Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En 2018, el Alcalde del cantón Cotacachi y la Procuradora Judicial del Municipio de Cotacachi, presentaron una acción de protección en contra del Ministro del Ambiente y del Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), por el otorgamiento del registro ambiental del Proyecto Minero Río Magdalena (conformada por dos concesiones), que permitiría la minería de minerales metálicos dentro del Bosque Protector Los Cedros, que está declarado como “área de Bosque y Vegetación Protectores”.

En 2021, un grupo de organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad que busca que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

En 2021, diversas organizaciones indígenas promovieron una acción de inconstitucionalidad, buscando que se expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano el Decreto No.

Un grupo de menores de edad (nacidos entre 2005 y 2011) representados por sus padres y madres promovieron un amparo constitucional en contra del Estado peruano, demandando su omisión de formular y ejecutar una política pública de alcance nacional y planes de acción regionales con medidas concretas para frenar la deforestación de la Amazonía peruana.

El 11 de enero de 2024, el Congreso de la República peruano publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31973, ley a la que dio lugar el PL 649-2021-CR (y otros de similar naturaleza) con la cual:

En 2019 un abogado particular de nombre Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, inició una acción de nulidad en contra del decreto presidencial 1500 de 6 de agosto de 2018, mediante el cual se redefinió el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), que estaban contemplados en el sistema de espacios sagrados de la ‘Línea Negra’, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme los

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión),

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

Organizaciones de indígenas y ambientalistas presentaron una Acción Civil Pública contra la Unión, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), por la expedición del aviso público número 130/2021, que autoriza la contratación de una empresa para diseñar y construir la expansión de la carretera BR-364 que conectaría el tramo de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil a un punto en la frontera entre Brasil y Perú  y que atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor.