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Seis jóvenes de Portugal demandan a 32 países europeos por inacción climática

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incendios en portugal floresta en llamas

 

El 27 de septiembre, seis jóvenes de Portugal, de entre 11 y 24 años, demandaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo a 32 Estados de la Unión Europea —los 27 que conforman la Unión Europea más Turquía, Rusia, Reino Unido, Noruega y Suiza— por no actuar adecuadamente para enfrentar la crisis climática, lo que significa una vulneración a sus derechos humanos.

 

El detonante fueron los incendios que azotaron Portugal en 2017, un hecho que las y los jóvenes demandantes sufrieron de cerca. Esto les llevó a interponer una acción judicial por la falta de acción política respecto del control de emisiones de gases de efecto invernadero, que llevan a más incendios y otros desastres asociadas al clima cambiante. 

 

El objetivo es conseguir una sentencia vinculante del Tribunal que obligue a los Estados a tomar medidas concretas hacia la transición energética, frenando así el exceso de dióxido de carbono (CO2) que genera la economía actual y que pone en peligro la vida humana en el planeta.

 

Más información: 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/jovenes-portugueses-demandan-tribunal-derechos-humanos-cambio-climatico/

 

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El PNUMA lanza su Informe Mundial de Litigios Climáticos 2023

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PNUMA report litigio climatico plataforma america latina

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó el Informe Mundial sobre Litigios Climáticos: Revisión de la Situación 2023, una actualización de los informes presentados en 2017 y 2020. La publicación ofrece una visión general del estado actual de los litigios climáticos y da cuenta de las tendencias mundiales al respecto, incluyendo las cuestiones clave a las que se han enfrentado los tribunales en el desarrollo de los casos.

 

Del informe se desprende que los litigios climáticos se han duplicado en los últimos años. Para su primer informe (2017), el PNUMA analizó 884 casos y para el de 2023 examinó 1.550. Esto muestra que este tipo de litigio se está convirtiéndo en en una herramienta clave y cada vez más recurrida para combatir la crisis climática. Los niños, niñas, jóvenes, grupos de mujeres, las comunidades locales y los pueblos indígenas —entre otros actores— son quienes están asumiendo un liderazgo en la presentación de estas acciones.

 

Revisa el informe completo aquí (en inglés)   

 

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Presentan el primer litigio climático en Australia

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pueblo originario australia en el mar

 

El aumento del nivel del mar, las inundaciones y tormentas severas en el Estrecho de Torres llevaron a dos residentes de las islas Boigu y Saibai en Australia a recurrir a los tribunales para proteger a sus comunidades del cambio climático. Los demandantes alegan que sus hogares podrían desaparecer ante el aumento del nivel del mar convirtiendo a quienes habitan las islas en los primeros refugiados climáticos del país. 

 

Estas comunidades, así como su cultura, están en riesgo de desaparecer ya que se ubican en zonas extremadamente bajas. Según datos científicos, el nivel del mar está avanzando en el Estrecho de Torres, que separa Australia de Nueva Guinea, a un ritmo dos veces superior al de la medida mundial. “Convertirse en refugiados climáticos significa perderlo todo: nuestros hogares, nuestra cultura, nuestras historias y nuestra identidad. Si nos quitan eso, no sabemos quiénes somos. Tenemos la responsabilidad cultural de asegurar que eso no ocurra y de proteger del cambio climático al país, a nuestras comunidades, cultura y espiritualidad ", dijo Paul Kabai, uno de los demandantes.

 

Enlaces a mayor información en: https://australianclimatecase.org.au/ y

https://www.sbs.com.au/language/spanish/es/article/por-que-los-islenos-del-estrecho-de-torres-presentan-una-demanda-contra-el-gobierno-australiano/uhvme13jo

 

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Retroceso: Intentan etiquetar al gas como sostenible en Europa y México

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chaminea soltando gases fosiles

 

En la Unión Europea se pretende aplicar una taxonomía que clasifica a las actividades relacionadas con energía nuclear y gas fósil como actividades económicas ambientales sostenibles. En México, el Acuerdo A/018/2023 de la Comisión Reguladora de Energía busca considerar como energía limpia una fracción de la generación eléctrica de las centrales de ciclo combinado a base de gas fósil. 

 

Organizaciones ambientales han empezado a presentar litigios contra estas regulaciones pues contradicen la “urgencia” de transitar a energías  renovables y limpias para frenar la crisis climática. Darle una etiqueta sostenible al gas fósil es una medida regresiva y contraria a lo que establece el Acuerdo de París. El uso de este combustible fósil libera altas cantidades de dióxido de carbono y de metano. La implementación de normativas que promueven el gas amenaza con agravar la crisis climática. 

 

Más información en: Taxonomía de la UE: Acto Delegado Complementario sobre el Clima para acelerar la descarbonización (europa.eu)

Austria recurre que la nuclear y el gas sean inversiones 'verdes' (rtve.es)

 

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Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido

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imagen de polucion del aire chaminea litigio climatico america latina

 

Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA.

 

La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos.

 

Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. 

 

Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.

 

Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática.

 

AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. 

 

La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos.

 

Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. 

 

El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as.

 

El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. 

 

El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones.

 

Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan.

 

La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables.

 

A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. 

 

Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. 

 

Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. 

 

El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. 

 

Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte al mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo.

 

Autora: Marcela Morales Gutiérrez, abogada litigante mexicana, asesora externa de AIDA y colaboradora de la PLC.

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Salió el 5º informe de tendencias mundiales en litigio climático del Graham Institute

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imagen graham institute

 

Todos los años, el Graham Research Institute on Climate Change and the Environment, de la London School of Economics, publica un informe que revisa las tendencias mundiales en litigio climático. La fuente principal del informe son las bases de datos de litigio climático a nivel mundial que mantiene el Centro Sabin para el Derecho sobre Cambio Climático, aliado de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe. 

 

Esta quinta versión del informe cubre lo ocurrido entre mayo de 2022 y mayo de 2023. Incluye una actualización del número de casos presentados y sus categorías, una revisión temática de los casos más recientes y una discusión acerca de las áreas de política climática que probablemente estarán sujetas a controversia legal en los próximos meses y años.

 

Revisa el informe completo aquí (en inglés)

 

Revisa un resumen de los principales hallazgos aquí (en inglés)

 

Estas son las tendencias clave identificadas en el informe: 

 

> La base de datos del Centro Sabin ya cuenta con 2.341 casos, 190 de los cuales fueron presentados en los últimos 12 meses. La tasa de crecimiento en los casos parece estar desacelerándose, pero su diversidad sigue expandiéndose. Los casos contra actores corporativos han aumentado.

> En el último año, se identificaron casos en siete países en los que antes no había: Bulgaria, China, Finlandia, Rumania, Rusia, Tailandia y Turquía. En total, más de 130 casos se presentaron en el Sur Global. 

> Más del 50% de los casos obtienen resultados judiciales directos favorables a la acción climática. Además, los casos también tienen impactos indirectos significativos en la toma de decisiones sobre el cambio climático, más allá de los tribunales. Muchos casos aún están abiertos y podrían traer más consecuencias positivas.

> A nivel internacional, se presentaron tres solicitudes para opiniones consultivas en tribunales internacionales en los últimos 12 meses. Y también existen litigios pendientes ante organismos regionales.

> Las protecciones legales nacionales (por ejemplo, para el derecho a un ambiente sano), junto con la legislación climática nacional, juegan un papel fundamental en los casos contra los gobiernos.

> El litigio estratégico parece ir en aumento, con estrategias reconocibles en diferentes jurisdicciones. La mayoría de los casos registrados buscan resultados “alineados con el clima”, pero los litigios no alineados con el clima (por ejemplo, los que buscan limitar las salvaguardas ambientales y sociales para inversiones) están aumentando, sobre todo en EE. UU.

> Fuera de EE. UU., se ha identificado un aumento de los casos contra gobiernos y corporaciones que cuestionan la implementación y ambición de la política climática. También han aumentado los casos de “lavado climático” que desafían supuestas afirmaciones y compromisos ecológicos. Algunos casos están cuestionando la desinformación, muchos basados en la ley de protección al consumidor.

> La variedad de los argumentos legales empleados en casos corporativos se está complejizando, con solicitudes que combinan reparación por pérdidas pasadas y presentes, contribuciones a costos futuros de adaptación y solicitudes para que los tribunales ordenen a empresas alinear sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París. 

> Los litigios relacionados con decisiones de inversión están aumentando. Aunque hasta ahora los tribunales han sido reacios a ser demasiado prescriptivos, el litigio ha contribuido a esclarecer los parámetros dentro de los cuales se deben tomar las decisiones de inversión.

> Hoy en día es más probable que las actividades intensivas en emisiones se enfrenten a desafíos en diferentes puntos de su ciclo de vida, desde el financiamiento inicial hasta la aprobación final de los proyectos. Esto incluye la expansión de proyectos de combustibles fósiles y prácticas agrícolas que agravan la deforestación.

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Los dilemas de la transición energética: ¿Qué significa que sea justa? ¿Qué rol juega el litigio?

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Energia eolica plataforma de litigio climatico america latina

 

La humanidad tiene una tarea urgente por delante: transformar los sistemas energéticos para generar energía sin seguir atiborrando la atmósfera de gases y contaminantes que la calientan. Es un hecho comprobado por la ciencia. De no hacerlo, nuestro planeta ya no será un albergue seguro para la humanidad ni para muchas otras especies. 

 

El problema es que la necesaria transición está muy lejos de ser simple. Además de lo difícil que resulta cortar la dependencia en los combustibles fósiles que nos han dominado por siglos, resulta que no cualquier transición sirve. No se trata solo de dejar de quemar dichos combustibles, sino que debemos considerar muchos otros factores, incluso más allá de lo energético, para salir de un modelo de desarrollo que por siglos ha estado separando a la humanidad entre ganadores y perdedores, vulnerando además los derechos humanos. 

 

¿Qué es entonces la transición Justa?

 

No existe actualmente un concepto único sobre lo que significa que la transición energética sea justa. En AIDA consideramos que, para ser justa, la transición debe ser equitativa e inclusiva y reconocer que los impactos del cambio climático y de la necesaria transición no se distribuyen de manera uniforme. Así, ciertos grupos —como quienes trabajan en los sectores energéticos tradicionales y/o las comunidades marginadas— pueden verse afectados desproporcionadamente.

 

Para vislumbrar el problema, vale la pena entender que la humanidad sufre hoy varias crisis —todas interconectadas— que afectan la vida y bienestar de las personas, sobre todo de quienes se encuentran en condiciones más vulnerables. La emergencia climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, las pandemias globales y las crisis democráticas son algunas de ellas. Y en el centro de todo está la desigualdad social, esa brecha cada vez mayor entre ricos y pobres que genera disparidades en todos los aspectos, incluyendo el acceso a la salud, a la educación y a las oportunidades económicas.

 

Estas crisis están interconectadas y se refuerzan mutuamente. Las respuestas a una pueden contribuir a resolver otras, pero también pueden agravarlas.

 

Por ejemplo, cuando la transición a fuentes de energía limpia no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también reduce la contaminación del aire y mejora la salud pública, estamos resolviendo dos problemáticas en una. Un ejemplo en el sentido contrario ocurre cuando una transición rápida y sin control a la movilidad eléctrica resulta en la extracción agresiva de minerales raros como el litio, que proviene de ecosistemas frágiles de los que dependen comunidades locales.

 

Entonces, ¿por dónde empezamos?

 

Para asegurar una transición justa debemos guiarnos por los principios de justicia, equidad e inclusión, así como garantizar que las poblaciones en condiciones más vulnerables no se vean afectadas desproporcionadamente. 

 

Ya lo decía Naomi Klein en su libro Esto lo Cambia Todo: para abordar la crisis climática debemos entender que el cambio climático no es solo un problema ambiental, sino también de derechos humanos. La transición energética justa requiere no solo terminar con la quema de combustibles fósiles, sino también abordar la desigualdad económica, incluir la perspectiva de género, fortalecer las redes de seguridad social, proteger los derechos de los/as trabajadores/as, respetar los derechos de los pueblos indígenas, empoderar a las comunidades para que participen en las decisiones que afectan sus vidas, así como reparar a quienes han sido afectados por el actual modelo económico y energético.

 

¿Y qué rol puede jugar el litigio?

 

El litigio ya se está moviendo al ritmo de los dilemas de la transición energética. Así, hemos visto un aumento en los juicios que parecieran ir en contra de la transición energética, tales como demandas que impugnan proyectos de generación de energía renovable o regulaciones en favor de la transición, o que obstaculizan la transición de cualquier otra forma. Pero, ¿se puede decir que siempre son litigios “regresivos”? 

 

Un juicio para impugnar el permiso ambiental de un emprendimiento de generación eólica podría estar bloqueando la transición, pero no es necesariamente regresivo. Si se trata, por ejemplo, de un megaproyecto, a cargo de una empresa transnacional que exportará toda la energía generada sin beneficiar a las comunidades locales, y si además pretende emplazarse en tierras indígenas sin participación local, entonces se trata de un proyecto orientado a una “transición injusta” que no nos sirve porque refuerza el mismo modelo, aquel nos tiene tan mal encaminados. 

 

A este tipo de casos se refiere el informe Litigio por la Transición Justa en América Latina, publicado en enero de 2023 por el Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia, traducido al español por AIDA. 

 

El informe cuestiona el propósito del litigio por la transición justa, preguntándose si fomenta o por el contrario obstruye una transición energética y resiliente al clima. Al respecto, sus autores/as concluyen que los litigios de este tipo no pueden calificarse del todo como regresivos o no regresivos en relación con la transición. Como tal, consideran que el litigio por la transición justa debe verse y entenderse como una nueva categoría de litigio climático, con fundamentos propios y diversos. 

 

El tema permite reflexionar en torno a la complejidad de la tan anhelada transición. Ante este tipo de dilemas, en AIDA optamos generalmente por analizar cada caso, sin casarnos con una postura dogmática. Pero una constante y, en ese sentido, un valioso punto de partida es que todo lo que se lleve adelante en favor de la transición energética —sean proyectos, políticas o acciones— debe tener un enfoque fuerte y decisivo en el ambiente, los derechos humanos y de género. Sin eso no hay justicia; y sin justicia no hay remedio ni solución. 

 

Entonces creemos que el litigio sí tiene un rol, no solo en que la transición se lleve a cabo, sino también en que sea justa. 

 

La imperiosa necesidad de cambiar nuestros sistemas energéticos es también una oportunidad de construir un nuevo sistema que, a diferencia del que hoy reina, nos una y sea para todas las personas y seres vivos del planeta. 

 

Seguiremos entonces usando la herramienta del litigio para impugnar intentos de transición que busquen enfrascarnos en más de lo mismo.

 

Por Florencia Ortúzar Greene - Abogada Senior del Programa de Clima de AIDA (Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente)

 

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Tribunal mexicano cumple a medias con el Acuerdo de Escazú

Alerta
escazu

 

El 15 de diciembre de 2022, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México), tribunal de segunda instancia, falló en favor del gobierno mexicano, en el caso ONG vs. gobierno por falta de ambición en la actualización de las NDC de México. La sentencia es, a la vez, congruente e incongruente con el Acuerdo de Escazú.

En lo congruente, el tribunal aplicó un criterio amplio de legitimación activa al resolver que la defensa del derecho al ambiente sano puede ser promovida por las organizaciones ambientales y no sólo por las personas físicas, con lo que reconoce la autoridad de Greenpeace para llevar el caso.

Sin embargo, negó el amparo solicitado al considerar que la parte demandante no aportó “los medios de convicción necesarios” para acreditar que la actualización de las NDC vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano. Lo anterior desconoce el Acuerdo de Escazú, que ordena a quienes administran justicia aplicar medidas como la inversión de la carga de la prueba, que traslada el deber de probar a la parte demandada.

Consultar la información completa y actualizada del caso aquí.

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Litigios climáticos para las generaciones futuras: Su interés legítimo en América Latina

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tribunal mexico

 

El calentamiento del planeta representa un futuro desalentador, especialmente para las generaciones que están por nacer o aún por experimentar la mayor parte de su vida. Esto ha motivado que niñas, niños y jóvenes alrededor del mundo acudan a las cortes para demandar a sus gobiernos por incumplir sus obligaciones para frenar la crisis climática. Actualmente, son demandantes en casi un tercio de los casos de litigio climático a nivel global

 

América Latina no es ajena a la tendencia mundial. En Colombia y Ecuador, estos sectores de la población han demandado exitosamente la atención de sus respectivos gobiernos. En Argentina, Perú y México, casos similares aguardan resolución. 

 

Pese a la diversidad de contextos jurídicos nacionales, un aspecto común en los casos es la determinación de la legitimación activa como un obstáculo a sortear para que los tribunales contribuyan a garantizar un clima estable a las generaciones futuras.

 

A continuación exploraremos las tensiones en torno a la determinación del interés legítimo tomando el caso Juventudes vs. Gobierno de México por una política sustentable en el sector eléctrico, uno de los primeros en ese país en los que la niñez y la juventud llevó su preocupación acerca de la crisis climática ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el caso Jóvenes vs. Colombia por la deforestación en la Amazonía, que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de Colombia. 

 

Juventudes vs. Gobierno de México

 

En marzo de 2021, más de 200 niñas, niños y jóvenes presentaron una demanda de amparo indirecto (acción de protección constitucional en México) en contra de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Solicitaron al Juzgado de Distrito la suspensión de estas modificaciones pues, alegaron, promueven el uso de combustibles fósiles, agravando la crisis climática y el deterioro de la salud. Sin embargo, el tribunal desechó la demanda por considerar que la parte demandante carecía de interés legítimo. No reconoció para las y los demandantes un “agravio diferenciado” al resto de la población al considerar que los efectos negativos de la degradación ambiental repercuten en “colectivos que no son identificables”.

 

En consecuencia, en abril de ese año, las personas demandantes interpusieron un recurso de queja ante un tribunal colegiado. Su argumento fue que el interés legítimo debe analizarse a la luz de los principios que rigen la materia ambiental, como el precautorio y el de equidad intergeneracional. Luego, en mayo, solicitaron a la SCJN atender el recurso. Entre otras cuestiones, requirieron al máximo tribunal resolver el alcance del interés legítimo de los niños, niñas y jóvenes en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman normas generales que afectan el ambiente y la mitigación del cambio climático; y si las y los jóvenes se encuentran en una situación especial cuando se reclama una violación al derecho humano al medio ambiente sano.

 

En junio de 2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte decidió conocer del caso. Y el 7 de diciembre del año pasado resolvió que el recurso de queja presentado era infundado. Así, confirmó —con tres votos a favor y dos en contra— el acuerdo que desechó la demanda de amparo. El proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán consideró que las y los jóvenes demandantes no eran destinatarios “directos” de las normas impugnadas relacionadas con la distribución de energía eléctrica, dado que no se constituyen como vendedores ni compradores de esta. Además, no se les ubicó en una situación jurídicamente relevante con respecto al resto de la sociedad: la Corte consideró que su argumento de ser especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, agravado por la norma, no se relaciona con una causa directa de afectación, sino con una situación abstracta y genérica.

 

La SCJN determinó que el derecho al medio ambiente sano no otorga una protección especial a las generaciones jóvenes, ya que —según la Segunda Sala— dicho derecho beneficia tanto a las generaciones actuales “sin exclusiones o distinciones” como a las futuras.

 

En su voto particular, el ministro Javier Laynez Potisek expresó su desacuerdo con esta resolución. Argumentó que lo apropiado hubiera sido revocar el acuerdo del juzgado de distrito y permitir que se estudiara en sentencia si las y los jóvenes tenían o no interés legítimo. Laynez Potisek consideró que las pretensiones de las y los demandantes estaban vinculadas con la lucha contra el cambio climático, un problema con características “distintas” a los previamente analizados por el máximo tribunal en materia ambiental.

 

Jóvenes vs. Colombia

En el que fue el primer litigio sobre generaciones futuras y crisis climática en América Latina. 25 jóvenes de diversos departamentos de Colombia —apoyados por la organización Dejusticia— presentaron en enero de 2018 una tutela (acción de protección constitucional) contra el gobierno nacional por faltar a su compromiso de proteger la Amazonía. 

 

De forma similar al caso en México, las y los demandantes apelaron a los principios de precaución y equidad intergeneracional para solicitar el cese de la deforestación. No obstante, esta acción fue desestimada en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá al considerar que, un interés colectivo, como la mitigación del cambio climático, no podría ser salvaguardado por vía de tutela (ya que el alcance de ésta se restringe a la protección de derechos individuales). 

 

Las personas demandantes impugnaron el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que resolvió a su favor ordenando al gobierno implementar un pacto intergeneracional para reducir la deforestación de la Amazonía. La Corte determinó que el interés colectivo de las y los jóvenes de proteger la selva amazónica tenía “estrecha vinculación” con sus derechos individuales, como la vida y la salud. Hizo visible este vínculo a la luz de los principios de precaución y equidad intergeneracional. 

 

La necesidad de un interés legítimo amplio

Los casos expuestos muestran que la protección de los derechos de las generaciones futuras ante la crisis climática no escapa de las complejidades procesales. Si bien actualmente se han extraído principios claves como el de precaución y el de equidad intergeneracional para atender la temporalidad de los daños ambientales, la crisis climática demanda mecanismos jurisdiccionales que permitan aplicarlos al alcance y urgencia de la problemática. Reconocer un interés legítimo amplio es el primer paso para enfrentarla, tal y como lo reconoce el artículo 8.3 del Acuerdo de Escazú. 

 

Una legitimación activa amplia no sugiere que las cortes se sustraigan de ponderar los aspectos sociales, económicos y políticos de fondo inherentes a la crisis climática. Se trata más bien de que admitan adentrarse al estudio de la materia, como lo refleja el caso de Colombia y como lo expresa el ministro Laynez Potisek de la SCJN en México en su voto particular. En ese sentido, el ministro considera que incluso existe un riesgo en sostener la inadmisibilidad de las demandas de amparo en casos que involucren a juventudes ya que esto podría eliminar por completo la oportunidad de que este sector, especialmente vulnerable, recurra a mecanismos legales para desafiar cualquier medida que agrave el cambio climático.

 

Solo sorteando barreras procesales que parecen incompatibles con la urgencia y alcance del reto es que el ámbito judicial podrá adoptar un papel constructivo en asegurar un clima estable para las generaciones futuras.

 

 

Autoras/es: 

Thalia Viveros Uehara, Relatora de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, jurisdicción México.

Aranza  Montero Guizar,  Relatora de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, jurisdicción México.

Daniel Iglesias Márquez,  Relator de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, jurisdicción México.

 

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2023 será un año decisivo para los litigios de cambio climático en el mundo

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the wave

 

Un análisis publicado a comienzos de año en The Wave, boletín especializado en litigio climático y justicia climática, señala que 2023 será crucial para el litigio climático a nivel mundial debido a la gran cantidad de casos importantes que irán a juicio o en los que una sentencia verá la luz. La publicación hace un recuento que incluye casos en Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Sudáfrica, Uganda, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y China, entre otros países; así como casos de alcance regional en Europa y África.

 

En estos litigios, la parte demandada son gobiernos y también empresas privadas. En América Latina, región que ha sido pionera por sus “aproximaciones innovadoras” al litigio climático, el análisis da cuenta que los litigios aumentarán y mejorarán. La tendencia prevista para este año en el mundo viene luego de que en 2022 tribunales de todo el mundo emitieron fallos que frenaron centrales eléctricas contaminantes y denunciaron violaciones de derechos humanos derivadas de la crisis climática.

 

MÁS INFORMACIÓN (en inglés): https://www.the-wave.net/climate-litigation-watershed-year/

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