Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En julio de 2024, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra de empresas multinacionales de energía y petroquímica y sus subsidiarias, a fin de  resarcir los daños ambientales ocasionados a la Isla mediante prácticas comerciales ilegales.

En diciembre de 2024, dos ciudadanas guyanesas, interpusieron un recurso de revisión judicial contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ante la omisión de incluir las emisiones de Alcance 3 en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto petrolero Hammerhead de ExxonMobil. Las emisiones de Alcance 3 se refieren a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero resultantes del uso final de combustibles fósiles; en este caso, el petróleo producido y el quemado en otros lugares. 

El caso versa de una demanda contra la aprobación por parte del gobierno guyanés de un megaproyecto de extracción de petróleo de ExxonMobil frente a la costa de Guyana, con impactos climáticos potenciales, lo cual fue considerado por los demandantes como una vulneración del derecho a un ambiente sano protegido por la Constitución de Guyana y los derechos de las generaciones futuras y al desarrollo sustentable. Es el primer caso de litigio climático en el Caribe.

En 2004, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorgó una licencia de exploración minera a la empresa EXMIBAL, que fue transferida posteriormente a la Compañía Guatemalteca de Níquel S.A.

La licencia de explotación fue concedida en 2006, sin una consulta adecuada a la comunidad. Eso, junto con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental solo en español y no en idioma maya Q’eqchi’, llevó a una serie de conflictos legales y sociales.

Un grupo conformado por nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una acción de protección en contra del Estado ecuatoriano por la autorización anual que realiza el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a través de la Secretaría de Hidrocarburos en favor de cada una de las empresas petroleras que utilizan mecheros para la quema de gas en la Amazonía ecuatoriana.

El 29 de julio de 2022, nueve residentes de St. Ann presentaron ante la Corte Suprema de Jamaica una demanda constitucional contra el Gobierno, por otorgar una licencia de extracción de bauxita a Noranda Jamaica Bauxite Partners, Noranda Jamaica Partners II y New Day Aluminum Ltd. 

Entre los principales argumentos, señalaron que las actividades de las empresas afectaban negativamente sus vidas, salud, medios de vida y el medio ambiente. 

El 21 de setiembre del 2023, el Comité Estratégico de Participación e Incidencia de Jóvenes presentó una solicitud de datos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  relacionada esta a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que sintetiza las metas climáticas que el país asumió ante el Acuerdo de París.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores independientes dedicados a la pesca artesanal demandaron por daño ambiental a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Los demandantes indicaron que las unidades Bocamina 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Bocamina, propiedad de la empresa en cuestión, llevaba años emitiendo sustancias químicas como arsénico, cromo, zinc y mercurio entre otros, en niveles que superan los máximos permitidos por las leyes chilenas.

En el año 2020, personas pertenecientes a la comunidad de Mejillones, solicitaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que se revisara una resolución de calificación ambiental de la termoeléctrica Angamos en el año 2007.

AIDA, la Agrupación de mujeres MUZOSARE y la organización de la sociedad civil Chile Sustentable interpusieron recurso de invalidación administrativa ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que invalide la norma que ese mismo órgano dictó en octubre de 2021, y que regula la figura del gas inflexible para todo el territorio nacional. Esta figura otorga prioridad para ingresar a la matriz a la electricidad producida por la combustión de gas fósil. Prioridad que desplaza las otras fuentes de generación de energía incluídas las renovables.