Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2010, el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP) interpuso una Ación Civil Pública contra la empresa KLM –compañía holandesa de aviación-, alegando la existencia de daño ambiental derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por las operaciones de aterrizaje y despegue de sus aeronaves en el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

La Asociación Brasileña de Distribuidoras de Combustibles (BRASILCOM) interpuso una acción de Mandado de Segurança Coletivo contra el Ministro de Minas y Energía, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE). 

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

El Ministerio Público Federal (MPF) interpuso una Acción Civil Pública contra el Estado de Pará y el Municipio de Santarém con el fin de exigir que el licenciamiento ambiental de obras portuarias y de hidrovías en Santarém incluyera obligatoriamente estudios de impacto ambiental, climático, indígena y quilombola, así como la consulta libre, previa e informada (CLPI) a los pueblos y comunidades tradicionales potencialmente afectados.

La organización Observatório do Clima presentó una Acción Civil Pública contra el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Unión Federal, con el fin de obligar al gobierno brasileño a actualizar  su Plan Nacional de Cambio Climático (Plano Nacional sobre Mudança do Clima o Plano Clima).

El Instituto Internacional Arayara interpuso una Acción Civil Pública (ACP) con solicitud de tutela de urgencia contra la Agencia Reguladora de Aguas, Energía y Saneamiento del Distrito Federal (ADASA) y la empresa Termo Norte Energía Ltda. El objetivo central es anular las autorizaciones de uso de recursos hídricos otorgadas por ADASA a la empresa para la captación de agua y el lanzamiento de efluentes en el río Melchior, destinadas al proyecto de instalación de una central termoeléctrica a gas natural en Samambaia (DF).

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, contra la Unión Federal y el Estado de São Paulo, debido a conductas omisas y comisivas que vulneran el deber constitucional de protección de los biomas Cerrado y Mata Atlántica, gravemente afectados por los incendios forestales ocurridos en 2024.

Dos empresas guatemaltecas, Oxec SA y Oxec II SA, supervisaron dos proyectos de represas hidroeléctricas que se construirían a lo largo del río Cahabón. Ambas empresas son propiedad de Energy Resources Capital Corporation, registrada en Panamá. Las comunidades indígenas locales denunciaron que no se les consultó formalmente y expresaron su preocupación en virtud de que las represas dañarían su medio ambiente y violarían sus derechos. 

El Instituto Internacional Arayara presentó una Acción Autónoma de Producción Anticipada de Pruebas contra la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) y la Unión Federal. El objetivo central giró en torno a la obtención de información oficial para esclarecer el impacto climático asociado a la oferta continua de bloques para exploración de petróleo y gas realizada por la ANP.

El partido REDE presentó una acción contra el Decreto Presidencial 10.224/2020, que modificó la composición del consejo deliberativo del Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA), excluyendo la participación de la sociedad civil. Antes del decreto, el consejo estaba integrado por 17 representantes —9 del gobierno y 8 de la sociedad civil—, garantizando el control social sobre la ejecución de recursos públicos destinados a proyectos socioambientales en todo el país.