Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, la Corporación para el Desarrollo del Oriente y otros, presentaron una Acción Popular en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS); la Agencia Nacional de Minería (ANM);  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), por no ejercer sus deberes constitucionales que los obliga a proteger la integridad del ecosistema de Alta Montaña de Santurbán y por haber permitido, la presenc

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).

Un grupo de pescadoras en compañia de la organización Tsikini A.C. del Estado de Colima promovieron en agosto de 2024 un amparo en contra de diversas autoridades, incluyendo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las afectaciones provocadas por la Central Termoeléctrica Manzanillo (la segunda termoeléctrica más grande de México, que utiliza combustóleo y gas), aduciendo la vulneración del derecho humano a a un medio ambiente sano, a la salud y a la falta de cumplimiento de compromisos climáticos.

En 2004, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de exploración minera a la empresa EXMIBAL, que fue transferida posteriormente a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

La licencia de explotación fue concedida en 2006, sin una consulta adecuada a la comunidad. Eso, junto con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental solo en español y no en idioma maya Q’eqchi’, llevó a una serie de conflictos legales y sociales.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

El 31 de marzo de 2025, el Quinto Juzgado, Especializado en lo Constitucional de Lima emitió una sentencia a favor del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú (IDLADS Perú), ordenando al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) cumplir con las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N.º 003-2022-MINAM que declara la emergencia climática en Perú, aprobado en 2022.  

Diversas comunidades étnicas interpusieron acción de tutela contra autoridades gubernamentales, para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, en la cuenca del río Atrato (Chocó). 

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.