Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Este caso histórico se presentó por primera vez en 1993. La acción judicial denunció que desde 1964 hasta 1992, Texaco (adquirida por Chevron en 2001) operó en la Amazonía ecuatoriana donde vertió más de 16.000 millones de galones de desechos tóxicos, afectando a aproximadamente 30.000 personas, incluidas comunidades indígenas-; fue una de las primeras sentencias en la historia de Ecuador en que las comunidades afectadas se enfrentaron a una compañía petrolera y obtuvieron una sentencia judicial.

En 2018, la nacionalidad Waorani de Pastaza demandó al Estado ecuatoriano por intentar subastar sus tierras para la explotación petrolera sin realizar una consulta previa, libre e informada adecuada, como lo exige la Constitución y los tratados internacionales. Aunado a lo anterior argumentaron la violación del derecho a un medio ambiente sano, el incumplimiento de responsabilidades estatales y la  protección de territorios ancestrales y biodiversidad.

El 11 de marzo de 2024, el representante de la comunidad de San Bartolo Coyotepec en el Estado de Oaxaca, promovió demanda de amparo al considerar que se violó su derecho humano a un medio ambiente sano debido a que las autoridades municipales, estatales y federales fueron omisas en proteger el Parque Nacional Benito Juárez y la Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida.

En julio de 2024, comunidades indígenas integrantes de la Reserva de Vida Silvestre Municipal y Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Tucabaca, promovieron una Acción Popular contra la minera Walfremar SRL, debido a que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, autorizó la actividad minera en el municipio de Roboré, provincia Chiquitos del departamento de Santa Cruz.  La empresa pretendía realizar actividades de prospección y exploración en 84 cuadrículas de la Reserva

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió demanda de Acción Civil Pública (ACP) con pedido de tutela de urgencia, contra Sebastião da Costa Mariano, por la deforestación ilegal de 903,22 hectáreas de selva nativa en el municipio de Boca do Acre/AM, dentro de la "Tierra de Cultivo Buen Lugar", área pública de la Unión. 

Este caso se trata de una Petición (PET) presentada ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por los senadores Fabiano Contarato, Randolph Frederich Rodrigues Alves y la diputada Joenia Batista de Carvalho, con el fin de que se investigara la presunta práctica delictiva en materia de  responsabilidad por parte de Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente de Brasil.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

La demanda consiste en una Acción Civil Pública presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación SOS Mata Atlântica y la ABRAMPA contra la Unión Federal, con el objetivo de declarar la nulidad del Despacho 4.410/2020 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.

En 2020 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, promovió una “Ação Civil de Improbidade Administrativa” (ACIA) contra Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente, con pedido de destitución preventiva del cargo.

Se trata de una Acción Civil Pública, con solicitud de tutela de urgencia, promovida por el Ministerio Público Federal (MPF) contra el Estado de Amazonas y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), con el objetivo de suspender el proyecto de créditos de carbono/REDD+ implementado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Amazonas (SEMA/AM) en unidades de conservación estatales habitadas por pueblos indígenas, ribereños y comunidades tradicionales.