Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Se trata de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el Partido Renovação Democrática (PRD) ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción impugna diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que establece la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), así como disposiciones del Decreto nº 9.888/2019, de la Resolución ANP nº 791/2019 y de la Portaría Normativa nº 56/2022 del Ministerio de Minas y Energía.

El Partido Democrático Trabalhista (PDT) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que instituyó la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio). El partido sostiene que la ley es formal y materialmente inconstitucional.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción buscaba corregir supuestas omisiones e inacciones inconstitucionales del Poder Público Federal que habrían paralizado la política de pavimentación de la carretera BR-319, ubicada en la región norte del país, entre Amazonas y Rondônia. 

Este caso trata de una acción ordinaria con solicitud de tutela anticipada interpuesta por la Asociación Brasileña de Generadoras Termoeléctricas (ABRAGET) contra el Estado de Río de Janeiro, con el fin de impedir la aplicación del Decreto Estatal nº 41.318/2008, que creó el Mecanismo de Compensación Energética (MCE) como condicionante adicional en los procesos de licenciamiento ambiental de centrales termoeléctricas a combustibles fósiles. El decreto integra el Plan de Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado.

El Observatório do Clima interpuso una Acción Civil Pública (ACP) contra el IBAMA y el DNIT, solicitando la anulación de la Licencia Previa (LP) n.º 672/2022, emitida para la reconstrucción y asfaltado del “sección central” de la BR-319 (km 250,7 al km 656,4), en plena Amazonía. La organización sostiene que la pavimentación reactivaría dinámicas históricas de deforestación, apropiación de tierras (grilagem), expansión agropecuaria y presión sobre tierras públicas, tal como ocurrió en las décadas de 1970 y 1980 con las BR-163 y BR-230.

En 2020 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, promovió una “Ação Civil de Improbidade Administrativa” (ACIA) contra Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente, con pedido de destitución preventiva del cargo.

Esta Acción Civil Pública fue presentada por las organizaciones: Arayara, la Asociación Indígena Poty Guarani y, posteriormente, el CAPG y la Comunidad Guarani Guajayvi, contra la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), la empresa Copelmi Mineração Ltda. y la Fundación Estatal de Protección Ambiental (FEPAM). El objetivo central de la acción es la suspensión y anulación del proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Mina Guaíba, considerado el mayor emprendimiento de minería de carbón a cielo abierto en Brasil.

La demanda consiste en una Acción Civil Pública presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación SOS Mata Atlântica y la ABRAMPA contra la Unión Federal, con el objetivo de declarar la nulidad del Despacho 4.410/2020 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.

En febrero de 2021, la empresa Global Oil Environmental Services Guyana Inc (GOES) solicitó permiso para construir y operar una instalación de gestión de residuos provenientes de exploración y producción de petróleo y gas en Coverden. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) decidió que no se requería una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para ese proyecto y emitió el permiso en agosto de 2021. 

Veinticinco jóvenes de diecisiete ciudades y municipios de Colombia, con el apoyo del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad la organización (Dejusticia), presentaron una acción de tutela contra la Presidencia de la República de Colombia; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en la Amazonía, y catorce municipios de la Amazonía que concentran el mayor porcentaje de deforestación de esta región, para detener la deforestación en la selva