Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

En agosto de 2023 se presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, por el partido Rede Sustentabilidade, acompañada por seis organizaciones de la sociedad civil como signatarias, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

El caso Pinheiro/Braskem se hizo conocido tras un temblor de tierra en marzo de 2018 en Maceió (estado de Alagoas), que provocó grietas, hundimientos y cráteres en los barrios de Pinheiro, Mutange, Bebedouro y Bom Parto. Inicialmente, se barajaron hipótesis sobre fallas en el sistema de alcantarillado o movimientos naturales del suelo.

Se promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el partido Rede Sustentabilidade (Rede), junto con la petición de admisión del Instituto Internacional Arayara de Educación y Cultura (Instituto Internacional Arayara) como amicus curiae. La demanda cuestiona la constitucionalidad de la Ley Estatal 18.330/2022, que instituye la Política Estatal de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina.

Se trata de una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, presentada por el Partido Renovação Democrática (PRD) ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción impugna diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que establece la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio), así como disposiciones del Decreto nº 9.888/2019, de la Resolución ANP nº 791/2019 y de la Portaría Normativa nº 56/2022 del Ministerio de Minas y Energía.

El Partido Democrático Trabalhista (PDT) presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra diversos artículos de la Ley Federal nº 13.576/2017, que instituyó la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio). El partido sostiene que la ley es formal y materialmente inconstitucional.

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) presentó una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) con solicitud de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acción buscaba corregir supuestas omisiones e inacciones inconstitucionales del Poder Público Federal que habrían paralizado la política de pavimentación de la carretera BR-319, ubicada en la región norte del país, entre Amazonas y Rondônia. 

Este caso trata de una acción ordinaria con solicitud de tutela anticipada interpuesta por la Asociación Brasileña de Generadoras Termoeléctricas (ABRAGET) contra el Estado de Río de Janeiro, con el fin de impedir la aplicación del Decreto Estatal nº 41.318/2008, que creó el Mecanismo de Compensación Energética (MCE) como condicionante adicional en los procesos de licenciamiento ambiental de centrales termoeléctricas a combustibles fósiles. El decreto integra el Plan de Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado.