Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El 12 de febrero de 2018, fue elevada en consulta la Resolución exenta N° 72 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de fecha 17 de enero de 2018, que puso término a los procedimientos administrativos sancionatorios interpuestos contra la Compañía Minera Nevada SpA en relación con el proyecto Pascua Lama. Dicha resolución impuso más de 30 sanciones administrativas a la empresa, de las cuales 5 consideraban la clausura definitiva de la faena minera Pascua Lama.

La Corporación Privada para el Desarrollo del Aysén (CODESA) junto con la Corporación Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), y Hugo Díaz Manríquez, interpusieron una Reclamación por inobservancia de sus observaciones ciudadanas, contra la resolución que aprobó el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, presentado por la empresa Energía Austral al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores independientes dedicados a la pesca artesanal demandaron por daño ambiental a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Los demandantes indicaron que las unidades Bocamina 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Bocamina, propiedad de la empresa en cuestión, llevaba años emitiendo sustancias químicas como arsénico, cromo, zinc y mercurio entre otros, en niveles que superan los máximos permitidos por las leyes chilenas.

Ciudadanos de la comunidad de San José de Maipo interpusieron tres reclamaciones de ilegalidad, las cuales se acumularon en una sola causa, en contra de la Resolución Exenta N°29/2018, a través de la que la Superintendencia del Medioambiente aprobó el Programa de Cumplimiento del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, presentado por la empresa Alto Maipo SPA., respecto a las infracciones contenidas en su Resolución de Calificación Ambiental (N°256/2009) en el procedimiento administrativo sancionador ROL D-001-2017.

El partido REDE presentó una acción contra el Decreto Presidencial 10.224/2020, que modificó la composición del consejo deliberativo del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), excluyendo la participación de la sociedad civil. Antes del decreto, el consejo estaba integrado por 17 representantes —9 del gobierno y 8 de la sociedad civil—, garantizando el control social sobre la ejecución de recursos públicos destinados a proyectos socioambientales en todo el país.

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

La organización Equística Defensa del Medio Ambiente interpuso una acción de amparo colectivo ambiental contra la Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Victoria, la Provincia de Entre Ríos, y el Estado Nacional, a causa de los incendios irregulares que se venían produciendo en el cordón de islas ubicado frente a la costa de la ciudad de Rosario, lo cual producía una grave afección a la salud de los habitantes.

Una Coalición de ONGs, academia e investigadores conformada por AIDA, CAJAR, CINEP, CENSAT, POLEN transiciones justas, Universidad del Magdalena y Paola Yanguas, el pasado 4 de mayo del 2023, presentó una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exigiendo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la caracterización y gestión de los impactos climáticos generados por el sector carbón, con el fin de que se adopten las medidas

La Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó una demanda ante el Juzgado Federal de Mercedes contra la empresa Araucaria Energy S.A. por acción preventiva de daño ambiental sobre la construcción, la instalación y/ operación de la Central Termoeléctrica Luján II.

La Red de Acueductos Comunitarios del sur de Santander y diversas comunidades campesinas iniciaron una acción legal debido a que la Agencia Nacional de Minería (ANM), otorgó licenciamiento a la empresa Zurich Internacional Trading, titular del proyecto de explotación de carbón y principal empresa señalada por las comunidades, debido a inconsistencias en los instrumentos que sustentan el proyecto minero.