2) que genera la economía actual y que pone en peligro la vida humana en el planeta.

 

Más información: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/jovenes-portugueses-demandan-tribunal-derechos-humanos-cambio-climatico/

 

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El PNUMA lanza su Informe Mundial de Litigios Climáticos 2023

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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el Informe Mundial sobre Litigios Climáticos: Revisión de la Situación 2023, una actualización de los informes presentados en 2017 y 2020. La publicación ofrece una visión general del estado actual de los litigios climáticos y da cuenta de las tendencias mundiales al respecto, incluyendo las cuestiones clave a las que se han enfrentado los tribunales en el desarrollo de los casos.

 

Del informe se desprende que los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años. Para su primer informe (2017), el PNUMA analizó 884 casos y para el de 2023 examinó 1.550. Esto muestra que este tipo de litigio se está convirtiéndo en en una herramienta clave y cada vez más recurrida para combatir la crisis climática. Los niños, niñas, jóvenes, grupos de mujeres, las comunidades locales y los pueblos indígenas —entre otros actores— son quienes están asumiendo un liderazgo en la presentación de estas acciones.

 

Revisa el informe completo aquí (en inglés)   

 

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Presentan el primer litigio climático en Australia

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pueblo originario australia en el mar

 

El aumento del nivel del mar, las inundaciones y tormentas severas en el Estrecho de Torres llevaron a dos residentes de las islas Boigu y Saibai en Australia a recurrir a los tribunales para proteger a sus comunidades del cambio climático. Los demandantes alegan que sus hogares podrían desaparecer ante el aumento del nivel del mar convirtiendo a quienes habitan las islas en los primeros refugiados climáticos del país. 

 

Estas comunidades, así como su cultura, están en riesgo de desaparecer ya que se ubican en zonas extremadamente bajas. Según datos científicos, el nivel del mar está avanzando en el Estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea, a un ritmo dos veces superior al de la medida mundial. “Convertirse en refugiados climáticos significa perderlo todo: nuestros hogares, nuestra cultura, nuestras historias y nuestra identidad. Si nos quitan eso, no sabemos quiénes somos. Tenemos la responsabilidad cultural de asegurar que eso no ocurra y de proteger del cambio climático al país, a nuestras comunidades, cultura y espiritualidad ", dijo Paul Kabai, uno de los demandantes.

 

Enlaces a mayor información en: https://australianclimatecase.org.au/ y

https://www.sbs.com.au/language/spanish/es/article/por-que-los-islenos-del-estrecho-de-torres-presentan-una-demanda-contra-el-gobierno-australiano/uhvme13jo

 

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Retroceso: Intentan etiquetar al gas como sostenible en Europa y México

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chaminea soltando gases fosiles

 

En la Unión Europea se pretende aplicar una taxonomía que clasifica a las actividades relacionadas con energía nuclear y gas fósil como actividades económicas ambientales sostenibles. En México, el Acuerdo A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía busca considerar como energía limpia una fracción de la generación eléctrica de las centrales de ciclo combinado a base de gas fósil. 

 

Organizaciones ambientales han empezado a presentar litigios contra estas regulaciones pues contradicen la “urgencia” de transitar a energías  renovables y limpias para frenar la crisis climática. Darle una etiqueta sostenible al gas fósil es una medida regresiva y contraria a lo que establece el Acuerdo de París. El uso de este combustible fósil libera altas cantidades de dióxido de carbono y de metano. La implementación de normativas que promueven el gas amenaza con agravar la crisis climática. 

 

Más información en: Taxonomía de la UE: Acto Delegado Complementario sobre el Clima para acelerar la descarbonización (europa.eu)

Austria recurre que la nuclear y el gas sean inversiones 'verdes' (rtve.es)

 

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Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido

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imagen de polucion del aire chaminea litigio climatico america latina

 

Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA.

 

La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos.

 

Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. 

 

Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.

 

Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática.

 

AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. 

 

La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos.

 

Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. 

 

El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as.

 

El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. 

 

El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones.

 

Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan.

 

La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables.

 

A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. 

 

Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. 

 

Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. 

 

El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. 

 

Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte al mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo.

 

Autora: Marcela Morales Gutiérrez, abogada litigante mexicana, asesora externa de AIDA y colaboradora de la PLC.

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Salió el 5º informe de tendencias mundiales en litigio climático del Graham Institute

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imagen graham institute

 

Todos los años, el Graham Research Institute on Climate Change and the Environment, de la London School of Economics, publica un informe que revisa las tendencias mundiales en litigio climático. La fuente principal del informe son las bases de datos de litigio climático a nivel mundial que mantiene el Centro Sabin para el Derecho sobre Cambio Climático, aliado de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe. 

 

Esta quinta versión del informe cubre lo ocurrido entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Incluye una actualización del número de casos presentados y sus categorías, una revisión temática de los casos más recientes y una discusión acerca de las áreas de política climática que probablemente estarán sujetas a controversia legal en los próximos meses y años.

 

Revisa el informe completo aquí (en inglés)

 

Revisa un resumen de los principales hallazgos aquí (en inglés)

 

Estas son las tendencias clave identificadas en el informe: 

 

> La base de datos del Centro Sabin ya cuenta con 2.341 casos, 190 de los cuales fueron presentados en los últimos 12 meses. La tasa de crecimiento en los casos parece estar desacelerándose, pero su diversidad sigue expandiéndose. Los casos contra actores corporativos han aumentado.

> En el último año, se identificaron casos en siete países en los que antes no había: Bulgaria, China, Finlandia, Rumania, Rusia, Tailandia y Turquía. En total, más de 130 casos se presentaron en el Sur Global. 

> Más del 50% de los casos obtienen resultados judiciales directos favorables a la acción climática. Además, los casos también tienen impactos indirectos significativos en la toma de decisiones sobre el cambio climático, más allá de los tribunales. Muchos casos aún están abiertos y podrían traer más consecuencias positivas.

> A nivel internacional, se presentaron tres solicitudes para opiniones consultivas en tribunales internacionales en los últimos 12 meses. Y también existen litigios pendientes ante organismos regionales.

> Las protecciones legales nacionales (por ejemplo, para el derecho a un ambiente sano), junto con la legislación climática nacional, juegan un papel fundamental en los casos contra los gobiernos.

> El litigio estratégico parece ir en aumento, con estrategias reconocibles en diferentes jurisdicciones. La mayoría de los casos registrados buscan resultados “alineados con el clima”, pero los litigios no alineados con el clima (por ejemplo, los que buscan limitar las salvaguardas ambientales y sociales para inversiones) están aumentando, sobre todo en EE. UU.

> Fuera de EE. UU., se ha identificado un aumento de los casos contra gobiernos y corporaciones que cuestionan la implementación y ambición de la política climática. También han aumentado los casos de “lavado climático” que desafían supuestas afirmaciones y compromisos ecológicos. Algunos casos están cuestionando la desinformación, muchos basados en la ley de protección al consumidor.

> La variedad de los argumentos legales empleados en casos corporativos se está complejizando, con solicitudes que combinan reparación por pérdidas pasadas y presentes, contribuciones a costos futuros de adaptación y solicitudes para que los tribunales ordenen a empresas alinear sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París. 

> Los litigios relacionados con decisiones de inversión están aumentando. Aunque hasta ahora los tribunales han sido reacios a ser demasiado prescriptivos, el litigio ha contribuido a esclarecer los parámetros dentro de los cuales se deben tomar las decisiones de inversión.

> Hoy en día es más probable que las actividades intensivas en emisiones se enfrenten a desafíos en diferentes puntos de su ciclo de vida, desde el financiamiento inicial hasta la aprobación final de los proyectos. Esto incluye la expansión de proyectos de combustibles fósiles y prácticas agrícolas que agravan la deforestación.

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Los dilemas de la transición energética: ¿Qué significa que sea justa? ¿Qué rol juega el litigio?

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Energia eolica plataforma de litigio climatico america latina

 

La humanidad tiene una tarea urgente por delante: transformar los sistemas energéticos para generar energía sin seguir atiborrando la atmósfera de gases y contaminantes que la calientan. Es un hecho comprobado por la ciencia. De no hacerlo, nuestro planeta ya no será un albergue seguro para la humanidad ni para muchas otras especies. 

 

El problema es que la necesaria transición está muy lejos de ser simple. Además de lo difícil que resulta cortar la dependencia en los combustibles fósiles que nos han dominado por siglos, resulta que no cualquier transición sirve. No se trata solo de dejar de quemar dichos combustibles, sino que debemos considerar muchos otros factores, incluso más allá de lo energético, para salir de un modelo de desarrollo que por siglos ha estado separando a la humanidad entre ganadores y perdedores, vulnerando además los derechos humanos. 

 

¿Qué es entonces la transición Justa?

 

No existe actualmente un concepto único sobre lo que significa que la transición energética sea justa. En AIDA consideramos que, para ser justa, la transición debe ser equitativa e inclusiva y reconocer que los impactos del cambio climático y de la necesaria transición no se distribuyen de manera uniforme. Así, ciertos grupos —como quienes trabajan en los sectores energéticos tradicionales y/o las comunidades marginadas— pueden verse afectados desproporcionadamente.

 

Para vislumbrar el problema, vale la pena entender que la humanidad sufre hoy varias crisis —todas interconectadas— que afectan la vida y bienestar de las personas, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones más vulnerables. La emergencia climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las pandemias globales y las crisis democráticas son algunas de ellas. Y en el centro de todo está la desigualdad social, esa brecha cada vez mayor entre ricos y pobres que genera disparidades en todos los aspectos, incluyendo el acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades económicas.

 

Estas crisis están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Las respuestas a una pueden contribuir a resolver otras, pero también pueden agravarlas.

 

Por ejemplo, cuando la transición a fuentes de energía limpia no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también reduce la contaminación del aire y mejora la salud pública, estamos resolviendo dos problemáticas en una. Un ejemplo en el sentido contrario ocurre cuando una transición rápida y sin control a la movilidad eléctrica resulta en la extracción agresiva de minerales raros como el litio, que proviene de ecosistemas frágiles de los que dependen comunidades locales.

 

Entonces, ¿por dónde empezamos?

 

Para asegurar una transición justa debemos guiarnos por los principios de justicia, equidad e inclusión, así como garantizar que las poblaciones en condiciones más vulnerables no se vean afectadas desproporcionadamente. 

 

Ya lo decía Naomi Klein en su libro Esto lo Cambia Todo: para abordar la crisis climática debemos entender que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también de derechos humanos. La transición energética justa requiere no solo terminar con la quema de combustibles fósiles, sino también abordar la desigualdad económica, incluir la perspectiva de género, fortalecer las redes de seguridad social, proteger los derechos de los/as trabajadores/as, respetar los derechos de los pueblos indígenas, empoderar a las comunidades para que participen en las decisiones que afectan sus vidas, así como reparar a quienes han sido afectados por el actual modelo económico y energético.

 

¿Y qué rol puede jugar el litigio?

 

El litigio ya se está moviendo al ritmo de los dilemas de la transición energética. Así, hemos visto un aumento en los juicios que parecieran ir en contra de la transición energética, tales como demandas que impugnan proyectos de generación de energía renovable o regulaciones en favor de la transición, o que obstaculizan la transición de cualquier otra forma. Pero, ¿se puede decir que siempre son litigios “regresivos”? 

 

Un juicio para impugnar el permiso ambiental de un emprendimiento de generación eólica podría estar bloqueando la transición, pero no es necesariamente regresivo. Si se trata, por ejemplo, de un megaproyecto, a cargo de una empresa transnacional que exportará toda la energía generada sin beneficiar a las comunidades locales, y si además pretende emplazarse en tierras indígenas sin participación local, entonces se trata de un proyecto orientado a una “transición injusta” que no nos sirve porque refuerza el mismo modelo, aquel nos tiene tan mal encaminados. 

 

A este tipo de casos se refiere el informe Litigio por la Transición Justa en América Latina, publicado en enero de 2023 por el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, traducido al español por AIDA. 

 

El informe cuestiona el propósito del litigio por la transición justa, preguntándose si fomenta o por el contrario obstruye una transición energética y resiliente al clima. Al respecto, sus autores/as concluyen que los litigios de este tipo no pueden calificarse del todo como regresivos o no regresivos en relación con la transición. Como tal, consideran que el litigio por la transición justa debe verse y entenderse como una nueva categoría de litigio climático, con fundamentos propios y diversos. 

 

El tema permite reflexionar en torno a la complejidad de la tan anhelada transición. Ante este tipo de dilemas, en AIDA optamos generalmente por analizar cada caso, sin casarnos con una postura dogmática. Pero una constante y, en ese sentido, un valioso punto de partida es que todo lo que se lleve adelante en favor de la transición energética —sean proyectos, políticas o acciones— debe tener un enfoque fuerte y decisivo en el ambiente, los derechos humanos y de género. Sin eso no hay justicia; y sin justicia no hay remedio ni solución. 

 

Entonces creemos que el litigio sí tiene un rol, no solo en que la transición se lleve a cabo, sino también en que sea justa. 

 

La imperiosa necesidad de cambiar nuestros sistemas energéticos es también una oportunidad de construir un nuevo sistema que, a diferencia del que hoy reina, nos una y sea para todas las personas y seres vivos del planeta. 

 

Seguiremos entonces usando la herramienta del litigio para impugnar intentos de transición que busquen enfrascarnos en más de lo mismo.

 

Por Florencia Ortúzar Greene - Abogada Senior del Programa de Clima de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)

 

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