Casos de litigio climático en América Latina y el Caribe

En agosto de 2023 se presentó una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con solicitud de medida cautelar, por el partido Rede Sustentabilidade, acompañada por seis organizaciones de la sociedad civil como signatarias, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

En febrero de 2021, la empresa una empresa llamada Global Oil Environmental Services Inc (GOES)  solicitó un permiso para construir y operar una instalación de gestión de residuos provenientes de exploración y producción de petróleo y gas.  La Agencia de Protección Ambiental (EPA) decidió que no se requería una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para ese proyecto y emitió el permiso en agosto de 2021 . En julio de 2023, GOES solicitó y la EPA aprobó la transferencia del permiso a Professional Waste Solutions Inc. (PWSI)

En el 2015, un agricultor peruano presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Essen, Alemania, contra la empresa de energía Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). El demandante alegó que la empresa contribuyó al cambio climático al emitir volúmenes sustanciales de gases de efecto invernadero, teniendo cierta responsabilidad en el derretimiento de los glaciares de montaña, cerca de la ciudad de Huaraz.

Organizaciones de derechos humanos y un grupo de expertos radican demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, el 24 de julio de 2023, al advertir que el artículo 57 de la Ley 99 era inconstitucional por déficit de protección constitucional al no incluir:  (i) la obligación de prevención y gestión ambiental al no incluir los efectos del cambio climático y (ii) la obligación de garantizar la protección frente a las afectaciones a los derechos humanos. 

Partidos políticos presentaron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) en contra de la Unión, dado que no ha adoptado medidas urgentes destinadas a combatir eficazmente la deforestación en Amazonía legal y la emergencia climática.

Partidos políticos interpusieron una Alegación de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF, por sus siglas en portugués) ante el Supremo Tribunal Federal a través de la cual demandaron la "No operación del Fondo de Cambio Climático", por parte del Gobierno Federal (la Unión).

Se trata de una Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF), interpuesta por cuatro partidos políticos con solicitud de medida cautelar. El propósito de la acción fue reactivar el proceso sancionador ambiental federal, que según los demandantes había sido paralizado por actos del Gobierno Federal. Los partidos alegaron que el Ejecutivo venía desmontando el sistema nacional de protección ambiental, lo que se reflejaba en el aumento de la deforestación y de los incendios en la Amazonía y el Pantanal, alcanzando incluso tierras indígenas.

La acción judicial impugna una medida provisional de 2021 que prevé la concesión automática de licencia ambiental para empresas de riesgo medio, impidiendo que los órganos de licenciamiento soliciten información adicional a la transmitida por el solicitante en el sistema de la Red Nacional para la Simplificación del Registro y de la Legalización de Empresas y Negocios (Redesim).

Esta Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) fue presentada por el partido Rede Sustentabilidade contra las Resoluciones CONAMA 500/2020 y 499/2020. La primera derogó normas que regulaban el licenciamiento de la irrigación y definían Áreas de Preservación Permanente (APP) en embalses, manglares y restingas; la segunda modificó el licenciamiento para quema de residuos en hornos rotativos.

Esta Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) fue promovida por el partido Rede Sustentabilidade (Rede) contra la omisión del Presidente Jair Messias Bolsonaro y del Ministro del Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, en la tarea de combatir la pérdida de biomasa en la Amazonía. El partido argumentó que los demandados no cumplieron con los artículos 23 y 225 de la Constitución Federal, lo que se evidenció con la creciente deforestación que sufre el Amazonas desde 2019.