Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

El caso se origina con una Acción Cautelar presentada por cinco organizaciones de la sociedad civil, posteriormente convertida en Acción Civil Pública (ACP), para cuestionar el proceso de licenciamiento ambiental de la Usina Termoeléctrica (UTE) Nova Seival, el mayor proyecto termoeléctrico a carbón del estado de Rio Grande do Sul.

La demanda es una Acción Civil Pública interpuesta por el Instituto Arayara contra la ANP, IBAMA, ICMBio y la Unión Federal, cuestionando la legalidad de la inclusión de once bloques exploratorios de petróleo en el Sector SPOT-AP2 de la Cuenca Potiguar dentro del 4º Ciclo de Oferta Permanente de Concesión.

Se trata de una Acción Civil Pública (ACP) interpuesta por las organizaciones Costa Legal, UFECO y la Asociación Pachamama, con apoyo jurídico del GPDA y del OJE/UFSC. Posteriormente, se sumaron el Ministerio Público Federal (MPF), el Ministerio Público del Estado de Santa Catarina (MPSC) y la Asociación Nacional de Afectados por Represas (ANAB).

La demanda consiste en una Acción Civil Pública presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación SOS Mata Atlântica y la ABRAMPA contra la Unión Federal, con el objetivo de declarar la nulidad del Despacho 4.410/2020 emitido por el Ministerio de Medio Ambiente.

Esta Acción Civil Pública fue presentada por las organizaciones: Arayara, la Asociación Indígena Poty Guarani y, posteriormente, el CAPG y la Comunidad Guarani Guajayvi, contra la Fundación Nacional Indígena (FUNAI), la empresa Copelmi Mineração Ltda. y la Fundación Estatal de Protección Ambiental (FEPAM). El objetivo central de la acción es la suspensión y anulación del proceso de licenciamiento ambiental del Proyecto Mina Guaíba, considerado el mayor emprendimiento de minería de carbón a cielo abierto en Brasil.

En 2020 el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil, promovió una “Ação Civil de Improbidade Administrativa” (ACIA) contra Ricardo Salles, entonces Ministro de Medio Ambiente, con pedido de destitución preventiva del cargo.

Se trata de una Acción Civil Pública, con solicitud de tutela de urgencia, promovida por el Ministerio Público Federal (MPF) contra el Estado de Amazonas y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), con el objetivo de suspender el proyecto de créditos de carbono/REDD+ implementado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Amazonas (SEMA/AM) en unidades de conservación estatales habitadas por pueblos indígenas, ribereños y comunidades tradicionales.

El Instituto Internacional Arayara en agosto de 2024, interpuso una Acción Civil Pública (ACP) contra la empresa Copel Generación y Transmisión S.A., el Instituto Agua y Tierra del Paraná (IAT), el Estado de Paraná, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y la Unión Federal, alegando graves irregularidades en el licenciamiento y operación de la Central Termelétrica Figueira (UTE-FRA), localizada en Figueira (PR). 

En 2010, el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP) interpuso una Ación Civil Pública contra la empresa KLM –compañía holandesa de aviación-, alegando la existencia de daño ambiental derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por las operaciones de aterrizaje y despegue de sus aeronaves en el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

La Asociación Brasileña de Distribuidoras de Combustibles (BRASILCOM) interpuso una acción de Mandado de Segurança Coletivo contra el Ministro de Minas y Energía, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE).