La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Acción Ecológica, Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), y miembros de la comunidad indígena Miwaguno presentaron ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana una acción de protección contra la petrolera PetroOriental S.A. —subsidiaria de las transnacionales chinas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (SINOPEC)— por la quema y venteo de gas en los mecheros del Bloque 14 de la Región Amazónica Ecuatoriana, realizada durante la extracción de petróleo.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión),

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) promovió juicio de amparo indirecto en contra de diversas modificaciones aprobadas por el Congreso Federal a la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

El 21 de junio de 2022, la organización Conectas Direitos Humanos inició una acción civil pública en contra del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y BNDESPAR (subsidiaria del BNDES responsable de la gestión de la participación de capital en varias empresas brasileñas). Conectas solicitó el otorgamiento de diversas medidas cautelares argumentando que las demandadas no cuentan con reglas o protocolos para evaluar los impactos de sus inversiones en el agravamiento de la crisis climática.

Organizaciones de indígenas y ambientalistas presentaron una Acción Civil Pública contra la Unión, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), por la expedición del aviso público número 130/2021, que autoriza la contratación de una empresa para diseñar y construir la expansión de la carretera BR-364 que conectaría el tramo de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil a un punto en la frontera entre Brasil y Perú  y que atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor.

El Instituto de Estudios Amazónicos (IEA) presentó ante la Justicia  Federal de Curitiba, Paraná, una acción civil pública climática en contra de la Unión Federal (Gobierno Federal brasileño), por el incumplimiento de las metas climáticas sobre la reducción de deforestación en la Amazonía, establecidas en el Plan de Prevención y Control  de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm, por sus siglas en portugués), -uno de los instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático de Brasil-, que corresponden a la reducción para el año 2020, de 80% del promedio de las tasas a

En 2018, el Alcalde del cantón Cotacachi y la Procuradora Judicial del Municipio de Cotacachi, presentaron una acción de protección en contra del Ministro del Ambiente y del Gerente General de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), por el otorgamiento del registro ambiental del Proyecto Minero Río Magdalena (conformada por dos concesiones), que permitiría la minería de minerales metálicos dentro del Bosque Protector Los Cedros, que está declarado como “área de Bosque y Vegetación Protectores”.

Un grupo de padres e hijos, miembros del Movimiento "Familias por el Clima", presentó una "acción de producción anticipada de pruebas" contra el gobierno de São Paulo, para acceder a los documentos que motivan y respaldan el programa "IncentivAuto" del gobierno de São Paulo, sancionado por el gobernador João Doria (PSBD), con el fin de acceder a información para un posible litigio sobre la pertinencia de este incentivo fiscal frente a las obligaciones de Brasil de reducir sus emisiones de carbono.