Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

Se trata de una Acción Civil Pública, con solicitud de tutela de urgencia, promovida por el Ministerio Público Federal (MPF) contra el Estado de Amazonas y la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), con el objetivo de suspender el proyecto de créditos de carbono/REDD+ implementado por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Amazonas (SEMA/AM) en unidades de conservación estatales habitadas por pueblos indígenas, ribereños y comunidades tradicionales.

El Instituto Internacional Arayara en agosto de 2024, interpuso una Acción Civil Pública (ACP) contra la empresa Copel Generación y Transmisión S.A., el Instituto Agua y Tierra del Paraná (IAT), el Estado de Paraná, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) y la Unión Federal, alegando graves irregularidades en el licenciamiento y operación de la Central Termelétrica Figueira (UTE-FRA), localizada en Figueira (PR). 

En 2010, el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP) interpuso una Ación Civil Pública contra la empresa KLM –compañía holandesa de aviación-, alegando la existencia de daño ambiental derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por las operaciones de aterrizaje y despegue de sus aeronaves en el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos.

La Asociación Brasileña de Distribuidoras de Combustibles (BRASILCOM) interpuso una acción de Mandado de Segurança Coletivo contra el Ministro de Minas y Energía, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE). 

El Observatório do Clima interpuso una Acción Civil Pública (ACP) contra el IBAMA y el DNIT, solicitando la anulación de la Licencia Previa (LP) n.º 672/2022, emitida para la reconstrucción y asfaltado del “sección central” de la BR-319 (km 250,7 al km 656,4), en plena Amazonía. La organización sostiene que la pavimentación reactivaría dinámicas históricas de deforestación, apropiación de tierras (grilagem), expansión agropecuaria y presión sobre tierras públicas, tal como ocurrió en las décadas de 1970 y 1980 con las BR-163 y BR-230.

Las organizaciones brasileñas de Arayara, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y la Tierra Indígena Rio dos Pardos – Aldea Kupli interpusieron una acción civil pública (ACP) contra la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Unión Federal.

El Ministerio Público Federal (MPF) interpuso una Acción Civil Pública contra el Estado de Pará y el Municipio de Santarém con el fin de exigir que el licenciamiento ambiental de obras portuarias y de hidrovías en Santarém incluyera obligatoriamente estudios de impacto ambiental, climático, indígena y quilombola, así como la consulta libre, previa e informada (CLPI) a los pueblos y comunidades tradicionales potencialmente afectados.

La organización Observatório do Clima presentó una Acción Civil Pública contra el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Unión Federal, con el fin de obligar al gobierno brasileño a actualizar  su Plan Nacional de Cambio Climático (Plano Nacional sobre Mudança do Clima o Plano Clima).

El Ministerio Público Federal (MPF) promovió una acción civil públicacontra el Estado de São Paulo, la CETESB y el IBAMA, buscando la suspensión y anulación de todas las licencias y autorizaciones emitidas por el órgano ambiental estadual para la quema controlada de la paja de caña de azúcar en los municipios de la Subsección Judicial de Campinas.

Este caso trata de una acción ordinaria con solicitud de tutela anticipada interpuesta por la Asociación Brasileña de Generadoras Termoeléctricas (ABRAGET) contra el Estado de Río de Janeiro, con el fin de impedir la aplicación del Decreto Estadual nº 41.318/2008, que creó el Mecanismo de Compensación Energética (MCE) como condicionante adicional en los procesos de licenciamiento ambiental de centrales termoeléctricas a combustibles fósiles. El decreto integra el Plan de Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Estado.