Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

En 2018, la Ciudad de Bucaramanga presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y dos autoridades ambientales regionales (Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB y Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander -CORPONOR), buscando la protección del Páramo de Santurbán contra las actividades mineras.

El científico guyanés Dr. Troy Thomas presentó una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Guyana ante la Corte Suprema, alegando que los permisos de 23 años que la EPA había otorgado a Esso Exploration (una subsidiaria de Exxon) para la exploración petrolera violaban las regulaciones de la Ley de Protección Ambiental, que limitaba la duración de dichos permisos a 5 años. 

El 22 de enero de 2025, la comunidad originaria de Tintaya Marquiri, ubicada en la provincia de Espinar, en el departamento de Cuzco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos Medioambientales contra la empresa minera Antapaccay, subsidiaria de la transnacional suiza Glencore, a la que acusan de ser responsable de graves daños ambientales en su territorio.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción buscaba corregir supuestas omisiones e inacciones inconstitucionales del Poder Público Federal que habrían paralizado la política de pavimentación de la carretera BR-319, ubicada en la región norte del país, entre Amazonas y Rondônia. 

En febrero de 2021, la empresa Global Oil Environmental Services Guyana Inc (GOES) solicitó permiso para construir y operar una instalación de gestión de residuos provenientes de exploración y producción de petróleo y gas en Coverden. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) decidió que no se requería una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para ese proyecto y emitió el permiso en agosto de 2021.