Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió demanda de Acción Civil Pública (ACP) con pedido de tutela de urgencia, contra Sebastião da Costa Mariano, por la deforestación ilegal de 903,22 hectáreas de selva nativa en el municipio de Boca do Acre/AM, dentro de la "Tierra de Cultivo Buen Lugar", área pública de la Unión. 

La demanda es una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Arayara contra la ANP, IBAMA, ICMBio y la Unión Federal, cuestionando la legalidad de la inclusión de once bloques exploratorios de petróleo en el Sector SPOT-AP2 de la Cuenca Potiguar dentro del 4º Ciclo de Oferta Permanente de Concesión.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP), con solicitud de medida cautelar, interpuesta por las organizaciones Instituto Socioambiental, Greenpeace Brasil y Asociación Brasileña de Miembros del Ministerio Público del Medio Ambiente (ABRAMPA, por sus siglas en portugués), y el Gobierno Federal, buscando la declaración de nulidad de la Resolución Interpretativa 7036900/2020 de IBAMA, que eliminó la necesidad de autorización emitida por la agencia para la exportación de productos madereros y subproductos de especies nativas. 

La Fiscalía General de la República, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, presentó una acción directa de inconstitucionalidad (N. 6148) contra la Unión (administración pública federal), por su omisión inconstitucional en relación con la Resolución N. 491/2018 del Consejo Nacional del Medioambiente, que establece parámetros de calidad del aire.

El Ministerio Público de Mato Grosso interpuso una Acción civil en contra de Nelson Naború Yabuta por la deforestación de árboles nativos dentro de su hacienda privada, ubicada en un área de preservación de la comunidad de Juara, Mato Grosso.

El 21 de junio de 2022, la organización Conectas Direitos Humanos inició una acción civil pública en contra del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) y BNDESPAR (subsidiaria del BNDES responsable de la gestión de la participación de capital en varias empresas brasileñas). Conectas solicitó el otorgamiento de diversas medidas cautelares argumentando que las demandadas no cuentan con reglas o protocolos para evaluar los impactos de sus inversiones en el agravamiento de la crisis climática.

Partidos políticos interpusieron dos Acciones Directas de Inconstitucionalidad por Omisión (ADIO 59 y ADIO 60, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que se reconozca la omisión de la Unión en relación con la paralización del Fondo Amazonia.

Organizaciones de indígenas y ambientalistas presentaron una Acción Civil Pública contra la Unión, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) y el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), por la expedición del aviso público número 130/2021, que autoriza la contratación de una empresa para diseñar y construir la expansión de la carretera BR-364 que conectaría el tramo de Cruzeiro do Sul, en Acre, Brasil a un punto en la frontera entre Brasil y Perú  y que atravesaría el Parque Nacional Serra do Divisor.

El Instituto de Estudios Amazónicos (IEA) presentó ante la Justicia  Federal de Curitiba, Paraná, una acción civil pública climática en contra de la Unión Federal (Gobierno Federal brasileño), por el incumplimiento de las metas climáticas sobre la reducción de deforestación en la Amazonía, establecidas en el Plan de Prevención y Control  de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm, por sus siglas en portugués), -uno de los instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático de Brasil-, que corresponden a la reducción para el año 2020, de

Un grupo de padres e hijos, miembros del Movimiento "Familias por el Clima", presentó una "acción de producción anticipada de pruebas" contra el gobierno de São Paulo, para acceder a los documentos que motivan y respaldan el programa "IncentivAuto" del gobierno de São Paulo, sancionado por el gobernador João Doria (PSBD), con el fin de acceder a información para un posible litigio sobre la pertinencia de este incentivo fiscal frente a las obligaciones de Brasil de reducir sus emisiones de carbono.