Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Organizaciones de indígenas y ambientalistas presentaron una Acción Civil Pública contra la Unión, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), por la expedición del aviso público número 130/2021, que autoriza la contratación de una empresa para diseñar y construir la expansión de la carretera BR-364 que conectaría el tramo de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil a un punto en la frontera entre Brasil y Perú  y que atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

La ONG OIKOS Red Ambiental promovió una acción judicial en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza con el objeto que se declare la inconstitucionalidad e  inconvencionalidad del Decreto 248 /2018, publicado en el boletín oficial el 09/03/2018, que tiene por objeto reglamentar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en formaciones no convencionales.

La Organización de Ambientalistas Autoconvocados presentó una demanda ante el Juzgado Federal de Mercedes contra la empresa Araucaria Energy S.A. por acción preventiva de daño ambiental sobre la construcción, la instalación y/ operación de la Central Termoeléctrica Luján II.

La Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos junto a otras comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron acción de amparo contra la provincia de Jujuy, Salta y el Estado Nacional con el objeto de que:

 El 1 de agosto de 2023, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una demanda judicial solicitando una orden cautelar para impedir a las autoridades nacionales, entre ellas la Secretaría de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Energía, otorgar el consentimiento para la exploración sísmica marina y/o la explotación de combustibles fósiles marinos hasta que se haya llevado a cabo una adecuada evaluación de impacto ambiental y una evaluación ambie

En el año 2012, la fábrica de Porta Hermanos S.A. amplió sus instalaciones para comenzar a producir etanol derivado de la molienda y fermentación de maíz transgénico (bioetanol). Este cambio productivo implicó un avance por sobre diferentes espacios de uso común del Barrio San Antonio e Inaudi en donde se ubica, y una profunda modificación sobre las dinámicas sociales de la comunidad. 

En agosto de 2021, el  Jefe de la Tribu de la Comunidad Nativa Atacameños del Altiplano de Argentina, presentó, en representación de su comunidad, una acción de amparo ambiental contra el Estado y la Provincia de Catamarca ante el Tribunal de Justicia de Catamarca, Argentina.

La Asociación Civil, Foro Medio Ambiental San Nicolás (FOMEA) interpuso acción legal contra la Empresa Atanor S.C.A. a la que le atribuye la generación de contaminación y daño ambiental en la región. 

La organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) interpuso una demanda de amparo en contra de las Resoluciones con número 789/17 y 813/17, emitidos por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), mediante las que autorizó a la empresa petrolera El Trébol (PETSA) a la exploración y explotación de petróleo mediante el método de fracking en 4 cuatro pozos situados en cercanías de la Laguna Llancanelo (Sitio Ramsar de importancia internacional).