Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción buscaba corregir supuestas omisiones e inacciones inconstitucionales del Poder Público Federal que habrían paralizado la política de pavimentación de la carretera BR-319, ubicada en la región norte del país, entre Amazonas y Rondônia. 

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, contra la Unión Federal y el Estado de São Paulo, debido a conductas omisas y comisivas que vulneran el deber constitucional de protección de los biomas Cerrado y Mata Atlántica, gravemente afectados por los incendios forestales ocurridos en 2024.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

El Ministerio Público Federal (MPF) interpuso una Acción Civil Pública contra el Estado de Pará y el Municipio de Santarém con el fin de exigir que el licenciamiento ambiental de obras portuarias y de hidrovías en Santarém incluya obligatoriamente estudios de impacto ambiental, climático, indígena y quilombola, así como la consulta libre, previa e informada (CLPI) a los pueblos y comunidades tradicionales potencialmente afectados.

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los principios y fundamentos de

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la Corporación para el Desarrollo del Oriente y otros, presentaron una Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Agencia Nacional de Minería (ANM);  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), por no ejercer sus deberes constitucionales que los obliga a proteger la integridad del ecosistema de Alta Montaña de Santurbán y por haber permitido, la presenc

El 11 de noviembre de 2020 se presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF 760), por parte de los partidos políticos (PSB, Rede, PDT, Partido Verde, PT, PSOL y PCdoB) junto con organizaciones de la sociedad civil (APIB, Greenpeace, Conectas, Alana, Terrazul, Observatorio do CLima, etc), en contra de la Unión Federal y órganos de la Administración Pública Federal – IBAMA, ICMBio y FUNAI –por el incumplimiento del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm). 

La presente Acción de incumplimiento de un precepto fundamental (ADPF), promovida por el Partido de los Trabajadores (PT), denuncia la omisión del Poder Ejecutivo Federal brasileño en el cumplimiento de sus deberes constitucionales de protección, prevención, fiscalización y conservación del medio ambiente, especialmente frente al avance de incendios en el Pantanal y la Amazonía.