Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2004, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de exploración minera a la empresa EXMIBAL, que fue transferida posteriormente a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

La licencia de explotación fue concedida en 2006, sin una consulta adecuada a la comunidad. Eso, junto con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental solo en español y no en idioma maya Q’eqchi’, llevó a una serie de conflictos legales y sociales.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

El 31 de marzo de 2025, el Quinto Juzgado, Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una sentencia a favor del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS Perú), ordenando al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-2022-MINAM que declara la emergencia climática en Perú, aprobado en 2022.  

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de

El Ministerio Público de Joinville promovió una acción civil pública en contra del corporativo H. Carlos Schneider S/A Comercio e Industria y Otros, por rellenar y drenar un bosque de manglares en una propiedad urbana, a pesar de los organismos medioambientales Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) e Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (FATMA) emitieron uniones técnicas negativas para realizar obras en dicha propiedad.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que: