Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Ciudadanos de la comunidad de San José de Maipo interpusieron tres reclamaciones de ilegalidad, las cuales se acumularon en una sola causa, en contra de la Resolución Exenta N°29/2018, a través de la que la Superintendencia del Medioambiente aprobó el Programa de Cumplimiento del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, presentado por la empresa Alto Maipo SPA., respecto a las infracciones contenidas en su Resolución de Calificación Ambiental (N°256/2009) en el procedimiento administrativo sancionador ROL D-001-2017.

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, decidió otorgar resolución de calificación ambiental (RCA) desfavorable al proyecto presentado por el titular de la mina de carbón “Mina Invierno”, que buscaba incorporar a sus operaciones el método de tronaduras para la extracción del carbón. La principal razón para rechazar fue la afectación que las tronaduras generarían en la formación paleontológica Loreto.

La Corporación Privada para el Desarrollo del Aysén (CODESA) junto con la Corporación Pro-Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF), y Hugo Díaz Manríquez, interpusieron una Reclamación por inobservancia de sus observaciones ciudadanas, contra la resolución que aprobó el Proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo, presentado por la empresa Energía Austral al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 13 de agosto de 2009, mediante un Estudio de Impacto Ambiental.

El 12 de febrero de 2018, fue elevada en consulta la Resolución exenta N° 72 de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de fecha 17 de enero de 2018, que puso término a los procedimientos administrativos sancionatorios interpuestos contra la Compañía Minera Nevada SpA en relación con el proyecto Pascua Lama. Dicha resolución impuso más de 30 sanciones administrativas a la empresa, de las cuales 5 consideraban la clausura definitiva de la faena minera Pascua Lama.

El 21 de junio de 2022, la organización Conectas Direitos Humanos inició una acción civil pública en contra del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y BNDESPAR (subsidiaria del BNDES responsable de la gestión de la participación de capital en varias empresas brasileñas). Conectas solicitó el otorgamiento de diversas medidas cautelares argumentando que las demandadas no cuentan con reglas o protocolos para evaluar los impactos de sus inversiones en el agravamiento de la crisis climática.

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

La Agencia de Protección Ambiental de Guyana aprobó el permiso para Esso Exploration and Production Guyana Ltd, una empresa de exploración y producción de petróleo. ("Esso"), una filial de EXXON Mobil Corporation, para llevar a cabo la explotación de petróleo en alta mar. 

El caso inició con la interposición de un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, alegando que el Poder Ejecutivo y la SETENA han omitido incluir la evaluación de los impactos climáticos en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), presentaron una Acción Pública Civil, en la que demandan la nulidad de la Orden No.7036900/2020 GABIN emitida por el presidente, Eduardo Bim, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), debido a que la misma, a solicitud de las empresas madereras, retiró el requisito de autorización de exportación y concluyó que con la Declarac